Las declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros, planteando que Chile debería abandonar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y “deshacerse” de la Ley Lafkenche abrieron este domingo un nuevo flanco para el Gobierno y provocaron cuestionamientos de parlamentarios de distintos sectores.

En entrevista con DF MAS, Barros calificó ambas normativas como un “riesgo para el país”, argumentando que establecen diferencias entre ciudadanos según su origen étnico y que aquello constituye un “caldo de cultivo” para conflictos internos. También sostuvo que es “factible” abandonar el tratado y que existen mecanismos para hacerlo.

Horas después, el ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, descartó que esa sea la posición del Ejecutivo. “Es un convenio que está vigente y que el gobierno de Chile respeta íntegramente”, sostuvo, para luego afirmar que en esta materia “no vamos a innovar”. Además, calificó los planteamientos de Barros como “la opinión del ministro de Defensa”.

La rectificación trasladó rápidamente las críticas desde el contenido de las palabras de Barros hacia la coordinación interna del Ejecutivo y la conducción de la política exterior.

La diputada y presidenta electa del Frente Amplio, Gael Yeomans, calificó como “graves” las declaraciones. “El ministro de Defensa de Chile calificó los derechos de los pueblos indígenas como un riesgo para el país y confirmó que los ve como una amenaza en materia de Defensa. Cuando el Estado trata a una parte de sus ciudadanos como enemigos internos cruza una línea que Chile ya conoce. Y esa línea no se puede volver a cruzar”.

Yeomans emplazó además al Presidente a aclarar si la postura expresada por Barros corresponde a una posición del Ejecutivo. “Entonces el Presidente Kast le tiene que aclarar al país si sacar a Chile del Convenio 169 es la política de su gobierno o el proyecto de su ministro. Porque los compromisos del Estado de Chile no pueden depender del ánimo de un ministro”.

La diputada del Frente Amplio, Constanza Schönhaut, cuestionó tanto el contenido de las declaraciones del ministro de Defensa como el rol que, a su juicio, ha asumido en materias de política exterior. “Además de demostrar ignorancia respecto a los avances que ha permitido el Convenio 169, es al menos la tercera polémica en relaciones exteriores creada por el ministro de Defensa que insiste en hacer de canciller, demostrando la falta de liderazgo del Presidente Kast para ordenar su gobierno”.

Schönhaut agregó que el Ejecutivo debe aclarar “quién realmente conduce la política exterior de Chile, Barros o Pérez Mackenna, el Presidente debe decirle al país si va a copiar al Estados Unidos de Trump en su desprecio por el derecho internacional o si va a resguardar los derechos y la democracia en Chile”.

Desde el mismo sector, la diputada Tatiana Urrutia también cuestionó que el planteamiento del ministro se inserte en una agenda más amplia de retroceso en materia de derechos. “Quieren llevar a Chile a la Edad Media. Hace una semana querían cambiar la igualdad ante la ley. Ahora proponen eliminar la legislación de pueblos indígenas. ¿Qué viene mañana? ¿Prohibir a las mujeres trabajar?”, sostuvo.

Urrutia agregó que estos instrumentos representan “los mínimos para buscar una convivencia pacífica y democrática entre las personas”. Y añadió que “este Gobierno pretende convertir los derechos conquistados en obstáculos que hay que derribar”.

PPD acusa falta de conducción

Desde el PPD, el senador Pedro Araya sostuvo que el problema no se limita a las declaraciones de Barros, sino que refleja una falta de coordinación dentro del Gobierno. “El Gobierno debe ordenarse de una vez. No es razonable que un ministro abra un debate sensible, comprometa políticamente al Ejecutivo y luego La Moneda tenga que desmarcarse o aclarar que sus palabras fueron ‘personales’”.

Araya afirmó que las palabras del ministro no son “como un ciudadano particular; por eso, sus declaraciones tienen peso institucional y consecuencias políticas. Si el Gobierno quería discutir la permanencia de Chile en el Convenio 169 de la OIT, debió preparar el debate, acordar una posición común y asumirla públicamente. Si no pretendía abrirlo, debió evitar que un ministro lo hiciera unilateralmente”.

En la misma línea, el presidente del PPD e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Raúl Soto, cuestionó el rol de la Cancillería frente a este tipo de intervenciones. “Yo ya no sé quién lleva la política exterior de Chile. Todos opinan e influyen bajo la mirada cómplice de un canciller débil y errático”.

Soto añadió que, a su juicio, este tipo de episodios debilita institucionalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores. “Creo que se está debilitando de forma preocupante e institucional el rol de la Cancillería y la política exterior chilena. Evidentemente que ese planteamiento es un retroceso y no le corresponde a él referirse al tema. Respetemos nuestra institucionalidad internacional”.

Reparos también desde el PS y RN

Las declaraciones de Barros también encontraron reparos desde Renovación Nacional. La diputada Ximena Ossandón, integrante de la Comisión de Trabajo, reconoció que el Convenio 169 presenta, a su juicio, “externalidades negativas, pero una decisión de esa magnitud debe ser debatida a nivel de Estado”.

Ossandón planteó que la Cancillería y los ministerios del Trabajo y Justicia deberían evaluar una eventual modificación y entregar sus conclusiones al Presidente. “No es muy prudente que la opinión pública y los parlamentarios nos enteremos de algo así por la prensa”, añadió.

Desde el Partido Socialista, en tanto, la senadora Paulina Vodanovic acusó que la controversia responde a una estrategia del Ejecutivo para desviar la atención de otras polémicas y manifestó especialmente su preocupación por los cuestionamientos de Barros a la Ley Lafkenche.

“Me parece muy preocupante que siendo ese ministerio el que otorga concesiones marítimas y acuícolas se refiera en esos términos a la Ley Lafkenche, que —como toda norma— puede ser revisada, pero que responde a una realidad que no puede ser desconocida”, sostuvo.

El senador socialista Juan Luis Castro, por su parte, calificó derechamente como “una pésima idea, pues nada tiene que ver con la defensa nacional y demuestra no solo un grado de desprecio hacia los pueblos indígenas sino también un grado de desconocimiento de sus propias competencias”, afirmó.