En su sesión ordinaria de pleno, la mañana de este jueves, el Tribunal Constitucional (TC) analizó la admisión a trámite y admisibilidad del requerimiento de inconstitucionalidad que senadores de oposición presentaron en contra del proyecto de ley que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas.

El viernes 9 de octubre, horas antes de que los senadores opositores recurrieran al TC, el Ejecutivo ingresó el decreto promulgatorio a la Contraloría.

De esta forma, La Moneda madrugó a la oposición y pidió desechar el requerimiento al ser ingresado fuera de plazo.

Tras el análisis de rigor en el pleno del TC, el organismo que preside la ministra María Pía Silva Gallinato confirmó que la presentación opositora se hizo “fuera de la oportunidad que la Constitución y la ley fijan como límite infranqueable para el ejercicio de esta competencia”.

“Este Tribunal se encuentra habilitado para conocer de un requerimiento de inconstitucionalidad en la medida en que sea deducido dentro de la oportunidad establecida directamente en la Constitución. Conocer de un requerimiento formulado con posterioridad a dicha oportunidad importaría arrogarse una competencia que la Carta Fundamental no confiere”, argumentó el pleno.

Figuras como Fabiola Campillai, Karol Cariola, Claudia Pascual, Yasna Provoste, Juan Luis Castro y Alfonso De Urresti, venían cuestionando la redacción de la norma al permitir utilizar armamento letal ante ataques a infraestructura crítica o recintos militares, argumentando que la disposición no exigiría expresamente una amenaza concreta, grave e inminente contra la vida o la integridad física de las personas.

Los senadores apuntaban a la expresión “o comprometer la seguridad militar o nacional, según corresponda”.

En el Congreso, una comisión mixta zanjó las discrepancias entre ambas cámaras y el proyecto, presentado en mensaje por el gobierno del expresidente Gabriel Boric, fue finalmente aprobado por el Senado el pasado 7 de octubre, quedando listo para su promulgación.

La contralora Dorothy Pérez ya tomó razón del decreto promulgatorio el martes 13 de octubre y solo restaría que la ley sea publicada en el Diario Oficial para entrar en vigencia.