El liquidador Eduardo Godoy, a cargo de la quiebra de la sociedad Asesorías e Inversiones Sartor S.A., la matriz del grupo financiero, objetó el viernes en el 13° Juzgado Civil de Santiago 16 de las 22 verificaciones de créditos presentadas, las que suman $ 21.086 millones y representan el 57% del monto total de los pasivos verificados en el proceso, que asciende a $37.500 millones.

Los cinco mayores montos mayores impugnados por el liquidador corresponden a Marinvest SpA (US$ 6 millones); Inversiones ADM S.A. ($3.369 millones); Nexus Chile SpA ($2.846 millones); Comercial Sur Chile SpA ($2.811 millones); y los inversionistas Lucila Siskid y Juan Martín Monsalve ($2.392 millones). El liquidador no objetó las deudas de la Tesorería General de la República, BCI y su corredora de bolsa, Vector Capital y el Fondo de Inversión Sartor Táctico en Liquidación, hoy gestionado por Toesca.

Entre los principales argumentos del liquidador para impugnar las acreencias destacan dos elementos: los cuestionamientos por cobros de “personas relacionadas” a la administración de la fallida y deficiencias en los instrumentos utilizados para justificar los millonarios montos.

En este último caso está quien reclama el mayor monto, Marinvest SpA, sociedad creada por Eduardo Sánchez, CEO de Nexus Chile, matriz de Isapre Nueva Masvida. El interventor argumentó que el crédito carece de justificación en su monto, no posee la trazabilidad necesaria y adolece de un título justificativo válido.

Según el liquidador, el crédito se justificó inicialmente con un Contrato de Administración de Recursos Financieros (CAF) por US$ 6 millones, fechado el 18 de abril de 2021. Sin embargo, los documentos posteriores aportados para respaldarlo (dos instrucciones de transferencia a su banco) suman casi US$ 13 millones (US$8.000.000 y US$4.999.920), lo que no concuerda con el contrato original. Además, las cartas de instrucción carecen de comprobantes de ejecución por parte del Banco Security, dice el liquidador, y presentan errores lógicos en las fechas. “No resulta razonable la justificación del crédito cuando se suscribe un documento por un monto y, días después, se aportan fondos por más del doble de dicho monto”, dice el liquidador, para quien los documentos agregados a la petición “importan dudas respecto del crédito en cuestión”.

Además, Godoy plantea sospechas sobre la inversión de Marinvest. “No resulta razonable que una operación de la envergadura que se pretende acreditar se haya materializado bajo un nivel de informalidad como el que se desprende de los antecedentes acompañados. En efecto, el supuesto desembolso se sustenta en un contrato que contiene cláusulas de carácter más bien estándar, sin contemplar covenants o garantías respecto de los fondos ni resguardos sobre el tipo de negocios que serían los destinatarios de los mismos, ni restricciones para ciertos tipos de negocios”, fundamentó el liquidador.

El contrato con Marinvest se firmó días antes de la compra de Azul Azul por parte de Sartor y un ex socio, Alfredo Harz, declaró en la Fiscalía que esos recursos sirvieron para financiar parte de la adquisición del control de la sociedad anónima a Carlos Heller, en US$ 15,5 millones.

El segundo crédito impugnado es el de Inversiones ADM, sociedad del abogado Gonzalo Diéguez, quien verificó un crédito por $3.369 millones. La acreencia estaba sustentada en cinco Contratos de Asociación para Inversiones (CAI). El liquidador objetó el crédito por “falta de título justificativo”, argumentando que se trata de contratos de carácter “aleatorio” por lo que “mientras no se haya practicado la liquidación, no podrá establecerse si existe siquiera un crédito que verificar”.

Diéguez es abogado y actualmente está imputado en el caso Primus por los presuntos delitos de administración desleal, falsificación o uso malicioso de documento público, asociación ilícita y lavado de dinero.

El tercero en monto corresponde a Nexus Chile Spa, también representada por Eduardo Sánchez, que reclama un crédito de $2.846 millones. El liquidador rechazó esta verificación formulando una objeción “por existencia, monto y falta de título justificativo del crédito”. Argumentó la “inexistencia de crédito” porque se trataba de un contrato de administración de cartera “asumiendo obligaciones de medios, no de resultados”, precisando que “el riesgo de los negocios es de Nexus”. El liquidador sostiene que, en un contrato de administración de cartera, los fondos son invertidos a nombre de los inversionistas a su cuenta y riesgo.

Además, acusó una falta de titularidad, ya que los documentos de respaldo correspondían a “otra sociedad, denominada Nexus Chile Health SpA”, matriz directa de la isapre Nueva Masvida, y que la cesión entre ambas “no consta en ninguna parte y no ha sido debidamente acompañada”.

Larraín y Harz

El liquidador apuntó a los nexos familiares vinculados a la matriz de Sartor, pidiendo el aplazamiento de pagos, en base al artículo 241 de la Ley 20.720 que posterga el pago a toda “persona relacionada” a la administración hasta que se resuelva la situación de los acreedores valistas.

En sus escritos, cuestionó créditos del círculo de Pedro Pablo Larraín, controlador e la sociedad, y del ex gerente de inversiones de Sartor AGF, Alfredo Harz. Larraín quedó en prisión preventiva la semana pasada. Harz, quien colaboró con la Fiscalía, está con arresto domiciliario total.

La condición de relacionado fue atribuida a Comercial Sur Chile SpA, firma que pide acreditar pasivos por $2.811 millones y que fue constituida por Carlos Carvallo Swett, hermano de la exesposa del controlador de Sartor, Pedro Pablo Larraín, Ximena Carvallo Swett. El liquidador impugnó su crédito acusando la insuficiencia de los antecedentes presentados y por su condición de “persona relacionada”.

Godoy también objetó las acreencias de los padres de laexesposa de Larraín, Carlos Carvallo Escola y Ximena Swett Lazcano, y los de su sociedad Asesorías e Inversiones Llico SpA. El síndico argumentó que la ley exige un estándar mayor para los familiares de los controladores y ejecutivos, dada la necesidad de evitar la construcción de “pasivos simulados o insuficientemente respaldados” que alteren las prorratas del concurso.

Lo mismo hizo BCI Corredor de Bolsa, que recordó que señaló que Ximena Carvallo y Pedro Pablo Larraín Mery eran los dueños en partes iguales de Asesorías e Inversiones Quisis Limitada, controladores de Sartor. Carvallo era gerenta de personas de Sartor. “Pedro Pablo Larraín Mery y Ximena del Carmen Carvallo Swett estuvieron casados y son padres de hijos comunes. Si bien se divorciaron en diciembre de 2025, se desconoce si efectivamente cesó la vida en común entre ambos”, dice BCI.

Una situación similar afectó a la red familiar del exgerente de inversiones de Sartor AGF, Alfredo Harz. Las sociedades Asesorías José Pablo Harz Castro EIRL, VPC Consultants Pte. Ltd. y Asesoría e Inversiones El Yunque Limitada, además de Alfredo Harz Bandet, vinculadas a su hermano y padre, fueron catalogadas como “personas relacionadas” por el liquidador.

Para el liquidador, los cuestionados Contratos de Asociación para Inversiones (CAI) no constituyen un título justificativo de crédito por sí solos.

Ahora las partes pueden exponer sus defensas frente a los cuestionamientos y el 13° Juzgado Civil de Santiago deberá decidir qué acreencias valida para poder participar en la junta de acreedores programada para el 3 de septiembre.