Cada nueva ley que afecta la actividad empresarial parece activar el mismo reflejo. Crear un protocolo, aprobar una política, formar un comité, contratar una plataforma, programar una capacitación o agregar una extensa cláusula contractual. La organización se pone en movimiento antes de detenerse a pensar.

Ocurrió con la Ley de Delitos Económicos, la Ley Karin, las nuevas exigencias sobre sostenibilidad y gobierno corporativo y, últimamente, con la protección de datos personales. Cambian las materias, pero la respuesta suele ser la misma. Cumplir rápido, dejar evidencia y seguir adelante.

Tal vez estamos comenzando por el lugar equivocado y yendo al articulado antes que al mensaje de la ley. A mi juicio la primera pregunta no debiera ser cómo cumplimos, sino para qué existe la norma. Qué problema busca corregir, qué conducta pretende modificar y qué decisión empresarial nos obliga a revisar.

La Ley Karin no fue creada para producir protocolos impecables, sino para prevenir ambientes laborales hostiles, inseguros o abusivos. La Ley de Delitos Económicos no busca llenar servidores con matrices de riesgos, sino que las empresas se hagan cargo de los efectos de sus operaciones. Las normas de sostenibilidad no pretenden fabricar memorias más extensas, sino mejorar la calidad de las decisiones y revelar riesgos capaces de afectar la continuidad del negocio. Y la protección de datos personales no se resuelve agregando consentimientos o cláusulas que nadie lee. Exige preguntarnos por qué recopilamos información, para qué la usamos y con quién la compartimos.

Cuando olvidamos ese propósito, el cumplimiento se convierte en una industria del documento. Más políticas, controles, comités, reportes y contratos que no necesariamente cambian una sola decisión relevante. Podemos terminar con organizaciones perfectamente documentadas y deficientemente gestionadas.

La actual ola regulatoria debiera empujarnos en otra dirección. No a ponernos todos los trajes disponibles, sino a diseñar el nuestro. Uno adecuado al propósito, tamaño, riesgos, procesos y forma de hacer negocios de cada organización.

Eso es autorregularse. No reemplazar la ley ni rebajar sus exigencias, sino comprender el bien que busca proteger y traducirlo en decisiones, responsabilidades y controles que tengan sentido. La regulación fija el marco y los mínimos. Cada organización debe decidir cómo incorporarlos de manera coherente en su estrategia, su gobernanza y su operación.

Por eso la implementación no debiera comenzar revisando el catálogo de soluciones disponibles. Debiera partir por los procesos que hacen posible el negocio.

Solo entonces viene el cómo. Y ese cómo no puede ser idéntico para todos. Una empresa pequeña no necesita reproducir la estructura de una gran corporación. Una organización intensiva en datos enfrenta desafíos distintos a otra expuesta principalmente a riesgos laborales, ambientales o de su cadena de suministro. Copiar modelos ajenos puede dar tranquilidad, pero rara vez asegura efectividad.

La proporcionalidad y la razonabilidad no son excusas para hacer menos. Son condiciones para hacer lo necesario y lograr que funcione. El verdadero riesgo de este tsunami regulatorio no es solo incumplir. También es cumplir sin comprender. Confundir movimiento con avance, documentos con gestión y evidencia con transformación.

Antes de aprobar otra política, crear otro comité, contratar otro sistema o añadir otra cláusula, convendría que las organizaciones se pregunten: ¿para qué? Y la respuesta no puede ser “porque la ley lo dice”.

Cuando una organización logra responderla sin traicionar su propósito y misión institucional, el cumplimiento deja de ser una carga superpuesta al negocio. Al contrario, se convierte en una forma de decidir mejor, anticipar riesgos y construir empresas más confiables.

Antes del cómo, el para qué.

*La autora de la columna es directora de empresas y socia de Eticolabora