El 13 de diciembre de 2024, Michael Clark, dueño de Inversiones Antumalal, firmó un contrato de compraventa que lo convirtió en los hechos, según ha determinado la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en el controlador de Azul Azul.

El entonces presidente de la Azul Azul acordó pagar US$ 5.719.482 por el 90% de las cuotas del Fondo de Inversión Privado (FIP) Tactical Sport a la sociedad Asesorías Sartor e Inversiones S.A. Su sociedad de inversiones, Inversiones Antumalal, ya tenía el 10%, por lo que se transformó en el dueño del 100%. Y Tactical Sport, a su vez, es el dueño del 63,05% de Azul Azul, porcentaje que compró en 2021 a Carlos Heller en US$ 15,5 millones.

Aquella operación de 2024, sin embargo, quedó anulada este martes. Lo informó Azul Azul, en un hecho esencial enviado a la CMF por su gerente general, José Ignacio Asenjo.

“Con esta fecha, el liquidador concursal de Asesorías e Inversiones Sartor S.A. en Procedimiento Concursal de Liquidación informó a la sociedad que por instrumento privado de fecha 29 de julio de 2026, acordó con Inversiones Antumalal Limitada la resciliación de la compraventa de fecha 13 de diciembre de 2024, en virtud de la cual esta última adquirió la cantidad de 6.354.981 cuotas de la serie única del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, correspondientes al 90% de las cuotas de la serie única de dicho fondo”, dice la comunicación.

Con ello, dijo Azul Azul, “se dejó sin efecto la referida transferencia, retrotrayéndose las partes a la situación de propiedad existente con anterioridad a la celebración de dicho contrato”.

Es decir, el 90% de las cuotas de Tactical Sport vuelven a la titularidad de la sociedad Asesorías e Inversiones Sartor S.A., la que actualmente está en un proceso de liquidación en tribunales civiles. El liquidador a cargo es el abogado Eduardo Godoy Hales.

El contrato de 2024 permitía a Clark haber realizado la resciliación mucho antes. El documento de siete páginas, incorporado en el expediente de la investigación penal y publicado por La Tercera este domingo, establecía varias condiciones resolutorias que permitían deshacer la operación: entre ellas, si alguien pedía la liquidación de Sartor o si las acciones de Azul Azul eran embargadas. Ambas cosas ocurrieron. Además, Sartor debía concurrir con un aumento de capital para disminuir el endeudamiento de Tactical Sport, lo que no se hizo en la fecha prevista. Tampoco Clark ha pagado la compraventa de 2024, que estableció tres cuotas anuales, la primera de las cuales debía ser cancelada a fines de 2025. El precio, en pesos, era de $ 5.609 millones, pero bajaba a $ 2.457 millones si los Sartor no aportaban los nuevos recursos.

Clark materializó la resciliación un día antes de ser formalizado, junto a otras 10 personas, por el caso Sartor, en una audiencia que se realizará este jueves a las 9 horas.

La semana pasada, Clark declaró sobre ese contrato. “Sartor no ha realizado el aumento de capital comprometido, incumpliendo las condiciones acordadas, pese a los numerosos esfuerzos realizados por mí para solucionar esta situación”, declaró Clark ante el fiscal Juan Pablo Araya.

“Lamentablemente, las acciones de Azul Azul se encuentran embargadas, por lo que el precio de las cuotas no ha sido pagado, siendo altamente probable que el contrato de compraventa de cuotas quede sin efecto por los incumplimientos de Sartor matriz”, afirmó el ingeniero comercial ante la fiscalía y según dio a conocer La Tercera.

Los caminos del interventor

El futuro inmediato de Azul Azul estará ahora en manos del liquidador Eduardo Godoy Hales, quien declaró la semana pasada, el miércoles 22 de julio, como testigo en la investigación penal. Ahí contó que el 13.° Juzgado Civil de Santiago lo designó como liquidador titular provisional de Asesorías e Inversiones Sartor S.A. “Acepté el cargo el 3 de junio de 2026″, contó a un abogado de la Fiscalía.

En este tiempo incluso se reunió con el controlador de Sartor, Pedro Pablo Larraín, quien le dijo que “la sociedad no estaba en plena operación y solo realizaba algunas labores de cobranza”. La sociedad en liquidación, dijo Godoy, tiene créditos con BCI Corredores de Bolsa, que activó el proceso, Vector Capital, Renta4 y Toesca, que gestiona los fondos públicos que le mandató liquidar la CMF.

Godoy declaró, además, que la S.A. en liquidación era la que participaba en la propiedad de Sartor AGF (intervenida por la CMF en 2024); Sartor Gestión Inmobiliaria S.A.; Inmobiliaria Macul Sartor SpA; y Sartor Administradora de Fondos de Inversión Privada. Esta última es clave en la arista Azul Azul. “Esta sociedad tenía como única finalidad administrar un fondo de inversión privado denominado Tactical Sport el cual es titular del 63% de las acciones de la sociedad anónima abierta Azul Azul S.A. que resulta ser la concesionaria de los derechos del Club Deportivo Universidad de Chile”, dijo a la Fiscalía.

Y ahí, la semana pasada, deslizó lo que ocurrió este martes. “Actualmente, nos encontramos analizando dicho contrato por eventuales revocaciones concursales, hago presente que el peticionario de la liquidación BCI Corredores de Bolsa, ya había presentado una acción de revocación concursal”.

Según abogados que han seguido este caso, el liquidador tiene varios caminos. El fondo Tactical Sport es administrado por Sartor AFIP: Godoy podría ahora intentar reemplazar a esa administradora por otra gestora financiera que ejerza los derechos políticos -por ejemplo, pidiendo una junta de accionistas para revocar el actual directorio de Azul Azul- y los derechos económicos, buscando recuperar las deudas impagas de los acreedores a través de la la venta de su principal activo: el 63,07% de Azul Azul, que hoy está embargado en otro tribunal por los fondos que administra Toesca.

Para ello, Godoy tendrá que escuchar a los acreedores de Asesorías e Inversiones Sartor, quienes deberían votar por las prioridades y acciones que deberá seguir el interventor para recuperar los dineros perdidos. Y el camino más seguro es otro futuro cambio de propiedad en Azul Azul.