La vista de la causa comenzó el viernes 9 de octubre con la presentación de la relatora Romina Oliva Gutiérrez, quien dedicó más de tres horas a detallar la controversia de esta compleja causa, originada en la Resolución 223 de la SVS, dictada en septiembre de 2014.

Al concluir los alegatos, la causa quedó en “estudio”. Es decir, los magistrados aún no se forman la convicción sobre la decisión final que tomarán, por lo tanto, requieren evaluar con mayor detalle los antecedentes.

La Tercera Sala, que dictará sentencia, estuvo integrada por los ministros Cristina Gajardo (presidenta), Omar Astudillo y Dinko Franulic, junto con los abogados integrantes Fabiola Lathrop y Carlos Urquieta.

Los sancionados contaron con la asesoría legal de connotados abogados de la plaza.

Alfredo Alcaíno y Marcelo Giovanazzi alegaron por el empresario Leonidas Vial; Gerardo Varela representó a Larraín Vial Corredores de Bolsa y Florencio Bernales, a los exejecutivos de la gestora, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz. En tanto, Rodolfo Fuenzalida defendió a Aldo Motta, ex gerente general de las sociedades cascadas. El abogado Rodrigo Cuchacovich defendió a Canio Corbo y CHL Asset Management LLC; Andrés Tavolari a Banchile Inversiones Corredor de Bolsa; y Manuel Garrido, expuso por Cristián Araya, ex gerente de inversiones esta última corredora.

Frente a ellos estuvo el abogado y procurador Fiscal de Antofagasta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Alfredo Larreta, quien en dos ocasiones anteriores había viajado a Santiago, pero la causa no se había visto debido a la agenda de la sala.

La vista de la causa abarca cuatro procesos y aunque las defensas de los involucrados buscan revertir o rebajar los castigos financieros, la situación de los involucrados no partía de la misma base.

Por un lado, el empresario Leonidas Vial, la corredora LarrainVial y sus exejecutivos Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz se presentaron tras haber logrado fallos absolutorios en primera instancia, por lo que su objetivo se centró en confirmar la revocación de sus sanciones ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

En cambio, la posición de Aldo Motta, exgerente general de las sociedades cascadas de Julio Ponce Lerou, así como las de Banchile, Linzor y Cristian Araya, mantienen multas sustancialmente reducidas, tras un dictamen del Tribunal Constitucional que impuso topes a las multas y desechó el artículo 29 de la Ley Orgánica de la SVS que permitía multas por hasta un tercio de una operación irregular.

A inicios de octubre, antes del inicio de los abogados, la abogada Bernardita Díaz Gude intentó hacerse parte del proceso como tercera coadyuvante del CDE, aduciendo interés personal al haber sido “víctima de ilícitos” similares cometidos por Cristián Araya, por lo que el fallo sentaría un precedente clave para sus propias demandas. La Suprema rechazó su solicitud señalando que la profesional no desarrolló adecuadamente su interés.

Inicio

El origen del caso se remonta a 2012, cuando la SVS, dirigida entonces por Fernando Coloma, formuló cargos contra Julio Ponce Lerou y otras personas naturales y jurídicas por su participación en un esquema de manipulación del mercado de valores. Este esquema, acusó la SVS, implicaba transacciones ficticias entre sociedades vinculadas y relacionadas a las cascadas de SQM, realizadas entre 2009 y 2011, las que inflaban o reducían artificialmente los precios de las acciones, perjudicando a los accionistas minoritarios y beneficiando a los controladores de las sociedades cascadas vinculadas a SQM.

El regulador del mercado de valores aplicó en 2014 a Julio Ponce Lerou, presidente de SQM y controlador de las sociedades cascadas, la multa más alta de la historia: 1.700.000 UF (US$ 70 millones). También multó a Aldo Motta, gerente general de las sociedades cascadas (600.000 UF); Roberto Guzmán Lyon, asesor cercano a Ponce (550.000 UF); Leonidas Vial, controlador de Inversiones Saint Thomas y Agrícola e Inversiones La Viña, y socio de LarrainVial (500.000 UF); Manuel Bulnes, gerente general de LarrainVial (200.000 UF); Felipe Errázuriz, gerente de distribución institucional de LarrainVial (100.000 UF); Alberto Le Blanc, controlador de Inversiones Transcorp e Inversiones La Palma (300.000 UF); y LarrainVial Corredora de Bolsa (200.000 UF).

En 2016, el Tribunal Constitucional (TC) concluyó, en el caso de Roberto Guzmán, que la SVS se había excedido en sus atribuciones al imponer multas tan altas y consideró que la sanción debía ser significativamente menor, estableciendo un tope de 75 mil UF. Así, la multa de Guzmán, quien fue asesorado por Gabriel Zaliasnik, bajó de 550.000 UF a 75.000 UF. El mismo camino siguieron Julio Ponce y Leonidas Vial, cuyas multas bajaron al nuevo límite.

La Suprema ratificó en 2020 la existencia de las infracciones acusadas por la SVS contra Julio Ponce, por 5 a 0, pero redujo la multa, por 3 votos a dos, siguiendo el dictamen del TC.

Los ejecutivos de LarrainVial, en cambio, han conseguido ya dos triunfos judiciales: en febrero de 2024, la Corte de Apelaciones confirmó la revocación de la multa contra la corredora, Leonidas Vial y los ejecutivos Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz.