Las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Valverde, volvieron a instalar la soberanía sobre el extremo austral como un punto de tensión entre Chile y Argentina.

Durante una entrevista difundida ayer domingo 23 de agosto, el alto mando sostuvo que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía” y planteó la necesidad de mantener presencia argentina en la zona por su importancia estratégica como conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico.

La afirmación provocó una respuesta inmediata desde el gobierno. La Cancillería señaló que la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes es “indiscutible” y que se encuentra fundada en los tratados de Límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984.

El episodio se suma a una sucesión de controversias que, desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, han involucrado a Chile en asuntos fronterizos y de proyección territorial. Algunos de estos conflictos, sin embargo, tienen antecedentes en administraciones argentinas anteriores y fueron heredados por el actual gobierno.

Abril de 2024: La base de Ushuaia y el reclamo sobre la Antártica

El primer episodio durante la administración Milei se remonta a inicios de abril de 2024, cuando el Mandatario argentino anunció junto a autoridades estadounidenses la construcción de una base naval integrada en Ushuaia, en Tierra del Fuego.

La iniciativa fue presentada por el presidente del país vecino como una infraestructura estratégica para reforzar la presencia argentina en el extremo sur y como una eventual puerta de acceso a la Antártica.

Días después, en una entrevista, Milei vinculó directamente la obra con las pretensiones territoriales argentinas en el continente blanco.

“Lo del otro día fue el mayor acto de soberanía de los últimos 40 años porque, al hacer una base militar en Ushuaia, nos avala el reclamo sobre la Antártida”, declaró.

También sostuvo que el proyecto constituía “el primer paso” para comenzar a pensar en la recuperación de las islas Malvinas, aunque precisó que ese objetivo debía perseguirse “por la vía diplomática”.

Las declaraciones tuvieron una dimensión particularmente sensible para Chile debido a la superposición histórica de las pretensiones de ambos países sobre sectores de la plataforma continental antártica.

La Cancillería chilena respondió que las reclamaciones argentina y chilena sobre la Antártica son históricas y que ambas se encuentran sujetas al Tratado Antártico, instrumento que congela las reclamaciones territoriales en el continente.

El antecedente de esta controversia se remonta a 2021, cuando el gobierno de Alberto Fernández cuestionó la actualización de la Carta Náutica chilena N°8, acusando a Chile de intentar “apropiarse” de parte de la plataforma continental argentina.

En ese entonces, la administración de Sebastián Piñera rechazó esa interpretación y sostuvo que Chile estaba ejerciendo derechos reconocidos por el derecho internacional. En octubre de ese año, el Senado argentino aprobó una resolución rechazando los límites marítimos establecidos por Chile en la Patagonia.

En febrero de 2022, Chile presentó ante Naciones Unidas su propuesta sobre la Plataforma Continental Extendida al oeste de la Península Antártica. El diferendo, por tanto, antecedía a Milei y continuó durante su administración.

Cabe recordar que en marzo de 2025, la administración argentina reconoció que la interpretación contenida en el Decreto 457, dictado en 2021 y que planteaba la necesidad de fortalecer la “exploración, estudio y control conjunto” del Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake, constituía un error respecto de los tratados bilaterales.

Por ello, el gobierno de Milei anunció la derogación del referido decreto, eliminando la referencia a una eventual administración compartida del Estrecho de Magallanes y del Mar de Drake.

Abril de 2024: Los paneles solares del Hito 1

Tres semanas después de las declaraciones sobre Ushuaia, la relación bilateral enfrentó uno de sus episodios más concretos en materia fronteriza.

El 29 de abril de 2024, la Armada de la nación trasandina había inaugurado el Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1, en el área del Cabo Espíritu Santo, en Tierra del Fuego.

Posteriormente se detectó que parte de los paneles solares instalados para abastecer la infraestructura se encontraba aproximadamente tres metros dentro del territorio chileno.

La situación generó que el -entonces- Presidente Gabriel Boric exigiera que Argentina retirara los paneles y advirtió que, de no hacerlo, Chile procedería a retirarlos.

“Deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros”, sostuvo el Mandatario.

El gobierno de Milei respondió que se trataba de un error involuntario. La Armada argentina explicó que la instalación se había realizado siguiendo el trazado de un alambrado existente y no las coordenadas correspondientes al límite internacional, por lo que dispuso el retiro de la estructura para reubicarla en territorio argentino.

Las labores comenzaron el 18 de junio. La entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, confirmó el retiro y destacó la coordinación entre ambos países. Asimismo, el excanciller Alberto van Klaveren también informó que los paneles habían sido removidos y agradeció la disposición argentina para resolver el episodio.

Abril de 2026: “La boca de Magallanes es argentina”

En abril de este año, la controversia volvió a emerger, esta vez a raíz de declaraciones de un alto mando naval argentino.

El jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, contraalmirante Hernán Montero, afirmó en un podcast emitido originalmente en enero de 2026 que el Estrecho de Magallanes era chileno, pero hizo una excepción respecto de su entrada oriental.

“La boca de Magallanes es argentina”, sostuvo, al referirse al sector comprendido entre Cabo Vírgenes y Punta Dungeness.

Las declaraciones se viralizaron en abril y generaron diversas reacciones en el Congreso chileno, y la solicitud inmediata a la Cancillería de defender la soberanía nacional y recordar los tratados vigentes.

El ministro Francisco Pérez Mackenna respondió que la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes era “indiscutible” y que se sustentaba en los tratados de 1881 y 1984. La Cancillería añadió que Chile ejerce control sobre ambas riberas y garantiza la libre navegación conforme al derecho internacional.

Agosto de 2026: un nuevo episodio, ahora desde la Fuerza Aérea

La controversia reapareció este domingo 23 de agosto con las declaraciones de Gustavo Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina.

En una entrevista, el general incluyó a “Magallanes, el sur” y el Paso Drake dentro de lo que calificó como soberanía argentina y planteó que el país debía mantener presencia en el extremo austral por tratarse, según su descripción, de una “llave bioceánica” entre el Atlántico y el Pacífico.

Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió este lunes con el mismo argumento utilizado cuatro meses antes, enfatizando que “la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes es indiscutible” y se funda en los tratados de 1881 y 1984.

Por lo anterior, la Cancillería anunció que enviará una nota de protesta a la administración trasandina por el referido episodio.

Horas antes, desde La Moneda, el biministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, zanjó que “no hay nada que discutir”, aseverando que no existe una discusión pendiente sobre a qué país corresponde la soberanía en la zona.

A diferencia del episodio de los paneles solares, en que Argentina reconoció un error y retiró las estructuras, en el caso de las declaraciones de Valverde hasta ahora se conoce la respuesta del gobierno del Presidente Kast, pero no ha habido una rectificación pública de Argentina sobre los dichos del jefe militar.