Este martes 20 de octubre, en el 6° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, se inició el juicio contra 18 integrantes de Los Piratas del Tren de Aragua sindicados como responsables del secuestro y homicidio de Ronald Ojeda.

Tras una intervención de la Defensoría Penal Pública, el proceso continuó respecto a 16 de ellos, ante el sobreseimiento que se solicitó para dos de los acusados.

Este viernes, en tanto, la Fiscalía tuvo la oportunidad de realizar su alegato de apertura.

El fiscal regional de la Fiscalía Sur, Héctor Barros -quien comparece junto al fiscal jefe de Análisis Criminal y Alta Complejidad Álex Cortez- dio cuenta en su exposición de los antecedentes que sustentan la acusación contra los 16 integrantes de la estructura, con delitos que incluyen asociación criminal, secuestros con homicidios, secuestro extorsivo, extorsión y disparos injustificados.

Se espera que el juicio dure varios meses por su complejidad.

La Fiscalía cuenta con 192 testigos, 75 peritajes, 79 documentos, 122 evidencias materiales, 116 evidencias digitales y 234 evidencias fotográficas, entre otras pruebas.

Para algunos de los acusados, las penas máximas solicitadas en esta instancia, incluyen presidios perpetuos calificados.

“Nosotros lo que hemos planteado es que esta es una organización criminal y una maquinaria que se dedica a secuestrar, matar, torturar, extorsionar, entre otras conductas delictuales, y de ese punto de vista son varios casos los que se repiten”, explicó el fiscal Barros, en el Centro de Justicia, tras su exposición.

En esa línea, mencionó casos como un doble homicidio en Rinconada de Maipú, entre el 28 y 29 de diciembre del 2023 y una serie de otros secuestros, extorsiones y homicidios que la banda ejecutó.

“Las penas son distintas dependiendo de la participación y los hechos que le hemos imputado, pero las penas más altas que hemos pedido, las presidios de respeto calificados en contra de algunos de los autores”, detalló el fiscal.

Los nombres de la organización y sus roles

Edgar Javier Benítez Rubio, conocido como el Fresa, se ocupaba de temas logísticos y fue quien proporcionó el Nissan Versa en el que sacaron a Ojeda de su hogar la madrugada del febrero de 2024.

Alfredo José Henríquez Pineda, alias el Gordo Álex, Walter Jesús Rodríguez Pérez, alias el Mudo, Johnny José López Mendoza y José Carlos Valverde Araujo, fueron los falsos PDI que ingresaron al edificio de Independencia para secuestrar a la víctima.

Maickel Villegas y Ángel Castellano realizaron vigilancia en las afueras desde un Chevrolet Sail y grabaron la salida de Ojeda del edificio.

La víctima murió por asfixia suspendida de sus extremidades superiores, sin punto de apoyo, hasta el agotamiento progresivo de su musculatura respiratoria.

Los responsables de este procedimiento y de sepultar el cuerpo bajo una loza de cemento fueron Kevin Hernández Ramos, Luis Carrillos Ortiz, Leonal Sanz Brito, el conserje colombiano Julio César Iglesias Pereira conocido como Barranquilla, su hijo Julián Andrés Iglesias Hoyos y el chileno Héctor Osvaldo Soto Maureira.

La excavación la hicieron en una mediagua en que vivía Jordán Soto Fuenzalida.

Un doble secuestro con homicidio ocurrido entre el 28 y 29 de diciembre de 2024, también es parte de la acusación.

Entre los soldados de la organización también se encuentra Wimner Rivas Olivares y Yolvi González Arcaya, sujeto implicado en el crimen del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez que al momento de ser detenido sonreía a las cámaras.

En la acusación también se incluye un secuestro ocurrido el 12 de junio de 2024 cometido por Johandry Valladares Rivas, Osmar Romero Prince y Nixon Quintero Chourio.

Otro acusado Anthony Barboza Bracho, estando privado de libertad realizaba la función de contactar a víctimas, obtener datos sensibles de ellas que luego eran entregados a otros miembros para cometer los secuestros.

Carlos Mayor Fernández, Alexander Chourio Leal, Renzo Sánchez Hernández, Josué Ramírez Oliveros, Yorman Perozo Arraga, Osmar Romero Prince, José García Orjuela y Johandry Valladares Rivas eran integrantes que realizaban labores netamente operativas, participando directamente de los secuestros llevados a cabo por la organización criminal siguiendo las instrucciones de sus líderes.

Las penas que solicita la Fiscalía van desde los cinco años hasta presidio perpetuo calificado, según la participación de cada acusado en los diversos delitos investigados.

Los prófugos y los ya condenados

Walter Rodríguez, Jhonny López, José Carlos Valverde, Kevin Hernández, Leonal Sanz y Anthony Alejandro Liendo Canto, siguen siendo buscados.

En el primer proceso, hace unos días, el 2° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago impuso una pena de 20 años de presidio efectivo para Maickel Villegas.

Además, el 1 de octubre de 2024 se condenó a cinco años de reclusión, en un procedimiento abreviado, a Ángel Castellano, que tenía 17 años en la fecha del crimen.

Ronald Ojeda fue secuestrado desde su hogar en un edificio de Independencia, el 21 de febrero de 2024, y su cuerpo hallado nueve días después.

Hay una tercera investigación abierta por los mismos hechos, -que incluye la arista más política del caso- con los imputados que han llegado extraditados a Chile desde diversos países, con posterioridad al cierre de las causas cerradas o en juicio.

En esta última indagatoria, hay diligencias claves pendientes a nivel de cooperación internacional -entre otras acciones- en atención a tomar declaraciones a ex autoridades venezolanas detenidas en Estados Unidos.