Los chilenos tenemos mala memoria, pero en enero de 2025, a toda prisa se aprobó la reforma de pensiones. Y digo a toda prisa, porque después de ser presentada en 2022, y de sufrir radicales cambios en la Cámara de Diputados, donde solo se aprobó una cáscara casi vacía de la misma, esta recién empezó a ser tramitada durante el mes de agosto de 2024 en la Comisión de Trabajo del Senado, pasó a la Comisión de Hacienda el 23 de enero de 2025 y el 29 de enero del mismo año (seis días después), el proyecto de ley y todas las modificaciones introducidas –consistente en un documento de 970 páginas– fue estudiado y aprobado, consecutivamente por la Comisión de Hacienda del Senado, la Sala del Senado y la Comisión Mixta.

Más allá de que las negociaciones llevaron mucho más tiempo, hay acuerdo transversal en que el diablo está en los detalles y que hoy, cuando se está implementando la misma, han comenzado a aparecer los problemas que se derivan de haber aprobado políticamente una reforma técnicamente muy complicada.

La reforma permitió avanzar en el incremento de la cotización o aporte a capitalización individual, desde el 10% del salario a 14,5%, para pasar a 16% después de 30 años. Sin embargo, para que estos ahorros den frutos es necesario que sean invertidos en forma sabia.

El problema radica en que la reforma hizo dos cambios importantes; el primero fue implementar los fondos generacionales, que no es más que cambiar desde los cinco multifondos actuales a diez multifondos generacionales, pero donde los trabajadores ya no podrán escoger qué nivel de riesgo quieren asumir.

Y el segundo, y más importante consiste en el régimen de inversiones, donde los límites de inversión, al igual que la composición general de los diez fondos generacionales, dejan de estar definidos por ley, y quedan a discreción del Superintendente de Pensiones, previo informe técnico y favorable del Comité Técnico de Inversiones, pero donde —ante eventos extremos de mercado— el superintendente, por sí solo, tiene facultades extraordinarias para modificar o exceptuar límites transitoriamente.

El problema radica en que los fondos de pensiones de los trabajadores son un botín de recursos que hoy alcanza casi US$250 mil millones, casi un 70% del PIB de Chile, y como cualquier botín o tesoro, siempre existirán piratas, autodenominados “Robin Hood”, y/o delincuentes que buscarán hacerse de los fondos para utilizarlos con otros fines.

La reforma ciertamente protege la propiedad de la cuenta individual, pero existen otras formas de estatizar.

Argentina y sus políticos son autores de una forma creativa de estatizar, que fácilmente puede ser utilizada en Chile bajo la ley aprobada, y que consiste en cambiar la política de inversión, para que los fondos deban ser invertidos en bonos emitidos por el Estado, bonos que por lo general terminan siendo bonos basura, es decir que no valen nada, pues son imposibles de cobrar. De este modo, el gobierno de turno tiene acceso a recursos nuevos que puede gastar, y los trabajadores pierden un gran porcentaje o la totalidad de sus ahorros.

Es por esto que se hace no solo necesario, sino también urgente corregir este problema, devolviendo los límites de la política de inversiones a la Ley de Pensiones, y así eliminar cualquier incentivo que pueda tener cualquier gobierno de turno —ya sea porque hay un terremoto, una recesión u otro— que lo lleve a creer que existen razones para utilizar los ahorros de los trabajadores.

Hoy, que las prisas ya han pasado, y para que las cagadas no sucedan, es el momento de presentar un proyecto de ley sacar la política de inversiones de los fondos de pensiones de la contingencia política y devolverla a la Ley de Pensiones.

*La autora de la columna es economista y académica de la Facultad de Economía, Gobierno y Negocios de la Universidad San Sebastián y directora de Somos Mujeres por Chile.