La controvertida reforma constitucional

Uno de los puntos más llamativos de la agenda de seguridad del gobierno es la reforma constitucional. Si bien hasta ahora la introducción de un nuevo estado de excepción ha sido lo más debatido, la modificación a la Carta Fundamental también propone ocho cambios.

Esta reforma la trabajó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, de forma hermética y eso ha traído varios cuestionamientos de la propia derecha, tanto de los partidos oficialistas, de los constitucionalistas de derecha e incluso de fuerzas políticas externas, como los libertarios. Ha sido tal el ruido, que más de alguna voz ha calificado esta reforma como “iliberal” y “antidemocrática”.

1. Seguridad pública a la Constitución

El primer cambio es incluir la seguridad pública entre los deberes del Estado en el capítulo primero de Bases de la Institucionalidad. Dicho cambio iría en el primer artículo de la Carta Fundamental, junto al resto de deberes, como lo son el resguardo a la seguridad nacional y el de protección a la población y la familia.

“El deber del Estado de resguardar la seguridad pública se ejerce con el objeto de reservar el orden público, dar protección y seguridad a la población y a sus bienes”, se lee en el mensaje.

Constitucionalistas vinculados a la derecha plantean que este es un cambio retórico, con poco efecto práctico, y que el concepto de seguridad nacional que ya está incorporado es interpretable y sí incluye la seguridad pública.

2. Regímenes penitenciarios a rango constitucional

El gobierno busca darle rango constitucional a la facultad de que Gendarmería pueda establecer regímenes penitenciarios diferenciados. Esta facultad actualmente tiene naturaleza administrativa, ya que deriva del Decreto Supremo 518 y de resoluciones del director de Gendarmería.

La medida busca impedir que las cortes puedan cambiar a presos de centros penitenciarios que están sometidos, por ejemplo, al régimen de máxima seguridad.

El objetivo es restringir visitas, limitar encomiendas, prohibir las visitas íntimas y otras medidas sin que las cortes determinen lo contrario vía recursos de amparo o protección. Lo mismo se pretende ante la posibilidad de que las cortes vuelvan a mover a reos que fueron alejados de sus familias al ser trasladados a otras regiones.

3. Inhabilidades

Uno de los flancos que se abrieron en el propio oficialismo fue a raíz de la propuesta para que los condenados por delitos vinculados al crimen organizado y conductas terroristas, mientras duren sus condenas y hasta 15 años después, quedarán inhabilitados para acceder a determinadas prestaciones financiadas con recursos públicos respecto de los derechos de salud, educación, trabajo y seguridad social.

La manera en que esto operará quedará regulado en una ley de quórum calificado.

Los condenados por estos grupos delictivos -crimen organizado y terrorismo-, además, quedarán inhabilitados perpetuamente para ejercer funciones o cargos públicos. También, no podrán acceder por 15 años a penas sustitutivas a la privación de libertad ni beneficios penitenciarios.

4. Registro de organizaciones criminales

Otra de las propuestas constitucionales apunta a que la ley establecerá “registros de organizaciones criminales”. Según el mensaje, la inclusión en estos registros “producirá efectos en la determinación de la responsabilidad penal de sus integrantes”.

La propuesta apunta a que la declaración deberá hacerla el presidente previo informe del Ministerio Público o el Cosena. Esa propuesta será enviada al Senado, el que deberá aprobarla con 2/3.

La idea ha sido duramente criticada por carecer de control judicial y por inmiscuir a un órgano político -como el Senado- en algo ajeno a sus funciones.

Además, los penalistas dudan de su utilidad, ya que actualmente se sancionan penalmente cinco tipos de asociaciones: asociaciones criminales, asociaciones delictivas, asociación ilícita de la Ley 20.000, asociación ilícita de lavado de activos y asociación ilícita por tráfico de migrantes.

5. El cuestionado estado de excepción

Sin duda, el punto más polémico es respecto de la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública en caso de “amenaza grave e inminente contra la seguridad pública”.

La propuesta ha generado duros reparos, principalmente desde el mismo oficialismo, donde ya se ha planteado que introducirán indicaciones al mensaje.

Los puntos más polémicos son que incluye varios elementos del estado de asamblea que se usa para guerra exterior. Pero sobre todo, que puede durar ocho meses, sin autorización del Congreso, y en ese periodo se permite, por ejemplo, la interceptación de todo tipo de comunicaciones en el barrio intervenido.

Junto con eso, en las FF.AA. hay molestia por no haber definido que cuando se active este estado de excepción las fuerzas policiales quedan bajo el mando militar. El gobierno propuso que quede en manos de “un oficial general” a elección del presidente, lo que deja abierta la puerta a que sea un general de Carabineros.

Los expertos, además, plantean reparos a la “hipótesis de procedencia”, es decir, las razones por las que el presidente podría decretarlo. El mensaje solo habla de una “amenaza” y no de un hecho concreto, como en los actuales estados de excepción, en los que se determina que se decretan, por ejemplo, después de una catástrofe.

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El paquete de leyes

Además de la propuesta constitucional, y las tres leyes orgánicas que deben dar forma a dichas propuestas, la ACOT también considera otros 35 proyectos de ley. De estos, hay 23 que ya están en tramitación en el Congreso y otros 12 son iniciativas que ingresará el Ministerio de Seguridad en las próximas semanas.

La Tercera agrupó dichos proyectos según su materia:

1. Policías

• Reglas de Uso de la Fuerza - Comisión Mixta
• Modernización de Carabineros, aumento de sueldos y carrera de funcionarios - Primer trámite (Senado)
• Ley Nain-Retamal para funcionarios de franco - Segundo trámite (Senado)
• Fin a la entrega de notificaciones judiciales por Carabineros - Segundo trámite (Senado)
• Aumenta penas a quien ataque a policías - Primer trámite (Cámara)
• Mejor rendición de cuentas de policías y funcionarios de Seguridad - Nuevo, en redacción
• Aumenta tiempo de flagrancia y autonomía policial en primeras diligencias - Comisión Mixta
• Ley para modernizar la PDI, aumentando sueldos - Nuevo, en redacción

2. Seguridad fronteriza

• Reforma constitucional que aumenta a 180 días el plazo para detener migrantes - Primer trámite (Cámara)
• Sanciona el reclutamiento y transporte interno de migrantes irregulares - Primer trámite (Cámara)
• Tipificar como delito el ingreso clandestino - Segundo trámite (Senado)
• Mejorar el proceso de expulsiones administrativas - Comisión Mixta
• Permitir que las policías ingresen a las zonas en las que trabaja Aduanas - Nuevo, en redacción
• Autorizar la destrucción inmediata de bienes ingresados irregularmente al país - Nuevo, en redacción
• Fortalecer la seguridad portuaria - Primer trámite (Senado)

3. Crimen organizado

• Habilitar a las FF.AA. para proteger infraestructura crítica - Comisión Mixta
• Aumentar penas a quienes recluten menores de edad para cometer delitos - Segundo trámite (Senado)
• Habilita a las policías a colaborar en la destrucción de drogas - Nuevo, en redacción
• Crea la Agencia de Decomiso y Enajenación de Bienes - Nuevo, en redacción

4. Cárceles

• Reforma a la responsabilidad penal adolescente - Segundo trámite (Senado)
• Habilitar juicios en ausencia - Primer trámite (Senado)
• Ley orgánica de Gendarmería para concretar el paso del Ministerio de Justicia a Seguridad - Nuevo, en redacción

5. Control público

• Ley antiencapuchados - Segundo trámite (Senado)
• Ley Corta de Seguridad Municipal - Segundo trámite (Senado)
• Modificación a la ley antibarricadas para eliminar la violencia como requisito - Primer trámite (Cámara)
• Sancionar la explotación, facilitación y promoción de la prostitución de terceros - Primer trámite (Cámara)
• Delimitar el delito de apremios ilegítimos - Primer trámite (Cámara)

6. Tecnología en seguridad

• Reduce tiempos para que empresas de telecomunicaciones entreguen información requerida en investigaciones - Segundo trámite (Senado)
• Permite a las policías confirmar ADN - Primer trámite (Cámara de Diputados)

7. Macrozona Sur

• Permite a las FF.AA. realizar controles de identidad durante el estado de excepción - Segundo trámite (Senado)
• Reconocimiento y reparación de víctimas de violencia rural - Primer trámite (Cámara)
• Crea tipos de delitos especiales sobre robos, hurto y receptación de maquinaria e insumos agrícolas - Segundo trámite (Senado)