Al menos ocho reclusos murieron y otros diez resultaron heridos en dos amotinamientos registrados este jueves en prisiones de Ecuador, una oleada de violencia que el Gobierno ecuatoriano sugirió que está vinculada con la detención de la excandidata presidencial y líder opositora, Luisa González.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) detalló en un comunicado que las revueltas tuvieron lugar en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.º 1 y en el Centro de Privación Provisional de Libertad Pichincha N.º 1.

En cada una de estas instalaciones se confirmó el fallecimiento de cuatro personas privadas de libertad y que, adicionalmente, “diez personas se encuentran heridas y reciben atención médica”.

El texto también señala que los presuntos responsables de estos incidentes violentos ya han sido identificados por las autoridades y serán trasladados a la cárcel El Encuentro.

En paralelo, el “Bloque de Seguridad mantiene activos los protocolos de seguridad y ejecuta las acciones operativas correspondientes, con el objetivo de mantener el orden y la seguridad en los centros penitenciarios afectados”.

El gobierno apunta a los “aliados políticos” del crimen

Los motines coincidieron con el operativo policial que terminó con el arresto de la líder del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, durante esta misma jornada.

Un hecho sobre el que llamó la atención el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, apuntando a que “hoy, justo el día en que fue detenida Luisa González, de la RC5, se registran dos amotinamientos en cárceles del país, con fallecidos. ¿Casualidad? Que cada quien saque sus conclusiones”.

En una publicación en redes sociales, Reimberg además endureció el discurso del Ejecutivo del presidente Daniel Noboa, al advertir de que no permitirán “que el crimen organizado ni sus aliados políticos desafíen al Estado”.

“La ley no se negocia. El orden no se entrega”, sentenció el secretario de Estado en su cuenta en X.

Estos sucesos se enmarcan en un clima de alta tensión política e institucional en el país sudamericano tras el arresto de González, investigada por la Fiscalía en el marco del “Caso Laberinto” por presunto blanqueo de capitales e irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2023.

La líder progresista y su formación calificaron el arresto de “detención arbitraria e inconstitucional” y acusaron a la Administración de Noboa de actuar como una “dictadura” que utiliza tácticas de persecución judicial o “lawfare” para silenciar a la oposición.