Tras las primeras señales del nuevo presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Vlado Mirosevic (liberal), quien dijo que no pretendía negarle “la sal y el agua al Gobierno”, el oficialismo decidió cobrarle la palabra.

La Moneda tenía que resolver la urgencia que tendrá la nueva reforma constitucional contra el crimen organizado y que refuerza el estado de emergencia, que fue ingresada por los senadores Pedro Araya (PPD), Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (republicano), y que fue precisamente el detonante de la actual tensión por la que atraviesa el Senado.

En represalia por sus acercamientos con el Gobierno y el oficialismo, la bancada del Socialismo Democrático, que reúne a liberales, socialistas y a legisladores del PPD, resolvió remover a Araya de la presidencia de la Comisión de Constitución y poner en su reemplazo a Mirosevic.

“Aquí va a haber disposición al diálogo, pero no individual. Esa es la gran diferencia. Aquí tenemos que trabajar colectivamente, se tiene que escuchar la voz de la oposición por el bien del país, pero eso no significa que vamos a negar ni la sal ni el agua... Busquemos acuerdos, pero acuerdos grandes, no individuales”, remarcó el senador liberal al asumir la presidencia de la Comisión de Constitución.

Si bien en sus primeras medidas aceptó poner en tabla para la próxima semana dos iniciativas de la agenda de seguridad -la ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) y el proyecto que ajusta la Defensoría de Víctimas-, pendiente quedó el tratamiento que le dará a la reforma de Araya, Longton y Squella, que además fue suscrita por los senadores Iván Flores (DC) y Karim Bianchi (indep.).

Urgencia

Este jueves, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en consultas con otras carteras, debía resolver qué urgencia se le dará a esta iniciativa, que surgió como alternativa a otra reforma constitucional del Ejecutivo, que ya fue retirada debido a los reparos transversales.

No obstante, el nuevo texto, aun cuando tiene una base más amplia de respaldo (de hecho, ya tiene en teoría los 29 votos para ser aprobada), generó una resistencia igual de severa por parte de la mayoría de la oposición.

Autoridades del Ejecutivo admitieron que a esta reforma se le dará algún grado de urgencia. Incluso, algunos dirigentes del oficialismo pedían que se le aplicara la “discusión inmediata”, que establece una presión extrema para que el proyecto se despache en un plazo de seis días. En todo caso, el presidente de la Comisión de Constitución tiene potestades reglamentarias para frenar aquella urgencia y resistirse a la voluntad del Gobierno.

“Esperamos que el senador Mirosevic respete las urgencias legislativas y no dilate ni postergue la agenda de seguridad priorizada. Si procede de esa manera en la reforma constitucional a pesar de las urgencias que podría dársele, partiría muy mal. Pero ese no es el ánimo al menos que planteo en una primera sesión”, expresó el senador Longton (RN).

El senador Mirosevic señaló que “no es lo más prudente que el Gobierno ponga urgencia inmediatamente, porque yo estoy recién llegando y me parece que lo mejor es establecer un diálogo más colectivo que lo que teníamos antes... Yo he dicho que no estoy por negar la sal y el agua, pero eso tampoco quiere decir que vaya a someterme a presiones”.

Ritmo de tramitación

Con el cambio de mano en esta instancia estratégica, la oposición ahora podrá manejar los ritmos de la tramitación de proyectos como cambios al sistema de justicia, a leyes penales y a la Carta Fundamental, además de varios nombramientos, como los de ministros de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional.

En el Gobierno había preocupación de que con este cambio la oposición más dura bloqueara la tramitación de iniciativas sensibles.

Además de la reforma constitucional, también estaba pendiente un informe de la Comisión de Constitución sobre la “insistencia” que efectuó el Presidente José Antonio Kast para tratar de reponer la rechazada reforma, que permite ampliar las detenciones de migrantes en situación irregular.

Consultada por el siguiente paso, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), anunció que, a la espera de ese informe, podría votarse la “insistencia” la próxima semana.

“Lo primero es que tanto la mesa como la Comisión de Constitución zanjaron que 29 eran los votos que se necesitaban. Me atrevería a decir que esos 29 votos están. Y si podemos llegar a los 33 o más, mejor aún. Por lo tanto, no es una cuestión efectivamente de tiempo, es una cuestión de tener los votos. Yo voy a poner el proyecto en tabla cuando estén los votos y calculo que eso podría ser la próxima semana”, comentó.