Tras los duros reproches que llegaron desde la oposición y parte del oficiliasmo contra el ministro de Justicia Fernando Rabat por haber rebajado la condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, el Ministerio de Justicia definió suspender temporalmente la tramitación de este tipo de decretos.

De acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, la determinación se adoptó tras un análisis de la normativa vigente. Según mencionaron fuentes de la cartera, se indentificó un vacío legal relacionado con la aplicación de ciertas restricciones vigentes desde 2022.

La medida se suma a las distintas acciones anunciadas por Rabat para enfrentar la crisis que se abrió producto de las rebajas de condenas.

En esa línea el titular de Justicia además asumirá de forma inmediata una agenda legislativa, la que ya ha conversado con distintos parlamentarios, y que espera tenga discusión inmediata.

Entre las medidas anunciadas se contempla la presentación de un proyecto de ley que modifique los requisitos para acceder a rebajas de condena, así como indicaciones e iniciativas legislativas destinadas a restringir estos beneficios.

La mañana de este viernes, en conversación con Radio Duna, el secretario de Estado abordó la polémica y se refirió a las razones que lo llevaron a seguir un criterio distinto al de las administraciones pasadas.

“Tomamos esa decisión porque nos pareció que, quiero insistir en algo, hay normas de orden constitucional y normas de orden legal que nos parece que son claras en nuestro ordenamiento jurídico, en la tesis que sustentaba la jurisprudencia muy mayoritaria (...) y esa es la razón por la cual nos pareció que, existiendo normas constitucionales que obligan a aplicar la norma, a aplicar la ley de manera inmediata, era lo que nos correspondía dictar esas resoluciones”, sostuvo Rabat.

El objetivo de impulsar una agenda legislativa justamente pretende resolver, desde la ley, los vacíos que permiten que se genera este problema.

“No vamos a dejar que este asunto se vuelva a revisar por la Corte Suprema por la vía de amparo porque vamos a iniciar la tramitación de proyectos legales con suma urgencia a objeto de cerrar la puerta a los beneficios para los abusadores sexuales”, dijo Rabat la tarde del jueves en Tele13 Radio.

El proyecto del Ejecutivo

El proyecto que ingresará el gobierno replica el espíritu de la ley sobre rebaja de penas con el criterio establecido en el artículo 9° del Decreto Ley 321 de libertad condicional, fijando una serie de requisitos.

La norma establecerá explícitamente que los requisitos y las exclusiones de beneficios deben ser analizados al momento de realizar la postulación, cerrando la discusión sobre la aplicación retroactiva de la ley a condenas anteriores a febrero de 2023.

Desde Justicia, además, aseguran que se evalúa fijar por la vía de una ley interpretativa constitucional el carácter de “beneficio” y no de “derecho adquirido” de estas normas, zanjando el criterio interpretativo de los tribunales.

Asimismo, el Ejecutivo impulsará el proyecto de ley que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, moción parlamentaria presentada de carácter transversal que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado y que contempla un procedimiento especial para que las solicitudes del beneficio contemplado en la Ley N° 19.856, libertad condicional y los demás beneficios penitenciarios para que estos sean conocidas y resueltas por jueces.

De esta forma, estas decisiones dejarían de estar a cargo de las actuales comisiones especiales establecidas por la legislación, trasladando su conocimiento a los tribunales de justicia.