La Fundación Amparo y Justicia lleva varios años batallando contra una problemática de Estado: en Chile no se establece fehacientemente la causa de muerte de todos los niños, niñas o adolescentes (NNA).

Esa hipótesis no era teórica. La fundación lleva tres décadas trabajando en casos de muertes de NNA provocadas por terceros y cuyos decesos no se han identificado inicialmente como homicidios.

La fundación ha tomado casos particulares, incluso varios años después de ocurridos los hechos. Gracias a los recursos de la entidad -que dispone incluso de capacidad para pericias en el extranjero- han analizado causas de niños fallecidos que nadie investigó o que se reportaron como accidentes cuando en realidad, luego de presionar por diligencias, se trataban de homicidios.

“Establecer con certeza por qué murió un niño debería ser una de las máximas preocupaciones del Estado. Hoy no siempre ocurre. Existen muertes sin causa establecida y fallecimientos que el sistema simplemente no supo clasificar”, afirma a La Tercera la directora de Incidencia y Políticas Públicas de la Fundación Amparo y Justicia, Bernardita Crisóstomo.

Con la problemática identificada, la fundación pasó a la acción. Para eso, en 2024 convocó a 11 organismos del Estado con competencia en los ámbitos de investigación y prevención para trabajar de manera articulada. Ese fue el origen de lo que luego se llamó Grupo Intersectorial para la Prevención e Investigación de Homicidios de Niños, Niñas y Adolescentes.

Tras levantar información y recopilar la situación que enfrenta cada institución, la fundación pudo cuantificar el problema.

Así, por ejemplo, pudo constatar que entre 2023 y 2025 hubo 276 defunciones de NNA clasificadas como síntomas anormales o causas sin determinar. De ese total, el 75% tiene menos de seis años.

La cifra revela que el registro se cierra sin que exista una instancia que revise ni investigue la causa y, por lo tanto, muertes por violencia pueden quedar registradas como accidente o como causa natural. Es decir, se crea una cifra negra de homicidios en menores.

El problema detrás de esa estadística, explica Crisóstomo, es que “parte de estos casos podrían corresponder a violencia letal no detectada, lo que evidencia las serias limitaciones del sistema para identificar e investigar muertes de niños, niñas y adolescentes”.

Al ampliar la muestra, la fundación tomó un período más extendido y, con base en los datos del DEIS del Minsal, concluyó que entre 2018 y 2024 han muerto 13.848 NNA.

De todos ellos, solo el 24% pasó por autopsia, es decir 3.264 casos. Al hacer doble click en las causas sin determinar entre las muertes con autopsia, la cifra llega a 17% para casos de niños o adolescentes.

El trabajo realizado en el Grupo Intersectorial permitió detectar los nudos críticos y las fallas del sistema, sobre todo la ausencia de mecanismos de integración.

Así, por ejemplo, se pudo ver las falencias que ocurren en las primeras horas ante el fallecimiento de un niño, sobre todo cuando las diligencias no se hacen cuando corresponden en los sitios del suceso. O también la deficiencia que existe en el SML al no tener médicos legistas pediátricos que puedan realizar las autopsias de manera especializada.

“Cuando esa información falta, el Estado pierde la posibilidad de detectar patrones y anticiparse a un nuevo caso. Cada muerte que no logramos esclarecer es también una oportunidad perdida para evitar la siguiente”, plantea Crisóstomo.

Las propuestas

Este martes la fundación, junto al Ministerio de Desarrollo Social y el resto de las instituciones que participaron, lanzarán seis propuestas que se pensaron desde Amparo y Justicia para hacerse cargo del problema.

Lo primero apunta a la creación del Circuito Intersectorial de muertes sospechosas de NNA. Este es un protocolo de activación automática y obligatoria que, desde el momento en que se notifica el fallecimiento de un NNA en circunstancias sospechosas, moviliza simultáneamente a un equipo interinstitucional —salud, policía, Fiscalía, protección especializada— que trabaja de forma coordinada bajo un flujo de trabajo común.

La segunda propuesta es la instalación de un Panel de Revisiones de muertes sospechosas de NNA. Esta instancia analizará retrospectivamente todos los casos de fallecimientos de NNA que activen el Circuito para así identificar patrones, factores de riesgo modificables y oportunidades de prevención que permitan mejorar tanto la detección de homicidios como la calidad investigativa.

La tercera propuesta es la estandarización de los procesos. La cuarta idea de solución es crear un grupo especializado permanente de justicia amigable, de carácter interinstitucional y técnico.

La quinta propuesta es contar con un sistema de gestión de la información por medio de una plataforma nacional interoperable que agrupe todo lo que hoy está disperso. La última propuesta va orientada a contar con formación especializada en dos etapas, una de sensibilización y capacitación y otra avanzada.