En 2015 el entonces ministro de Justicia José Antonio Gómez protagonizó un episodio que marcó un antes y un después en su relación con el Poder Judicial.

En aquella época Gómez enfrentó una fuerte crisis debido a la aplicación de la ley que creaba un sistema de reinserción social para las personas privadas de libertad.

En esa normativa, por aquellos años, se alojaba entre otras cosas la rebaja de condena. Dicho beneficio tenía como objetivo generar un incentivo para promover la buena conducta al interior de cárceles y, a largo plazo, incentivar la reinserición de los reos.

Cuando Gómez lideró Justicia, tal como lo establece dicha ley de forma expresa, siempre consideró que la rebaja de condena era un beneficio y no un derecho.

Pero además interpretó que para otorgar el beneficio la ley exigía condiciones copulativas. En total eran cuatro requisitos. El reo tenía que tener estudios para obtener un grado, también debía trabajar para obtener certificado de un oficio, estar en tratamiento médico por adiciones o impulso criminal y registrar buena conducta.

Los problemas del exministro Gómez no solo estuvieron en el tema de los requisitos, sino también en un choque entre las atribuciones entre la Comisión de Reducción de Condena y el rol del ministro de Justicia.

La pugna hizo que su camino se cruzara directamente con las Cortes de Apelaciones y la siempre poderosa Corte Suprema.

Las cortes comenzaron a interpretar en sus fallos que la decisión de reducir el tiempo de privación de libertad está radicada exclusivamente en la Comisión de Reducción de Condena y que al Ministerio de Justicia solo le corresponde ejecutarla. “Las cortes básicamente estaban diciendo que la comisión era soberana y eso era inaceptable”, recuerda Gómez en conversación con La Tercera.

Dicha jurisprudencia de la Suprema le parecía insólita. Pero sus diferencias con los tribunales superiores de justicia no solo quedó ahí ya que a su vez las cortes, en sus sentencias, establecían que la reducción de condena era un derecho y no un beneficio.

Además cuando sus asesores revisaban los casos puntuales, incluso se toparon con casos en que no se cumplían los requisitos copulativos de la ley.

“En mi rol de ministro de Justicia consideré que las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema estaban equivocadas y no dudé en plantearlo. A mi juicio estaban yendo contra la ley y por lo tanto no firmé cerca de 500 decretos de reducción de penas. En ese grupo venía de lo peor, homicidas, abusadores de niños, violadores. Yo no lo iba a hacer”, afirma Gómez quien recuerda el episodio casi una década después.

Esos casos derivaron en recursos de amparo y en todos ellos a Gómez le fue mal.

“Fue un proceso largo que demoró casi un año. Y las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema siempre fallaron favorablemente a los reos diciendo que esto era un derecho y no un beneficio como dice la ley. Yo, en representación de la autoridad administrativa, lo discutí hasta el final y no firmé los decretos porque los tribunales estaban interpretando mal la ley. No porque una corte diga que algo es blanco, es blanco. No porque hayan fallos reiterados, esa va a ser la verdad”, añade Gómez.

El exsecretario de Estado dice que no se arrepiente de su decisión y la volvería a repetir. “Me parece razonable dar discusiones en las cortes. A la larga, puede que sea lento, pero los tribunales suelen entrar en razón. En esa época estaba convencido de que la ley, que tenía un fin muy específico, estaba mal interpretada”.

La presión se elevó al máximo. Gómez recibió recados desde la Suprema de que se comentaba que querían abrirle un proceso por desacato. Los supremos se quejaron ante la entonces presidenta Michelle Bachelet. La guinda de la torta fue cuando la ONG Leasur llevó el caso hasta la Fiscalía.

Una denuncia que incluso fue celebrada por parlamentarios de la época. “Denuncia gravísima contra el ministro Gómez por prisión arbitraria a más de 500 presos”, posteó el exdiputado Gabriel Boric en su cuenta de X.

El entonces parlamentario, junto al exdiputado Giorgio Jackson, llegaron en 2015 hasta La Moneda, junto a Leasur, para entregar una carta denunciando los hechos. “El ministro Gómez actuó con prevaricación”, declaró Boric hace más de una década atrás.

La arremetida de la ONG derivó en que el Ministerio Público abriera una causa y Gómez se transformara en imputado. Los persecutores indagaron, pero obviamente la causa se cerró. “La Fiscalía concluyó que en mi actuar no hubo ninguna conducta que fuera un delito”, dice Gómez.

El episodio de Gómez refleja que la reducción de condenas siempre ha sido un fierro caliente al interior de Justicia. Por lo mismo el exsecretario de Estado valora la reacción que ha tenido el actual ministro Fernando Rabat.

“Sé lo que significa ser ministro y entiendo lo que debe haber pensado el ministro al ver los cientos de fallos de la Suprema. Por eso me parece bien la decisión política de Rabat de buscar con rapidez una solución legislativa”, afirma.