El Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, terminó su proceso de investigación en el que se acusaba a Chile y otras 59 economías de importar bienes producidos con “trabajo forzoso” -o de no tener medidas apropiadas para combatirlo- y el escenario para nuestro país no cambió.

Pese a un proceso de audiencias y conversaciones entre el gobierno de Chile y el mundo empresarial local con las autoridades de Estados Unidos, la superpotencia mantuvo el gravamen de castigo más alto para Chile, 12,5%, el que se comienza a aplicar a partir de este viernes.

Este arancel comienza justo cuando terminaba el plazo de aplicación de las tarifas transitorias que puso el gobierno de Donald Trump a una larga lista de países en febrero pasado, luego que la Corte Suprema de EE.UU. eliminó los aranceles impuestos por el gobernante en abril de 2025, durante el llamado Día de la Liberación. De esta forma, Chile pasa de tener una tasa del 10% que regía hasta este jueves al nuevo de 12,5%.

A inicios de este mes, una delegación, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y en la que también participaron representantes de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y otros gremios chilenos, buscaba revertir la medida contra Chile, pero finalmente no lo lograron.

“Siguiendo instrucciones del presidente Trump, se toman medidas definitivas en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, imponiendo aranceles a 60 economías por no haber impuesto ni aplicado eficazmente la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzoso”, dijo la cartera en un comunicado.

El objetivo de la medida es “corregir lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora, para mejorar el bienestar de los trabajadores en todo el mundo”, según dijo Geer.

“Me alientan los socios comerciales que han actuado con rapidez para adoptar prohibiciones de importación de productos elaborados con trabajo forzoso, y espero garantizar su cumplimiento efectivo”, agregó.

En línea con lo que advirtió Estados Unidos en su momento, los aranceles son desde un 10% y 12,5%.

Los que recibieron el menor gravamen fue por cumplir, según el criterio de Estados Unidos, una de las exigencias contra importar bienes producidos con “trabajo forzoso”: “(i) imponer una prohibición de importación de trabajo forzoso; (ii) se han comprometido a imponer y hacer cumplir dicha prohibición a través de un Acuerdo sobre Comercio Recíproco; o (iii) han impuesto un régimen parcial con el efecto de impedir la importación de ciertos bienes de trabajo forzoso”.

Dentro de este grupo de economías con aranceles del 10% están Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido. Anteriormente, estas economías estaban en el grupo de 12,5%

Otro grupo considera la reducción del arancel del 10% o 12,5% a los aranceles que ya pagan “bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio”.

Mientras que el último grupo de 39 economías, donde está Chile, es el que se aplica el gravamen más alto.

Según se explicó en su momento, el arancel de castigo excluye a una lista de productos, donde se incluía el cobre, pero otros productos que exportan desde Chile a Estados Unidos no califican; en ese listado está el sector salmonero, alimenticio y maderero, entre otros.

“Que países vecinos como Argentina tengan un arancel más bajo puede generar una desventaja relativa en aquellos productos en que ambos países compiten en el mercado estadounidense. Sin embargo, el impacto debe analizarse caso a caso, considerando los tratados de libre comercio, los aranceles base y las exclusiones aplicables”, dijo Gabriela Landeros, gerente senior de global trade en Deloitte.

Los aranceles bajo este artículo utilizado por Trump no tendrían los problemas legales de los anteriores, ya que la ley faculta al presidente a la aplicación de estos tras una investigación, que es el proceso que se realizó en estos meses.

Reacción de Chile

Desde el gobierno del presidente José Antonio Kast rechazaron la decisión de Estados Unidos.

“El gobierno de Chile considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación”, dijo el Ejecutivo en un comunicado de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).

Otra evaluación fue que la imposición de aranceles a 60 economías da cuenta de que es una acción que “responde a una política comercial de aplicación transversal y en ningún caso constituye una medida dirigida específicamente contra Chile”.

“La resolución no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso ni identifica productos chilenos específicos bajo esa condición. La decisión responde a diferencias en la evaluación de los mecanismos regulatorios reconocidos como efectivos por la autoridad estadounidense”, agregó el Ejecutivo.

De cara al futuro, el gobierno de Kast dijo que seguirá en conversaciones con Estados Unidos para “seguir avanzando en mejores condiciones de acceso, incluyendo la exclusión de productos esenciales de nuestra canasta exportadora en la aplicación de esta medida arancelaria”.

Tras conocer la noticia, desde Sofofa indicaron que “la situación para Chile se torna aún más desfavorable para algunos sectores productivos, que quedarán en una situación relativa desventajosa en comparación con algunos otros competidores de la región y el mundo”.

Con todo, agregaron que el gremio “seguirá abogando ante las autoridades de EE.UU., sobre la base de una estrecha coordinación público-privada con el Estado de Chile, por mejorar y garantizar la competitividad de nuestras exportaciones en ese mercado, al que enviamos productos de alta calidad que aportan con la creación de empleos directos e indirectos y complementan la industria y el desarrollo económico estadounidense. Dicho mercado es nuestro segundo socio comercial y con el cual además contamos con un TLC, vigente desde 2004″.

Mientras, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, indicó que “la aplicación de nuevos aranceles es un retroceso que genera perjuicios económicos y mayor incertidumbre para quienes invierten, producen y exportan. Nuestro país ha demostrado ser un socio comercial serio y confiable, con una institucionalidad sólida, altos estándares laborales y un firme compromiso con la trazabilidad de sus exportaciones”.

Por su lado, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, también rechazó la medida. “La decisión no constituye un pronunciamiento que acredite la existencia de trabajo forzoso en la fruticultura chilena, sino que responde a una evaluación realizada por Estados Unidos en el marco de la Sección 301 de su legislación comercial, referida a aspectos de su política comercial y regulatoria, y no a un incumplimiento específico atribuible al sector frutícola chileno”, dijo el gremio que asistió a las audiencias públicas para revertir al arancel.

“La prioridad ahora es avanzar en una negociación bilateral que permita revisar esta medida y preservar una relación comercial estratégica y de largo plazo entre Chile y Estados Unidos”, agregó Marambio.

En tanto, SalmónChile, que también buscó revertir la medida en las audiencias en Estados Unidos, rechazó el arancel. “Hacemos un llamado a la Cancillería a agotar todas las instancias y a continuar trabajando con las autoridades estadounidenses para buscar espacios de diálogo que permitan revertir esta decisión y avanzar hacia futuras rebajas arancelarias”, dijo el gremio.

Desde el otro gremio acuícola, Consejo del Salmón, su presidenta Loreto Seguel, señaló que “esta decisión ha sido perjudicial para Chile y para nuestros sectores exportadores, y por ello hemos respaldado y seguiremos respaldando las gestiones bilaterales que está impulsando la autoridad, lideradas por el canciller, para revertir esta medida”.

En una línea similar, desde Vinos de Chile lamentaron la aplicación de este arancel.

“Esta decisión se trata de una resolución sistémica y no sectorial, y tal como ha señalado recientemente la subsecretaria Paula Estévez, esto abre una gran oportunidad para Chile, para demostrar que su marco jurídico en materia de trabajo forzoso y otros temas relacionados, es firme, y que se pueden implementar los requerimientos que Estados Unidos está solicitando. Esto, con el objetivo de avanzar como país a una negociación que permita una rebaja de los aranceles al 10%, para beneficiar a los productos que quedan en una posición competitiva desmejorada”, señala el gremio.

En cuanto a los impactos que esta medida provocará en la competitividad del vino chileno en Estados Unidos, “realizaremos una evaluación rigurosa de sus eventuales efectos para analizar su alcance en su justa dimensión y determinar sus implicancias para el sector”, señaló Vinos de Chile.

El presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Rodrigo O’Ryan, se sumó a los lamentos por la medida. “Es una mala noticia para una industria que busca generar más inversión y oportunidades de desarrollo para las regiones forestales”, dijo.

El dirigente gremial, que fue uno de los que viajó a Washington a inicios de mes, indicó que presentaron “antecedentes técnicos y jurídicos que demuestran que la realidad chilena es sustancialmente distinta de la de países donde se han acreditado prácticas de trabajo forzoso. La industria forestal chilena está sometida a una estricta legislación laboral, fiscalización permanente del Estado y certificaciones internacionales auditadas por entidades independientes. No existe evidencia de trabajo forzoso en esta actividad”.

Además, agregó que la medida “también afecta a importadores, fabricantes, constructores y consumidores estadounidenses que demandan productos forestales chilenos por su calidad y características difíciles de sustituir” e incluso “perjudica intereses estadounidenses directamente vinculados al sector forestal chileno. Inversionistas institucionales de ese país participan desde hace décadas en activos forestales en Chile, aportando capital, tecnología y estándares de gestión. El deterioro del acceso al mercado estadounidense reduce el valor y las perspectivas de esas inversiones y desincentiva nuevos proyectos”.

Por su parte, Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), se sumó a los lamentos por el arancel. “Afecta la competitividad de nuestras exportaciones y genera incertidumbre para miles de productores y trabajadores”, dijo.

“Como sector, evaluaremos el impacto de esta medida en los distintos rubros y sus posibles efectos sobre la producción, el empleo y las regiones”, agregó.