A más de cinco años de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ingresara su requerimiento, este miércoles se realizaron los alegatos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por el caso de colusión en el mercado del transporte de valores. La acusación apunta a las tres principales firmas del rubro, Brink’s, Prosegur y Loomis, y a un grupo de sus ejecutivos, por haber acordado tarifas entre 2017 y 2018.

El jefe de la División de Litigios de la FNE, Víctor Santelices, destacó la colaboración de Marcela Ferrada, exdirectora comercial de Brink’s, beneficiada con delación compensada.

Santelices expuso que los ejecutivos utilizaban correos personales y planillas Excel, citando el ejemplo de un archivo elaborado por el entonces gerente general de Brink’s, Alberto Bálsamo, para coordinar los precios que ofrecerían a sus clientes. Dichos documentos, según detalló Santelices, eran guardados en un pendrive encriptado cuya clave de acceso requirió la colaboración del FBI para ser descifrada.

En su requerimiento, la Fiscalía pidió al TDLC sanciones a beneficio fiscal que totalizan 81.585 Unidades Tributarias Anuales (UTA), unos US$ 63,4 millones.

Las mayores multas fueron solicitadas para Brink’s, por 39.325 UTA, correspondientes a US$ 30,5 millones, y para Prosegur, por 33.253 UTA, equivalentes a US$ 25,8 millones. Estos montos son las multas individuales más altas que haya pedido la FNE en casos de colusión.

El caso cobra relevancia, ya que de conseguir sentencias condenatorias, este sería el segundo caso en el que la FNE quedaría facultada para presentar una querella en contra de los sancionados. Y de hacerlo, sería la primera vez. Esto, luego de la última modificación del DL 211, bajo la segunda administración de Michelle Bachelet.

Para Loomis, la FNE solicitó una sanción económica de 8.314 UTA, que corresponde a US$ 6,4 millones.

En el caso de los ejecutivos, el requerimiento pide sancionar a los gerentes generales de las tres empresas de transportes de valores en Chile: Alberto Bálsamo (Brink’s), con 149 UTA (US$ 115 mil); Marco Malverde (Prosegur), con 134 UTA (US$ 104 mil); y Cristián Catalán (Loomis), con 114 UTA (US$ 88 mil).

Asimismo, y pese a encontrarse radicados en el exterior, la acusación también se dirige contra los jefes regionales que tenían a su cargo Chile y otros países de Latinoamérica: Martín Matos, director general Latam Sur de Prosegur, para quien se pidió una sanción económica de 174 UTA (US$ 135 mil) y Rui Sanches, Cluster President Portugal y Latam de Loomis, con un monto de 122 UTA (US$ 94 mil).

Frente a las alegaciones de la Fiscalía, las empresas requeridas cuestionaron la investigación y solicitaron el rechazo del requerimiento con costas, o bien, en subsidio, una rebaja sustancial de las multas. Todos coincidieron en que las sanciones eran desproporcionadas.

Brinks

Brinks -representado por el abogado José Joaquín Ugarte- lanzó duros reproches a la FNE.

Su defensa señaló que la FNE, al no poder probar la fijación de precios, intentó cambiar su argumento hacia un supuesto acuerdo sobre “condiciones de comercialización” o “intercambio de información”.

La empresa de capitales estadounidense calificó como “sonrojante” que la Fiscalía intente sostener o vincular ciertos hechos de la causa invocando la palabra “intuición” sobre uno de los ejecutivos involucrados, por no contar con pruebas reales. Esto, en alusión a la conversación que tuvieron vía WhatsApp Marco Malverde Muñoz, exgerente general de Prosegur Cash, y Martín Matos Pardo, director general Latam Sur de Prosegur Cash y en la que se referirían como “intuición” a Alberto Bálsamo.

El abogado denunció que la multa de 39.000 UTA solicitada por la FNE “tiene múltiples errores y hasta horrores metodológicos”.

Prosegur

La abogada Nicole Nehme asumió la representación de Prosegur ante el TDLC. En su alegato, denunció que la FNE tomó declaración a 10 testigos de la banca durante su investigación administrativa y la mayoría negó la conducta, los efectos o el haber sufrido daños.

“La delación compensada de la señora Ferrada adoleció de diversos vicios y, en virtud de ellos, dado que esas medidas intrusivas se autorizaron en gran medida por la existencia de dicha delación, la anulación de dicha delación afectaría a las medidas intrusivas y todo lo que viene después es la lógica de la teoría del árbol envenenado”, manifestó.

“Quiero decir, honorable tribunal, con mucha responsabilidad, si se lee el expediente de la fiscalía, el nivel de inducción de las preguntas es, por decirlo menos, sorprendente”, cerró.

Loomis

Mientras, la abogada de Loomis, Vanessa Facuse, sostuvo que “durante todo 2018, Loomis no hizo lo que la FNE acusa y con todo creció en los servicios más importantes. Prosegur -y ya lo hizo en estrado- disminuyó su participación de mercado”.

Su defensa cuestionó ante los magistrados por qué la FNE omitió el mensaje en el que dos altos ejecutivos de la competencia afirman que deben aplicar “otra estrategia con este muchacho”, en referencia al gerente general de Loomis, Cristián Catalán.

“Loomis no participó en el acuerdo imputado”, insistió su abogada.

Ejecutivos

El abogado José Miguel Morales, en representación de Alberto Bálsamo, también fustigó a la FNE. Indicó que la FNE no probó la existencia, forma, precios específicos, ubicación geográfica, períodos ni líneas de negocio de un supuesto acuerdo de fijación de precios.

Por su parte, Julio Pellegrini, abogado de Marco Malverde, exgerente general de Prosegur Cash, criticó la investigación. “La Fiscalía no ha presentado pruebas reales o concretas que den cuenta de la fijación de precios. Sólo se basa en la selección de comunicaciones específicas que saca de contexto y les atribuye un sentido y una intencionalidad que no tuvieron”.

Finalmente, durante su alegato, el abogado Pedro Rencoret, en representación del director regional de LATAM Sur de Prosegur Global, Martín Matos, enfatizó la falta de fundamento de la acusación: “En ausencia de prueba directa, cuando la Fiscalía intenta fundar su caso en indicios, su hipótesis acusatoria resulta absolutamente irracional. La Fiscalía no se hace cargo de explicar por qué alguien con 30 años de trayectoria impecable se arriesgaría a incurrir en un acuerdo de precios en el mercado más pequeño, sin tener incentivo alguno”.