El pasado lunes se llevó a cabo la reunión reservada entre la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, con el representante comercial ajunto de la Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos, Jeffrey Goettman.

El propósito: negociar los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos chilenos como la cereza, vino, carnes y el salmón.

Sobre este último producto se refirió durante esta jornada el presidente de SalmónChile, Patricio Melero, quien recordó que Estados Unidos importa en torno al 80% del salmón que consume, siendo Chile su principal abastecedor.

El dirigente dijo en Radio Agricultura que la expectativa del gremio es que el salmón sea excluido de la lista de productos a los cuales se le aplica arancel, argumentando que el producto es “insustituible” para el mercado estadounidense.

“Estados Unidos no necesita defenderse de la importación de salmón chileno, porque ellos no producen salmón. Yo puedo entender que que las empresas automotrices norteamericanas, General Motors, Chevrolet, Ford, en fin, se quieran defender de la importación de autos chinos, pero no hay capacidad de Estados Unidos de producir salmón, entonces no hay nadie a quién defender”, afirmó.

Con todo, Melero se declaró “optimista” con la visita de Goettman, calificándola como una oportunidad para exponer la importancia de la relación comercial entre ambos países.

“Creo que tenemos una mejor oportunidad porque debiera servir para que el delegado americano comprenda de mejor forma en toda su integridad, con todos los antecedentes, cara acara la visión de Chile, la importancia de las relaciones históricas que ha tenido con Estados Unidos y que se valore también el esfuerzo que Chile hace por progresar, por desarrollarse”, dijo.

Acusaciones de trabajo forzoso

El representante de SalmonChile también fue enfático en aclarar que el origen de este arancel no se da por acusaciones de trabajo forzoso en Chile.

En cambio, el arancel responde a que, según acusa Estados Unidos, Chile no estaba haciendo lo suficiente para impedir y regular la importación de productos que venían de países que sí tenían trabajo forzado.

El arancel del 12,5% fue aplicado a otros 59 países bajo estas mismas acusaciones.