La excandidata presidencial y expresidenta de Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, fue detenida este jueves en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el financiamiento de campañas electorales y posibles delitos de lavado de dinero.

González fue candidata presidencial en 2023 y 2025, elecciones en las que perdió frente al actual presidente, Daniel Noboa.

La detención, confirmada por la Policía y denunciada por la dirección de su partido, la Revolución Ciudadana, se produjo a poco más de un mes de las elecciones locales del 29 de noviembre, en las que el movimiento del expresidente Rafael Correa no podrá participar tras ser suspendido por las autoridades electorales.

La Fiscalía informó que ejecutó tres órdenes de detención en Pichincha y Manabí como parte del caso conocido como Laberinto, que investiga a siete personas por presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, “debido a inconsistencias en los aportes y en el origen lícito de los recursos”.

Un registro del sistema de la institución, incluye como sospechosos a González, al exasambleísta Joseph Santiago Díaz Asque, a Estefanía Elizabeth Molina Freire y al excandidato presidencial, Andrés David Arauz Galarza.

En total, siete personas estarían bajo investigación y la Fiscalía anunció que formularía cargos contra las tres detenidas, pero la detención por sí sola no significa que ya exista una acusación probada ni una condena.

El artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona conductas relacionadas con bienes de origen ilícito: tenerlos, transferirlos, administrarlos o usarlos; ocultar su procedencia; prestar el nombre propio o de una empresa; y realizar operaciones para darles apariencia de licitud.

La Fiscalía explica que el propósito del lavado es presentar como legales bienes que provienen de actividades ilícitas.

En el caso Laberinto, indicó el diario El Comercio, la investigación se enfoca en el origen y manejo de recursos relacionados con una campaña electoral. Eso no significa que una inconsistencia contable, por sí sola, pruebe lavado de activos: corresponde a la Fiscalía reunir elementos sobre el origen de los fondos y las conductas que atribuye a cada persona.

La revisión de las cuentas de campaña de 2023 por parte de autoridades electorales es parte del contexto del caso. Según la información, se observaron gastos de publicidad no declarados por 174 930 dólares y aportes por 6 400 dólares sin la documentación de respaldo requerida.

El diario explicó que el caso Laberinto aparece en un contexto de otras indagaciones sobre el financiamiento de esa campaña. En enero de 2026, la Fiscalía realizó diligencias por el caso Caja Chica, que investigaba una presunta entrada de dinero en efectivo desde Venezuela. Conviene mantener separados ambos expedientes y no presentar como probado en Laberinto lo que se indaga en Caja Chica.

González negó anteriormente las acusaciones y sostuvo que su partido presentó ante las autoridades electorales los gastos de la campaña de 2023. También afirmó que la Fiscalía no tenía pruebas que respaldaran sus señalamientos. La investigación, por tanto, se encuentra en el terreno de las presuntas irregularidades y las acusaciones que deberán ser examinadas por la Justicia.

En marzo, el Tribunal Contencioso Electoral suspendió a Revolución Ciudadana a petición de la Fiscalía, una decisión que impide al movimiento participar en los comicios locales previstos para el 29 de noviembre. González intentó después inscribir su candidatura a la Prefectura de Manabí con el respaldo de Pachakutik, el partido vinculado al movimiento indígena ecuatoriano, pero no consiguió hacerlo, explicó la cadena France 24.

El correísmo sostiene que las actuaciones judiciales forman parte de una persecución política impulsada por el Gobierno de Noboa para apartarlo de la competencia electoral. El arresto de González añade tensión a la disputa política en Ecuador a pocas semanas de unas elecciones en las que su partido no podrá presentar candidaturas.

Tras conocerse la detención, Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana, y otros dirigentes del movimiento cuestionaron el procedimiento y denunciaron una supuesta persecución política. Rivadeneira sostuvo que los fondos de la campaña fueron reportados y que las sanciones electorales previas fueron pagadas.

El expresidente Rafael Correa fue uno de los primeros en pronunciarse. En X denunció que González fue apresada durante un operativo de la Fiscalía y la Policía Nacional.

“La candidata presidencial Luisa González ha sido detenida por el gobierno de Daniel Noboa Azín. Exigimos conocer su paradero y su libertad inmediata. Se consolida el régimen dictatorial”, señaló.

La asambleísta correísta Mónica Palacios también denunció una presunta persecución política y exigió respuestas sobre el paradero de González. Además, sostuvo que la detención se produjo después de que se le impidiera ser candidata a la Prefectura de Manabí.

El expresidente colombiano Gustavo Petro también se pronunció. Afirmó que González fue arrestada y escribió que en Ecuador se desarrolla “una verdadera dictadura”.

“El llamado escudo no es un escudo contra el narcotráfico sino un escudo contra la democracia”, apuntó.

También se manifestó el expresidente de Bolivia, Evo Morales, aliado del correísmo, quien expresó su solidaridad a González. “Cambian los pretextos, pero mantienen el objetivo: perseguir a quienes luchan por la soberanía para imponer gobiernos sometidos al imperio”, dijo el dirigente izquierdista.

El partido oficialista mexicano, Morena, denunció el presunto uso selectivo de la justicia como mecanismo de persecución política y señaló que estas prácticas buscan debilitar a dirigentes progresistas, desarticular movimientos sociales y limitar la participación electoral.

El partido también recordó el asalto a la embajada mexicana en Quito, ocurrido durante los gobiernos de Noboa y López Obrador en 2024, para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien estaba tramitando su solicitud de asilo político bajo el argumento de persecución en su país.