Aunque la instancia estaba destinada a abordar las prioridades del Ejecutivo con sus fuerzas políticas, la controversia por las rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad terminó concentrando la conversación.

El episodio golpeó al oficialismo, que en los últimos días no solo ha debido salir a defender al ministro de Justicia, Fernando Rabat, sino también activar iniciativas legislativas para impedir que se repita una situación de estas características.

La preocupación del Presidente, transmiten quienes participaron de las conversaciones, estuvo puesta en mantener a Rabat firme en su cargo y despejar las dudas sobre su continuidad. Pese a la ofensiva de la oposición, que ha pedido la renuncia del secretario de Estado y amenazado con impulsar una acusación constitucional contra el ministro, Kast transmitió su respaldo al titular de Justicia, a quien tiene bien evaluado.

La reunión también sirvió para anticipar la decisión que el Ministerio de Justicia comunicó minutos después: suspender la tramitación de los decretos de rebaja de condena que aún puedan detenerse, mientras se avanza en una modificación legal. La medida busca cerrar temporalmente la puerta a nuevas resoluciones de este tipo, en medio de las críticas que ha recibido el Ejecutivo por el criterio aplicado.

El trasfondo de la controversia es que la legislación vigente desde febrero de 2022 excluye de este beneficio a condenados por determinados delitos sexuales contra menores. Sin embargo, el Ministerio de Justicia, bajo la administración de Rabat, optó por conceder rebajas a personas sentenciadas antes de esa fecha, argumentando que la Corte Suprema había acogido recursos de amparo de condenados a quienes se les había negado el beneficio.

La decisión contrastó con el criterio aplicado durante el gobierno de Gabriel Boric, que rechazaba las solicitudes y dejaba que los casos escalaran a los tribunales.

Pero el control de daños de La Moneda no se ha limitado a la suspensión de nuevos decretos. El Ejecutivo también ha debido enfrentar las preguntas sobre por qué modificó el criterio administrativo que venía aplicando la administración anterior y si existe alguna vía para revertir las rebajas que ya fueron concedidas.

La situación, reconocen en el oficialismo, no había sido anticipada por el nivel central del gobierno. En Justicia se trataba de un procedimiento administrativo habitual: diariamente llegan solicitudes relacionadas con beneficios penitenciarios y su tramitación correspondía a la cartera. Por eso, la decisión no había sido elevada previamente a La Moneda. El propio Rabat lo reconoció en una entrevista con Mega, donde afirmó que el Presidente no estaba al tanto de las resoluciones antes de que se dictaran.

El ministro dedicó buena parte del jueves a defender el criterio aplicado. Participó en entrevistas con Mega y Tele13 Radio, y este viernes volvió a abordar el tema en Radio Duna. En todas, insistió en que su decisión se sustentó en la interpretación que, a su juicio, había establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema, y defendió la necesidad de corregir por la vía legislativa el problema que, según él, dejó abierto la normativa.

En su conversación con Duna, además, fue consultado por la posibilidad de anular o retrotraer los beneficios ya otorgados. Rabat no descartó esa alternativa, pero tampoco aseguró que fuera viable. “Tendría que evaluarlo con las consecuencias que tiene este beneficio. Hay que analizarlo debidamente”, señaló.

La pregunta también se instaló entre parlamentarios oficialistas, que en privado han consultado a abogados del gobierno sobre las posibilidades jurídicas de revertir los decretos.

Por ahora, la respuesta preliminar es que se trata de una vía compleja. De todas formas, se están revisando los antecedentes y eventuales fórmulas legales, aunque entre los asistentes a la reunión de este viernes no había claridad sobre si existe una alternativa efectiva. La búsqueda, explican en el sector, está en manos de los expertos.

En paralelo, el gobierno ha desplegado minutas y lineamientos comunicacionales para ordenar la respuesta de sus filas. La bajada que se ha transmitido a los parlamentarios es que el Ejecutivo identificó un problema legal, que el gobierno anterior había optado por no resolver y lo resolverá mediante un proyecto de ley.

La estrategia, sin embargo, no elimina las críticas por haber innovado respecto del criterio anterior.

Tras la cita en La Moneda, Squella defendió la actuación del ministro y cuestionó a quienes han planteado una acusación constitucional.

“Es evidente que, frente a algo así, una persona que lleva muchos años en política habría dicho ‘mire, si yo firmo esto como me mandata la ley, en el fondo me van a cuestionar, así que prefiero lavarme las manos y que sea el tribunal el que me mandate’. Claro, eso efectivamente se le ocurre a alguien que lleva más años en política. Eso no significa que alguien que actúa en función de lo que mandata la Constitución y la ley esté en falta. Todo lo contrario. Hay un par de parlamentarios que incluso hablaban de una acusación constitucional. Nada más absurdo que acusar a alguien por cumplir la ley”, afirmó.

Ramírez, en tanto, apuntó a la legislación y a la interpretación que han hecho los tribunales. “Aquí la primera responsabilidad es de la ley que no fue lo suficientemente clara. La segunda responsabilidad es de los tribunales de justicia que han interpretado la ley como una ley que no se puede aplicar hacia atrás en este caso. Y por lo tanto nosotros creemos que la solución a este problema pasa por cambiar la ley”, sostuvo.

El diputado también respaldó la suspensión de los decretos como una señal de que el Ejecutivo busca resolver el problema. “La suspensión de decretos lo que demuestra es que el gobierno va a cambiar la ley por discusión inmediata y después de esa ley se va a hacer cargo de los decretos. Este gobierno lo va a resolver, el gobierno anterior no lo resolvió”, agregó.

El problema de los decretos ya ejecutados

La salida legislativa, sin embargo, no resuelve necesariamente qué ocurrirá con quienes ya recibieron el beneficio. La suspensión anunciada por Justicia alcanza a los decretos que todavía puedan detenerse, pero no implica que las resoluciones ejecutoriadas queden automáticamente sin efecto.

El propio Arenas abordó el punto tras la reunión. “Lo que es el detalle de los decretos, el Ministro de Justicia tiene toda la información uno por uno, se los va a dar a conocer, pero la idea es paralizar todos los decretos que se puedan paralizar y centrar la discusión legislativa en el Congreso (...). Los que están ejecutoreados, se entiende que ya pasaron todo el trámite legal y por lo tanto la suspensión no procede”, sostuvo.

El nuevo vocero también reconoció que el procedimiento pudo haberse abordado de otra manera, aunque descartó que eso pusiera en cuestión la continuidad del titular de Justicia.

“Los procedimientos siempre se pueden hacer mejor. Esto les digo que es una enseñanza, una lección. Se pudieron haber hecho cosas distintas, pero el problema ya ocurrió y nosotros lo que buscamos ahora, más que tratar de buscar responsables o cosas que se pudieran hacer mejor, es cómo tenemos una ley que perfeccione estos procedimientos y que nos permita una solución concreta y rápida”.

Y añadió: “El ministro Rabat cuenta con toda la confianza del Presidente de la República, la confianza que le da que un ministro ha cumplido con la ley, ha cumplido con la Constitución, pero además es proactivo para ver los problemas que ha generado políticamente esta Constitución y por lo tanto va a ser parte también de la solución”.

Sobre la posibilidad de retrotraer los decretos que ya fueron ejecutados, Arenas planteó que “sin duda que es muy difícil”, aunque insistió en que el propósito del Ejecutivo es modificar la legislación y no cambiar el criterio administrativo.

La dificultad no es solo política. Expertos advierten que existen diferencias jurídicas relevantes entre revocar un acto administrativo favorable e invalidarlo por una eventual ilegalidad, y que ambas vías enfrentan obstáculos.

La revocación está limitada por el artículo 61 de la Ley N° 19.880, que impide dejar sin efecto actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente. En este caso, explican, un decreto que concede la rebaja y establece una nueva fecha de término de condena puede entenderse como un acto que genera un derecho para el beneficiario. De hecho la misma jurisprudencia de la Corte Suprema ha señalado que la rebaja constituye una mera expectativa, pero luego de ser otorgada la situación jurídica cambia.

Por otro lado está la invalidación, regulada en el artículo 53 de la misma ley. Esta es una vía distinta y podría evaluarse si la autoridad determinara que los decretos fueron dictados ilegalmente.

Sin embargo, los expertos consultados advierten que la alternativa enfrenta dificultades: existe jurisprudencia de la Contraloría que restringe la invalidación cuando se han consolidado situaciones de buena fe y, en estos casos, los procedimientos habrían seguido sus etapas habituales, desde la solicitud del condenado hasta la decisión de la comisión y la confirmación de Justicia.

Además, para invalidar los actos, la autoridad tendría que sostener que fueron ilegales, una posición difícil de conciliar con la defensa que ha hecho el propio Rabat sobre el sustento jurídico de las resoluciones y con los pronunciamientos judiciales que ha invocado. Una eventual decisión de este tipo también podría ser impugnada por los beneficiarios mediante recursos de amparo, especialmente por sus consecuencias sobre la libertad personal.