El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó esta jornada la controversia política y judicial que ha generado el gobierno ante la decisión de rebajar las condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

En conversación con Radio Duna explicó por qué cambiaron el criterio que hasta ahora habían seguido tanto el exministro Jaime Gajardo como el también exministro Luis Cordero de rechazar esas resoluciones y dejar que los tribunales decidieran y Rabat volvió a apuntar a la jurisprudencia.

“Tomamos esa decisión porque nos pareció que -quiero insistir en algo- hay normas de orden constitucional y normas de orden legal que nos parece que son claras en nuestro ordenamiento jurídico, en la tesis que sustentaba la jurisprudencia muy mayoritaria (...) y esa es la razón por la cual nos pareció que, existiendo normas constitucionales que obligan a aplicar la norma, a aplicar la ley de manera inmediata, era lo que nos correspondía dictar esas resoluciones”, sostuvo.

En esta línea, el secretario de Estado detalló que la decisión de las resoluciones “la tomamos aproximadamente en el mes de mayo del año 2026, luego de haber seguido lo que había sido una tendencia, que era rechazar estas solicitudes, y nos preguntamos qué es lo que está pasando, por qué se está produciendo esta situación, y entonces analizamos la historia de la ley, la modificación del año 2023, y concluimos que, en nuestro entender, estábamos frente a un problema de orden constitucional, un problema de orden legal, un problema que también se recoge en los tratados internacionales”.

En cuanto al procedimiento, detalló que las carpetas “las revisan las comisiones, a mí me llega una determinada resolución que tiene dos o tres páginas y que yo leo”.

“Cada una de estas resoluciones leerlas es muy duro”, añadió, indicando que en esto “no se avisó a las víctimas porque no es una materia. Acá el órgano encargado de otorgar estos benéficos es una comisión que es la que recibe los expedientes y analiza la situación... al Ministerio de Justicia le llega la resolución”.

“Una mirada política de las cosas a veces matiza las respuestas de orden jurídico”

Por otra parte, y consultado sobre si falló la consideración política en este ámbito y si podría haber aplicado otro criterio para no beneficiar finalmente a los condenados, Rabat apuntó a que si bien ”una mirada política de las cosas a veces matiza las respuestas de orden jurídico", y en ese sentido, sostuvo, “sigo siendo abogado, y creo en la interpretación jurídica”.

“Juré el 11 de marzo respetar la Constitución y la ley, y en eso creo que no me puedo mover un ápice. Me parece que cuando uno tiene consistencia en normas constitucionales, legales y en jurisprudencia, la mirada política no puede significar no abordar un problema, y la mirada política no puede significar trasladar el problema a otro órgano del Estado, y por eso es que adopté una decisión con esa mirada”, sentenció.

En esta línea, el ministro también apuntó a que “no veía” analogías entre las rebajas de penas y los indultos que realizó el expresidente Boric.

“Se ha respetado en todo la Constitución, la ley y los tratados internacionales”, sostuvo.

Por otra parte, y en cuanto a la posibilidad de una acusación constitucional en su contra, Rabat aseguró que -a su parecer- no era posible.

“Una acusación constitucional por cumplir la Constitución y la ley me parece que no tiene asidero porque acá -quiero insistir- hemos actuado sobre la base de la Constitución, ley, tratados internacionales e interpretación de la doctrina reiterada de los máximos tribunales del país”, indicó.