El fin de la era de Luis Maldonado al mando del Registro de Propiedad, Comercio y Aguas del Conservador de Santiago sigue generando ruido al interior de este millonario oficio.

Pese a todos sus intentos por no dejar su millonario cargo, Maldonado no pudo revertir el cese de sus funciones luego de que entrara en vigencia, a partir de octubre, la norma que jubilaba a todos los auxiliares de la justicia mayores de 75 años.

Tras su jubilación forzada, en el Conservador de Santiago se explicó la norma especial que se pensó para este oficio, es decir, en su reemplazo quedó el conservador más antiguo. Eso significó que Carlos Miranda quedó a cargo de los tres registros.

La ley establece que al dejar su cargo, Maldonado debía hacer una entrega formal de sus funciones, lo que a juicio de los fiscales judiciales de Santiago nunca pasó.

El día en que Maldonado dejó su oficio, los fiscales judiciales de la Corte de Santiago Javiera González y Jorge Norambuena llegaron hasta el conservador para fiscalizar en terreno la situación. Ahí pudieron constatar algunas falencias en el proceso de traspaso que si bien no implicaron obstáculos en la atención al público, sí podrían tener repercusiones administrativas o disciplinarias.

En un oficio enviado por los fiscales judiciales al pleno de la Corte de Santiago se dejó constancia de lo siguiente: “Al momento de hacerse efectivo dicho cese, no habría efectuado la entrega formal del oficio a quien debía asumir su conducción, no constando la confección y entrega del inventario forma exigido por el artículo 11 de la Ley del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, ni el procedimiento establecido por la Ley N° 21.772″.

En ese mismo documento se consigna que “Carlos Miranda, al asumir la conducción de los registros, manifestó expresamente no haber recibido inventario, entrega formal de protocolos, registros, documentación ni antecedentes correspondientes a las funciones que hasta entonces se encontraban bajo responsabilidad del señor Maldonado”.

A juicio de los fiscales, “la falta de entrega formal obligó a quien asumió la conducción del Conservador a iniciar un levantamiento integral de los protocolos, registros y demás antecedentes, destinado a determinar su existencia, integridad y estado de conservación, así como a adoptar diversas medidas administrativas y operativas para asegurar la continuidad del servicio”.

Esa situación, se lee en el escrito, “permiten advertir, en principio y sin perjuicio de lo que determine la investigación, una eventual infracción al deber legal que pesaba sobre el exconservador de efectuar, antes de separarse definitivamente del oficio, su entrega formal al sucesor mediante inventario, obligación que reviste particular importancia atendida la naturaleza de la función conservatoria y la necesidad de garantizar la integridad, custodia, continuidad y regularidad de los registros públicos confiados al oficio”.

Por esas razones, los fiscales piden al pleno “se sirva disponer la instrucción de la correspondiente investigación disciplinaria y designar, al efecto, un ministro instructor, a fin de establecer circunstanciadamente los hechos, determinar las razones por las cuales no se habría efectuado la entrega formal del oficio, verificar la existencia o inexistencia del inventario exigido por la ley y de su remisión a esta corte, establecer las medidas adoptadas o instrucciones impartidas por el exconservador con anterioridad a su cese y, en definitiva, determinar la eventual responsabilidad disciplinaria que pudiere corresponder”.