El enfoque de la iniciativa apunta a los medianos y pequeños propietarios forestales, y no considera a las grandes compañías como Arauco y CMPC.

Fuentes cercanas al proceso señalan que la idea del Ejecutivo con la nueva ley es forestar entre 20 mil y 25 mil hectáreas por año. Con ello, según las estimaciones de la autoridad, se podrían generar unos 55 mil empleos adicionales, lo que constituye actualmente una prioridad, dado el deterioro del mercado laboral chileno y la alta tasa de desempleo que se encuentra en 9,6%.

Un aspecto central de la propuesta, que se encuentra ya en una etapa avanzada, será la forestación de bosques, la cual se detuvo desde 2013, luego que la bonificación por plantar, contemplada en el Decreto de Ley 701 -creado en 1974 y modificado en 1998-, expirara en 2012.

Así, si 2012 cerró con nuevas plantaciones de bosques por 17 mil hectáreas, considerando pino radiata, eucalipto y otras especies, al siguiente año se redujeron a 6 mil hectáreas, según el anuario forestal 2026 del Instituto Forestal (Infor).

Ese valor alcanzó un mínimo en 2020, año que comenzó el Covid 19, de 500 hectáreas, mientras que en 2025 la forestación llegó a 2 mil hectáreas. El plan del gobierno es incentivar a los medianos y pequeños actores forestales para que las plantaciones de bosques aumenten sostenidamente y recuperen lo que se plantaba hace más de una década.

El gerente general de Corma, Antonio Minte, indica a Pulso sobre la reunión de la autoridad con el CPF que, “dentro de los grandes titulares que se presentaron, se habló de un fomento (subsidio) cercano al 90% para los pequeños y un 75% para los medianos. Y en ambos casos había un plus de un 5% si es que hay asociatividad. Es decir, que entre pequeños y medianos propietarios si se reúnen -me imagino- un mínimo de 2 o 3 para que sea asociativo, ya se podría considerar un 5% más, cosa que es un anhelo de años de Chile”.

Conocedores de la iniciativa confirman que los porcentajes del subsidio que se afina será de 90% para pymes y 75% para medianos productores.

Cuánto le cuesta plantar a un propietario

Si bien depende de varios factores, un propietario podría necesitar entre $ 600 mil y $ 1,5 millones por hectárea para realizar plantaciones, dentro de un universo de 25 mil propietarios de bosques. Minte afirma que “no es que se quiera llegar en un año a los 25 mil. Volvemos a la superficie que hay disponible para plantar, este millón de hectáreas. Desde ahí te tienes que planificar. Una política de fomento no puede ser a un año, dos años, ni siquiera a diez años. Creo que se está pensando, o debiera pensarse, en una política de fomento superior a 20 años”.

El millón de hectáreas que plantea el dirigente gremial, es un número conocido por la industria forestal como una referencia del potencial de plantación en suelos desnudos. “Podríamos tener un millón de hectáreas adicional a los 2,3 millones (superficie total de bosques plantada en el país), y eso significaría tener, quizás, un 33% más de empleo generado por esta industria”, agrega.

Otro impulso que contemplaría el proyecto es un bono de carbono. En simple, por cada tonelada capturada se pagaría cierto monto. El presidente de Corma, Rodrigo O’Ryan, lo explica así: “Hay un mercado, ya sea voluntario o no voluntario, donde por cada tonelada de carbono que tú secuestras, alguien te paga por eso. Tú puedes tener como un nuevo ingreso ese carbono secuestrado, eso aliviana un poco la carga para poder plantar”.

Los recursos que puede obtener un propietario por esto, varía. “Depende del mercado, hay unos que son bien bajos, que son US$5 por tonelada de CO₂ capturado y otros que llegan hasta US$35 o US$40. Se proyecta que se podría llegar a US$100 o US$120”, detalla. O’Ryan habla de mercado, porque se podría generar beneficios con la nueva ley de forma interna, dentro del país. Sin embargo, hay mercados internacionales que gratifican estas acciones.

Minte complementa: “Es algo muy reciente. Hay algunos ejemplos en Uruguay o Brasil, donde plantaciones forestales que son productivas han podido optar a los bonos de carbono. Nosotros obviamente queremos lo mismo, pero todavía es muy reciente. Hay mucho que desarrollar aún”.

El presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, Simón Berti, dice que los subsidios contemplados por el proyecto ocurrirán luego que los propietarios demuestren que las plantaciones fructificaron, y hayan alcanzado un mínimo de 75% de árboles vivos un año después de plantados. Las plantaciones ocurren usualmente en invierno, teniendo que superar la barrera natural que les impone el verano.

“Cuando eso se comprueba, te dan la bonificación, y mientras tanto tienes que buscar un préstamo o puente para hacer la inversión, plantar y después te llega la bonificación”, señala. Berti llama a que los incentivos se realicen en suelos con algún grado de erosión y que sean rotaciones largas. Es decir, que los pinos sean cortados en un plazo estimado de 25 años y los eucaliptos entre 10 y 12 años, y con maderas de calidad.

“Siempre ha sido un negocio del Estado fenomenal”

Consultado el Ministerio de Agricultura, respondió a Pulso que “lo que estamos proponiendo es una agenda integral para recuperar la inversión, fortalecer a las pyme, proteger y recuperar nuestros bosques y avanzar hacia un desarrollo forestal sostenible. En ese sentido, se busca promover una actividad forestal sostenible, recuperar el bosque nativo, aumentar la captura de carbono y generar empleo y actividad económica en nuestros territorios. El objetivo no es volver al pasado, sino construir una nueva política forestal para el futuro”.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, sostiene que “estamos cosechando bosques en una mayor superficie de la que estamos forestando. Tenemos un compromiso al 2050, que es forestar 100.000 hectáreas, en el periodo en que nos comprometimos nosotros en la COP 25. Eso no se va a cumplir, porque se demonizó un sector”.

Además, O’Ryan comenta que “el fomento es fundamental. Necesitamos volver a crecer, a plantar y este es un proceso que necesitamos partir ya, porque nuestros ciclos son de 8, 10, 21 años. Por lo tanto, lo que plantemos hoy lo vamos a tener en varios años más. Entonces, desde ya necesitamos eso y darle confianza a los empresarios, reglas claras, procesos regulatorios no asfixiantes. Nadie quiere que nos saquen las regulaciones, sino que sean acordes a los estándares mundiales”.

Por su parte, Berti plantea que “el Decreto Ley 701 del 74 al 98 le costó al Estado cerca de US$ 500 millones, hoy solo una empresa de las grandes paga en impuestos cada año esa cifra. Por lo tanto, siempre ha sido un negocio del Estado fenomenal, porque se ha devuelto con creces lo que el Estado ha gastado en bonificación, así que estimo que va a pasar lo mismo”.