En medio de los cuestionamientos de la oposición -y también del oficialismo- a la reforma constitucional en materia de seguridad, la decisión del Ejecutivo y del Parlamento es colocarle presión esta semana al despacho de algunas iniciativas de la Agenda contra el Crimen y el Terrorismo (ACOT).

La visión que impera en los partidos base de La Moneda es que, con el ingreso al último cuatrimestre del año, los plazos se hacen más estrechos para cumplir con el objetivo del Presidente José Antonio Kast de tener esta agenda aprobada antes de fin de año. Y cumplir con ello -a nivel legislativo- con una de sus principales promesas de campaña.

Este martes, durante una hora -desde las 16.00 hasta las 17.00- la Sala del Senado está convocada para debatir el proyecto de ley que busca aumentar el plazo máximo de flagrancia ante hechos ilícitos.

Como es habitual en esa corporación, inmediatamente terminada la discusión se votará el proyecto que fue ingresado en diciembre de 2023 por un grupo de senadores de Renovación Nacional -entre ellos el actual ministro de la Sepgres, José García Ruminot-, y que fue recogido por el gobierno del Presidente José Antonio Kast en el marco de su agenda de seguridad.

En lo medular, la iniciativa contempla aumentar el plazo de hipótesis de flagrancia de 12 a 24 horas -plazo que se considera que se está perpetrando un delito o que aún hay pruebas suficientes para sospechar que se cometió-, además de conferirles facultades autónomas a las policías para concretar acciones, entre ellas la recopilación de pruebas o toma de declaraciones, sin autorización de un fiscal.

El texto considera, asimismo, otorgarle a la autoridad marítima estas facultades, pero con un plazo de 48 horas, dado que, según se consideró en la discusión legislativa, los traslados de las embarcaciones son más lentos.

En clave política, la importancia de este paso en la Cámara Alta dice relación con que este proyecto podría convertirse en el primero de la ACOT en ser despachado a ley. Pues, tras su aprobación en el Senado, solo resta sortear el mismo trámite en la Cámara de Diputados.

El escenario que enfrenta, en todo caso, es auspicioso, debido a que fue unánime la aprobación en la comisión mixta, desde el Partido Republicano hasta el Frente Amplio.

Aunque es parte de la agenda que lleva adelante el Ministerio de Seguridad, que encabeza Martín Arrau, este proyecto -al menos en esta última etapa de tramitación- ha estado encabezado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien luego de la aprobación de esta iniciativa, junto a otras que fueron aprobadas la semana pasada, confirmó a La Tercera que sostendría un diálogo con la Segpres para ver cómo sigue la tramitación.

Hasta ahora la iniciativa cuenta con suma urgencia, es decir, con un plazo de 15 días corridos para su despacho.

Los otros avances de la ACOT

En paralelo, aunque existen otros proyectos que han avanzado estas últimas semanas, estos se encuentran en las primeras fases de su tramitación.

Uno de ellos es el que busca modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a los futuros ingresos a Carabineros de Chile y establecer herramientas de gestión de la planta.

Si bien está en primer trámite constitucional, la Comisión de Seguridad del Senado despachó la semana pasada la iniciativa a la sala.

Entre los artículos aprobados en esta instancia, que fue una indicación presentada por el gobierno, se considera un incentivo, a contar del 1 de enero de 2027, al “desempeño policial solo y exclusivamente para el personal de planta de Carabineros de Chile”. Punto sobre el que precisa que “también tendrán derecho a dicho incentivo su personal contratado, siempre que se encuentre regido por el decreto ley N° 2546″, que es el que establece la escala de sueldos bases y bonificaciones para el personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones.

Luego de ese paso, el proyecto quedó en manos de la Sala del Senado, la que -también- discutirá y votará la iniciativa el miércoles de esta semana, a contar de las 16.00 horas.

En esa corporación está, además, el proyecto que establece penas y sanciones para quienes ofendan a funcionarios de Carabineros.

El Código Penal establece hoy que este tipo de atentados se castigarán con presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años). Además, define una multa de 11 a 15 UTM (entre $788.931 a $1.075.815). A lo anterior, el proyecto suma consideraciones a la hora de aplicar dichas sanciones.

Establece -además- que contará para ello el que los delincuentes actúen en grupo o individualmente y que si los hechos se verifican en contra de carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile se aplicará la pena privativa de libertad.

Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados -cosa que se produjo la semana pasada-, el proyecto está a la espera de que el Senado lo ponga en tabla para su discusión en general y en particular.

La Sala de la Cámara de Diputados, en tanto, ya tiene a la vista el proyecto de reforma constitucional sobre expulsiones administrativas de extranjeros, luego de que la Comisión de Constitución de esta rama del Congreso aprobara el articulado de la norma.

La instancia legislativa visó, prácticamente en los mismos términos, el proyecto que presentó el gobierno el pasado 8 de junio.

Sin embargo, los diputados UDI Eduardo Cretton y Constanza Hube introdujeron un cambio para atenuar el plazo de detención -vía control judicial- a 30 días.

Originalmente la iniciativa gubernamental contemplaba una renovación cada 60 días sin control de tribunales.

La morigeración de la norma, dicen al interior de la comisión, fue un gesto para los diputados de oposición -particularmente el PDG y el PPD- para que dieran sus votos en la Sala de la Cámara, dado que se requieren 89 votos al ser reforma constitucional.

Junto a lo anterior, en la Comisión de Seguridad de esta corporación está en carpeta este lunes el registro unificado de vándalos y el proyecto de Ley Antibarricadas 2.0.

Los nudos

El conflicto mayor, hasta ahora, está en las reformas a la Constitución en materia de seguridad, puntos que rechazan tajantemente en la oposición y que han dividido al oficialismo.

Incluso, el propio presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, fue uno de los primeros en advertir que su partido no estaba en condiciones de dar su anuencia a esos preceptos.

“En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”, sostuvo a La Tercera el 16 de agosto, lo que llevó al Ejecutivo a reducir de 11 a 8 las propuestas en esa área.

Pero la inquietud sigue presente.

El senador RN Andrés Longton sostiene que ese número debiera rebajarse aún más, a unos tres o cuatro como máximo. Y que se debiera eliminar el quinto estado de excepción, que todavía permanece entre las enmiendas del Ejecutivo, y reforzar -como contrapartida- el estado de emergencia.

“No estoy por crear un nuevo estado de excepción. El de emergencia ha funcionado bien y el reflejo de eso es lo que está pasando en la macrozona sur, que particularmente, en los últimos años, ha tenido una disminución evidente de los hechos de violencia. Eso revela que es una herramienta eficiente y que es necesario reforzarla”, dice a La Tercera, al afirmar que aquellos mecanismos que han funcionado bien “hay que fortalecerlos y no debilitarlos”.

En una línea similar, su par de bancada, Rojo Edwards (ind.-RN), afirma que el proyecto de reforma constitucional requiere de ciertas modificaciones.

Un asunto en materia de acuerdos que, dice, se van a dar a la brevedad, y que van a permitir “alinear a todo el oficialismo y de esa manera poder avanzar en las conversaciones con senadores de la oposición que están por la seguridad de los chilenos”.

Pero hay preocupación.

El diputado Jaime Coloma (UDI) advierte que, independientemente de las posturas sobre las reformas constitucionales, “no veo mayor ánimo por parte de la oposición para avanzar en esta agenda que es relevante para el país y que está en las prioridades de todos los chilenos”.

El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Cristián Araya (republicano), lamenta que en el Senado “hoy existe un cuello de botella, donde permanecen pendientes proyectos fundamentales para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado”.

En ese contexto, Araya hace un llamado tanto al gobierno como a la mesa de la Cámara Alta a acelerar, aún más, la tramitación de este paquete legislativo.

“Sabemos -enfatizó- que va a haber diferencias y nudos durante la discusión, pero estos no pueden transformarse en una excusa para postergar decisiones urgentes”.