Las microempresas no solo tienen menor acceso al crédito bancario, sino que la demanda en el segmento es menor que en el caso de las grandes corporaciones. En eso, Chile no se diferencia del resto de América Latina, con excepción de la utilización de garantías estatales. Ese es uno de los hallazgos del libro del departamento de países del Cono Sur del BID, Sistemas bancarios en el Cono Sur: Panorama general y casos de estudio.

El texto detalla que en Chile el crédito hacia el sector privado alcanza el 72% del PIB, mientras que en el resto de América Latina y el Caribe alcanza un 40%, y un 48% en los países emergentes.

En tanto, pocas empresas solicitan créditos, lo que se profundiza en las microempresas. Así, en Chile el 14,3% de las microempresas pide un préstamo en la banca -versus el 41,2% de las grandes-, y en un 74,7% de los casos se obtiene el crédito, cifra que crece al 98,8% en el segmento de grandes compañías.

Además, cuando logran el financiamiento, pagan más. Según el estudio, en Chile la tasa de interés promedio para las microempresas llega a 13%, mientras que para las grandes es de 7,2%.

Arturo Galindo, Regional Economic Advisor del Departamento del Cono Sur del BID, es uno de los autores, y explica que, “de alguna manera, el caso chileno no es tan distinto al resto del mundo en el sentido de quiénes y qué tipo de empresas acceden a crédito. Lo usual en el mundo es que las empresas más pequeñas tengan más dificultades de acceder al crédito que las más grandes”.

¿Por qué las empresas de menor tamaño piden menos créditos?

-No quiere decir necesariamente que haya una limitación severa de la oferta, tiene que ver mucho con la demanda. Es usual en el mundo que las empresas más pequeñas demanden menos crédito, en parte, porque el crédito para las empresas más pequeñas suele ser más oneroso, ya que el mayor riesgo se refleja en tasas de interés.

Las tasas a las que acceden las microempresas es casi el doble que las de las grandes empresas, ¿como se compara Chile con el resto de la región?

-Entre países latinoamericanos comparables (el diferencial) es bajo. En Colombia es muchísimo más alto, el spread entre las grandes corporaciones y el microcrédito es de alrededor de 11 puntos porcentuales. Ahí se encuentra una cantidad de factores que tienen que ver con estabilidad, con perspectivas de crecimiento a largo plazo, etc., pero comparando con América Latina, no es particularmente alto en Chile.

Uno de los aspectos que aborda la investigación es el uso de garantías estatales. Apuntan que el 10% de las empresas chilenas que obtuvo crédito contaba con garantía estatal, cifra que crece al 23,8% en las microempresas. ¿Qué se puede perfeccionar?

-Un elemento interesante del estudio es que sugiere que estas garantías, en el caso chileno, han sido exitosas, pero dejamos algunas preguntas abiertas, en particular sobre si son garantías que están ayudando a quienes ya obtuvieron crédito, o si eventualmente se puede pensar en algún tipo de sistema de garantías que ayude a que empresas que no han tenido contacto con los mercados financieros puedan entrar a ellos. Al ser garantías parciales, deja la responsabilidad de escoger en manos del banco. En algunos casos eso puede empujar a los bancos a ser muy conservadores y a extender estos créditos garantizados a las mismas empresas que ya conocían.

Pero también yo creo que hay que verlo desde el punto de vista del diseñador de política económica, que quiere tratar de alinear los incentivos para que el banco que está otorgando el crédito haga una correcta valoración, y el banco tendrá ese incentivo en la medida en que asuma algo de riesgo. Ahí queda una pregunta grandísima con respecto a cuál es el diseño óptimo de las garantías, y posiblemente eso lleve uno a otra línea de análisis: ¿cuáles son los productos alternativos al crédito bancario tradicional que puede tener un segmento de empresas? Hay muchas alternativas de financiamiento, nuevos mecanismos que se están creando como las fintech, o podría ser el factoring.

Ustedes también abordaron los problemas de la Tasa Máxima Convencional (TCM), y exponen cómo sus techos han dejado fuera a usuarios de crédito.

-Es complejo el tema de la Tasa Máxima Convencional. Y en América Latina, existe en prácticamente en la mitad de los países de la región, y en más de 70 países en el mundo. Es un instrumento de política que siempre ha estado muy presente en las discusiones, y tiene por motivación tratar de proteger al consumidor financiero de la usura. En la práctica, la evidencia muestra que termina siendo un tema económicamente muy complejo, pues el impacto sobre el crédito suele ser importante, terminas racionando clientes por un tema de oferta.

En Colombia, a finales de 2010, se elevó la tasa para los microcréditos porque consideraron que debía asumir mayor riesgo. Muy poco tiempo después, aumentó el volumen del microcrédito. Por otro lado, está el problema del impacto de las tasas máximas sobre la competencia en los mercados, pues en EE.UU. en los años 80, donde cada estado tenía tasas distintas para las tarjetas, se generaba un mecanismo de colusión implícita de los bancos. Veían una tasa alta y todos iban hacia esa máxima. Entonces, es difícil asumir una posición, porque también muchas veces esta discusión sale de un contexto puramente económico. Porque si te enfocas en la discusión económica, tú dirás ‘bueno, no tiene sentido tener estas tasas máximas’.

¿Es factible para Chile diferenciar la tasa máxima para microempresas?

-La experiencia en Colombia funcionó en la medida en que permitió expandir un poco ese segmento.