La acción judicial, presentada el 1 de octubre, cuestiona una serie de préstamos, cesiones de créditos y aumentos de capital que, según la parte querellante, terminaron reduciendo drásticamente la participación de Contreras en la compañía. La admisibilidad permite la tramitación de la acción, pero no acredita los hechos denunciados ni establece responsabilidades, materias que deberán determinarse durante la investigación.

En la querella, Contreras explicó que desde 2016 desarrolló proyectos sanitarios y de desalinización en Antofagasta, época en la que poseía el 100% de la propiedad de Aguas del Desierto. Según el documento, en 2022 se incorporaron los nuevos inversionistas Chellew y Mosso, lo que contemplaba una distribución del 60% para el grupo entrante y un 40% para el fundador.

Posteriormente, Contreras aparece con una participación de 14,2857% sobre una base de 700 acciones suscritas y pagadas. Y tras una operación realizada en 2025, su participación habría descendido hasta 0,043245%, mientras Truro y Llonquén -sociedades de Chellew y Mosso- habrían pasado a concentrar conjuntamente el 99,952431% de la propiedad.

“Gustavo Contreras comenzó con el 100% de Aguas del Desierto. Nuestra querella busca esclarecer cómo terminó con apenas un 0,043245% y quiénes se beneficiaron de esa pérdida de participación”, señalan los abogados de Contreras, Patricio Silva-Riesco y Pablo Araya.

Uno de los principales focos de la acción judicial es un aumento de capital aprobado el 29 de septiembre de 2025, que contempló la emisión de 230.543 nuevas acciones a un precio de $145.857 cada una. De acuerdo a la presentación, estas acciones podían ser pagadas mediante la capitalización y cesión de créditos contra Aguas del Desierto y Cramsa, proyecto que busca desalinizar agua del mar para la población en Antofagasta.

Contreras, a través de su representante, votó en contra de la operación. La querella sostiene que no habría recibido oportunamente todos los antecedentes necesarios para evaluar el origen, vigencia y valor de las acreencias utilizadas en la operación.

Según el escrito, la acción imputa eventuales acuerdos abusivos y entrega de información falsa sobre aspectos relevantes de la sociedad, figuras contempladas en los artículos 134 bis y 134 de la Ley de Sociedades Anónimas. Estas imputaciones deberán ser acreditadas durante la investigación penal.

Descargos

Contactada la defensa de ambos inversionistas querellados su abogado Gonzalo Medina respondió a Pulso: “En relación con la querella presentada por el señor Gustavo Contreras Romo (accionistaminoritario y exejecutivo de la empresa) en contra de los actuales accionistas controladores del proyecto Aguas Marítimas, el directorio de su matriz Aguas del Desierto, informa a la opinión pública, que tales materias serán abordadas en las sedes judiciales que correspondan. Aguas del Desierto seguirá impulsando sin distracciones el desarrollo y concreción del proyecto Aguas Marítimas, para beneficio de la segunda región de Chile”

Proyectos

La controversia adquiere una dimensión mayor por los activos y proyectos vinculados a las sociedades.

De acuerdo a los antecedentes de la presentación, Aguas Marítimas contempla una inversión de US$5.000 millones y una capacidad de producción de hasta 700.000 metros cúbicos diarios, mientras la inversión conjunta proyectada para las iniciativas sanitaria y de desalinización vinculadas al caso superaría los US$7.000 millones.

La iniciativa Aguas Marítimas, impulsado por Cramsa (controlada en un 91,9% por Aguas del Desierto), es el megaproyecto de desalinización de agua de mar más grande aprobado en Chile.

Estas cifras corresponden a inversiones proyectadas y no constituyen una valorización de Aguas del Desierto ni permiten establecer por sí solas un eventual perjuicio económico. Uno de los puntos que la parte querellante busca que sea objeto de peritaje es el valor de las participaciones, considerando permisos, flujos esperados, inversiones pendientes, deudas, financiamiento y riesgos de los proyectos.

Los estados financieros públicos de Cramsa correspondientes a 2025 informan pérdidas acumuladas por aproximadamente $35.402 millones y un patrimonio negativo de $7.367 millones, junto con operaciones de cesión de saldos y capitalización de deudas.

La presentación también solicita examinar el tratamiento de los créditos involucrados en las distintas operaciones. La parte querellante plantea que debería reconstruirse el recorrido de cada acreencia, desde su desembolso original hasta su eventual cesión, reconocimiento, pago o capitalización, para establecer si existieron duplicidades o efectos tributarios improcedentes.

“Buscamos establecer si una misma acreencia fue utilizada más de una vez para obtener acciones o producir efectos tributarios improcedentes”, plantean los abogados.