En una dura derrota para el Ejecutivo y para las empresas de servicios básicos, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió este martes rechazar el reclamo que presentó el gobierno, confirmando el artículo 31 de la denominada megarreforma que se aprobó recientemente en el Congreso.

El mencionado artículo, impulsado por la diputada Ana María Gazmuri y por otros parlamentarios, introduce un nuevo precepto (artículo 2° bis) a la Ley N° 16.282 sobre sismos y catástrofes. Esta disposición obliga a las concesionarias de distribución eléctrica, de servicios sanitarios y de gas, a reconectar de manera gratuita a los usuarios residenciales y a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que residan en zonas declaradas en estado de catástrofe, y en un plazo máximo de 48 horas.

Durante la mañana el pleno del TC, encabezado por su presidenta, la abogada María Pía Silva, escuchó el alegato del abogado del gobierno, Joaquín Palma, en contra del artículo, durante 20 minutos. Sin embargo, tras ello, se conoció la decisión que por 9 votos a 1 rechazó la impugnación del Ejecutivo.

Se trata de un importante revés para el gobierno, que había advertido que el polémico artículo infringe el artículo 69 de la Constitución Política de La República (CPR).

La norma también era cuestionada por las compañías distribuidoras de agua potable, electricidad y gas, las cuales con el artículo deberán reconectar gratuitamente los servicios en zonas afectadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y Biobío, incluso en aquellos casos en que el suministro haya sido suspendido previamente por falta de pago.

Por lo mismo, la postura del gobierno fue apoyada por gremios de esos sectores. Así, la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN), la Asociación de Empresas Eléctricas (EEAG) y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (ANDESS) también acudieron al TC.

Los abogados de los gremios de las firmas afectadas pidieron que se realizara una audiencia en la que ellos pudieran exponer sus argumentos, pero el TC rechazó esta petición, asegurando que previo a la vista de la causa se tendrían presentes sus escritos para la resolución.

Alegato del abogado del Ejecutivo

En su alegato, el abogado Joaquín Palma expuso que el Ejecutivo hizo expresa reserva de derechos durante la tramitación del proyecto de ley.

En particular, sostuvo que la aplicación del polémico artículo atentaba en contra de la vida de las personas que supuestamente serían beneficiadas y los trabajadores de las empresas de gas.

“El artículo 31 del proyecto, como se ha señalado en los antecedentes, nunca fue examinado por las comisiones competentes de Energía ni de Obras Públicas. No contó con informe técnico alguno, pese a que el propio Ministerio de Energía advirtió la falta de fundamento técnico en los plazos que se imponen a las concesionarias; las cuales, por lo demás, nunca fueron oídas en el proceso legislativo”, señaló el abogado.

“Ese déficit, Su Señoría, y aquí quiero ser claro, significa que al incorporar esta norma estamos introduciendo al ordenamiento jurídico un precepto que arriesga vidas. Como es bien sabido, la norma impone un plazo único de 48 horas para reconectar electricidad y gas, ignorando que, por ejemplo, la normativa sectorial actual exige para el gas una verificación de las instalaciones interiores, cliente a cliente, previa a la reconexión, precisamente para evitar el riesgo de explosiones o fugas”, añadió.

“Un plazo idéntico de 48 horas, una vez activada la ley de catástrofes, fuerza entonces a las cuadrillas de trabajadores a reponer los servicios básicos bajo presión, arriesgando su propia vida e integridad, y no solo la de ellos, sino también la de las comunidades que tienen que reconectar”, concluyó.