En el condominio Mar Egeo de Iquique, frente a la Playa Brava, vivía una familia que se presentaba como cualquier otro grupo de empresarios de la Zona Franca de esa ciudad (Zofri), con sociedades constituidas y actividad comercial en regla. A miles de kilómetros, adultos mayores de Estados Unidos recibían invitaciones para descargar una aplicación de inversiones que prometía importantes retornos. Cuando alguno de ellos comenzaba a sospechar o intentaba retirar sus ganancias, la aplicación simplemente desaparecía de sus teléfonos.

Detrás estaba el Clan Chen, una familia de origen chino que había montado 16 empresas de fachada y otras 48 sociedades fantasma para mover más de US$ 200 millones provenientes de las estafas a adultos mayores. La Zofri, con su alto flujo comercial legítimo, era el escenario perfecto para camuflar operaciones que, a simple vista, parecían formar parte del comercio habitual.

El lavado de activos siempre ha existido y las empresas fachada tampoco son algo nuevo. Lo que durante años no quisimos ver es que este fenómeno podía estar mucho más cerca de nosotros de lo que creíamos. Hoy, distintas señales nos obligan a mirar de frente una realidad incómoda, y es que detrás de una empresa formal, con RUT, giro comercial y una oficina, también puede esconderse una actividad ilícita.

Por lo mismo, esta realidad hoy se está tomando más en serio que nunca. Así lo demuestra la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que en julio pasado presentó el informe “Por un Chile sin Economía Ilícita”, elaborado junto a 30 gremios y empresas. El estudio estima que los mercados ilícitos a nivel nacional superan los US$ 5.700 millones y advierte que no estamos frente a delitos aislados, sino ante un ecosistema económico ilícito que aprovecha actividades, cadenas de distribución estratégicas y estructuras de la economía formal para operar. Además, destaca que las propias fortalezas del país, como su estabilidad macroeconómica, la apertura comercial, una infraestructura logística y financiera desarrollada, pueden ser aprovechadas por redes criminales para insertarse en ese mismo ecosistema.

Entre sus 45 propuestas, se plantea desarrollar una Política Nacional contra las Economías Ilícitas que reconozca la naturaleza sistémica del fenómeno y coordine a los distintos actores; fortalecer la trazabilidad de los flujos financieros para seguir la ruta del dinero y desarticular los circuitos económicos informales, e implementar un sistema integrado de denuncia segura y anónima.

En la misma línea, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) lanzaron recientemente la plataforma “Sin Fachadas”, para denunciar de forma anónima negocios que generen sospechas. La respuesta fue inmediata: 85 denuncias el primer día y más de 200 en 48 horas, concentradas en barberías, peluquerías y centros de estética, “malls chinos” y locales de comida rápida. Si bien se trata de percepciones y no de pruebas, reflejan una desconfianza ciudadana que ya está instalada.

Lo relevante es que estamos viendo al Estado, los gremios y la ciudadanía tomando medidas frente a un problema que durante demasiado tiempo nos costó asumir, y eso habla de algo esencial para la vida en sociedad: la colaboración. El lavado de activos no es un problema de otros, sino un desafío que nos involucra a todos y que no se puede enfrentar por separado. Es momento de actuar en conjunto, entendiendo que todos tenemos un rol.

Pero esa buena noticia trae también un desafío. Las propuestas solo tendrán sentido si se transforman en acciones concretas. Una política nacional, nuevos mecanismos de denuncia o mayores herramientas de fiscalización requieren recursos, coordinación y seguimiento. De lo contrario corremos el riesgo de que iniciativas que hoy celebramos terminen convertidas en buenas ideas que quedaron en el papel.

El llamado, entonces, es a cada uno de nosotros -autoridades, gremios, empresas y ciudadanía- para que este impulso no se diluya en la tramitación de leyes ni en la comodidad de esperar que otros actúen primero, y se traduzca en resultados, donde cada uno haga lo que le corresponde incluida la de denunciar cuando algo no calza. Porque como nos ha mostrado el caso del Clan Chen, y tanto otros que han salido a la luz en el último tiempo, quien lava dinero no siempre tiene cara de criminal. Puede tener RUT, oficina y papeles en regla.

El Clan Chen ya cayó. La pregunta es cuántas historias parecidas todavía no conocemos.