El proceso de quiebra de Asesorías e Inversiones Sartor sumó un nuevo y polémico capítulo. El pasado viernes, el liquidador de la sociedad, Eduardo Godoy, solicitó al 13° Juzgado Civil impugnar 16 créditos que superan los $20 mil millones, apuntando directamente a fondos vinculados al círculo íntimo de Pedro Pablo Larraín, controlador del grupo.

El empresario es uno de los once imputados por el millonario fraude a Sartor AGF. Según la Fiscalía, Larraín y otros acusados utilizaron dinero de terceros para financiar negocios personales. Tras ser formalizados ante el 4° Juzgado de Garantía, tanto él como su hermano Carlos Larraín permanecen en prisión preventiva en el recinto penitenciario Santiago 1.

En sede civil, a la ofensiva del liquidador se sumó BCI Corredor de Bolsa, uno de los mayores acreedores de la firma con pasivos por $5.444 millones. La entidad financiera lanzó duras críticas contra el entorno del empresario y cuestionó los millonarios cobros que intentan realizar personas relacionadas a su familia.

BCI presentó un escrito de 17 páginas patrocinado por el abogado Ignacio Ried. El documento detalla una exhaustiva revisión del entramado societario y familiar que hoy busca recuperar dinero del proceso de liquidación.

La acción judicial de la corredora objetó tres créditos específicos. Estos corresponden a Ximena del Carmen Swett Lazcano, por más de $171 millones; Comercial Surchile SpA, por $2.811 millones, y Asesorías e Inversiones Llico SpA, que reclama cerca de $260 millones.

BCI argumentó ante la justicia que estos acreedores no son ajenos a la compañía. Por el contrario, están vinculados a Pedro Pablo Larraín y a la gerenta de personas, Ximena Carvallo Swett. A través de la sociedad Quisis Limitada, ambos actuaban como los mayores accionistas y controladores de la empresa deudora.

“Ximena del Carmen Carvallo Swett, junto con su -reciente- excónyuge Pedro Pablo Larraín Mery, participan en partes iguales en la Empresa Deudora a través de Asesorías e Inversiones Quisis Limitada, siendo cada uno titular del 50% de los derechos sociales. Ambos mantienen cargos gerenciales en Sartor: Ximena a la fecha -conforme a lo publicado en la plataforma LinkedIn- es gerenta de personas y Pedro Pablo, gerente general”, planteó el escrito.

“La acreedora Ximena del Carmen Swett Lazcano y Carlos Alberto Aníbal Carvallo Escola son padres de Ximena del Carmen Carvallo Swett y Carlos Alberto Carvallo Swett es hermano de esta última”, añadió.

“No se trata, entonces, de acreedores externos a la Empresa Deudora. Se trata de la madre de Ximena Carvallo Swett y suegra de Pedro Pablo Larraín Mery; de una sociedad en que participan los padres de Ximena Carvallo; y de una sociedad participada y representada por su hermano”, explicó BCI.

También sostuvo que “Pedro Pablo Larraín Mery y Ximena del Carmen Carvallo Swett estuvieron casados y son padres de hijos comunes. Si bien se divorciaron en diciembre de 2025, se desconoce si efectivamente cesó la vida en común entre ambos. En todo caso, ese antecedente no elimina las causales autónomas de relación derivadas de la participación de Ximena Carvallo Swett en Quisis, ni los vínculos de ascendencia y colateralidad ya expuestos”.

Datos

En su escrito la corredora manifestó que “sin imputar a Ximena Carvallo Swett responsabilidad penal alguna, su cargo en Sartor, su participación en Quisis junto a Pedro Pablo Larraín Mery y la relación familiar que los unía permiten sostener, a lo menos, que sabía o debía saber de la existencia y funcionamiento de dicho esquema”.

Por lo tanto BCI pide que los créditos presentados por su madre, por la sociedad de sus padres y por la sociedad en que participa su hermano, sean examinados con el máximo rigor y no como acreencias provenientes de terceros independientes.

Además de los vínculos familiares, BCI acusó una grave falta de respaldo documental. De acuerdo a la firma, los supuestos Contratos de Asociación para Inversiones (CAI) que justificarían estos cobros jamás fueron entregados al tribunal, ni en formato físico ni digital.

Para la corredora, esta omisión técnica es fundamental. Al no existir los documentos, es imposible acreditar la existencia real de la deuda, el término de los contratos, su liquidación o la presencia de un saldo exigible.

“Admitir sin un examen estricto créditos provenientes de Personas Relacionadas, bajo la apariencia de acreencias ordinarias de terceros ajenos a Sartor, puede alterar artificialmente la composición del pasivo, afectar las prorratas del concurso y, si la calidad de relacionado no se declara oportunamente, incidir indebidamente en la determinación de quórums y en el funcionamiento de las juntas de acreedores”, concluyó.

Ahora las partes pueden exponer sus defensas frente a los cuestionamientos y el 13° Juzgado Civil de Santiago deberá decidir qué acreencias valida para poder participar en la junta de acreedores programada para el 3 de septiembre.