La mañana de este viernes la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, presentó el proyecto de ley de resguardo contra la explotación sexual de niños en residencias, iniciativa que busca entregar herramientas legales a los directores de esos espacios para actuar ante amenazas graves.

La presentación del proyecto se da en medio de la polémica que envuelve al gobierno luego que el ministro de Justicia Fernando Rabat rebajara la condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Tras varios reproches, el Ministerio de Justicia definió suspender temporalmente la tramitación de este tipo de decretos.

En ese contexto, la ministra Wulf aseguró que el gobierno “lo que ha estado haciendo es trabajar por la protección de los niños”.

En ese sentido, planteó que con este proyecto se busca dar “seguridades de que las niñas que se encuentran en residencias van a poder estar mejor, y espero que podamos tener un debate a la altura, de forma de que podamos aumentar la protección de los niños de nuestro país”.

El proyecto

En detalle, la iniciativa entrega herramientas legales a los directores de residencias para actuar ante amenazas graves, con “medidas excepcionales, temporales y fiscalizadas”.

En concreto, se busca entregar respaldo legal a los equipos para intervenir oportunamente ante adultos y redes criminales que captan, amenazan o explotan a quienes están bajo su cuidado.

El proyecto contempla facultades para los directores de residencias, tanto de administración directa como de colaboradores acreditados. Estas abarcan desde medidas frente al ingreso de terceros ajenos a los establecimientos hasta la reubicación, con autorización judicial, de un niño amenazado de muerte o víctima de explotación sexual.

El proyecto contempla medidas excepcionales sobre comunicaciones, horarios y salidas, “que solo podrán aplicarse cuando sean estrictamente necesarias ante un riesgo grave e inminente que no pueda evitarse por otros medios”, indica el ministerio.

En esa línea, el ministerio señaló que “estas medidas tendrán una duración de 30 días y podrán prorrogarse una sola vez por el mismo período. Si las circunstancias persisten, su continuidad requerirá autorización judicial. En ningún caso podrán utilizarse como castigo ni constituir tratos crueles o degradantes”.

Para los casos de niños amenazados de muerte o víctimas de explotación sexual, el proyecto contempla la reubicación en una residencia terapéutica o en una familia de acogida especializada, manteniendo la reserva de su ubicación. Eso sí, se aclaró que esta decisión requerirá siempre autorización judicial.

Además, la propuesta establece controles dentro y fuera del Servicio. En detalle, el ministerio explicó que el director regional podrá “revisar, suspender, modificar o terminar las medidas y deberá realizar visitas de supervisión”.