Hace unos días, 72 personas fueron detenidas en nueve regiones del país en el marco de la Operación “Imperio de Ámsterdam”. La Fiscalía y el OS-7 de Carabineros desarticularon una red que, según la investigación, utilizó 21 franquicias de un dispensario “medicinal” como fachada para vender marihuana con concentraciones de THC muy por sobre lo permitido, generando ganancias superiores a los 8 mil millones de pesos. Entre los formalizados apareció un rostro de la farándula, lo que instaló el caso en la conversación pública. Pero el verdadero escándalo no es la fama de un imputado: es la facilidad con la que el sistema fue burlado durante años.

Y es que ese sistema tiene un defecto de fábrica. Después de un intenso lobby, Chile permite desde 2015 que cualquier médico recete cannabis, sin necesidad de ser especialista, y de nuevo, sin receta médica electrónica que permita trazabilidad. Suena progresista. El problema es que esa apertura no vino acompañada de un registro de pacientes, cultivadores o dispensarios equivalente al Reprocann argentino. No hay seguimiento centralizado, ni fiscalización sistemática de las concentraciones de THC que realmente circulan, y la línea entre “consumo personal” y “tráfico” queda, en la práctica, en manos de la interpretación de cada fiscal. En ese vacío normativo prosperan negocios que se visten de terapéuticos para operar como comerciales. No es sorpresa: es una consecuencia previsible de legislar el acceso sin legislar el control.

Ahora, antes de que la indignación empuje hacia el otro extremo, criminalizar sin distinción, como propone la reforma que hoy se revisa, vale la pena mirar qué dice realmente la ciencia sobre el cannabis medicinal, porque ahí hay un gigantesco espejismo en el cual los parlamentarios yerran.

La revisión más exhaustiva hasta la fecha, publicada en JAMA en noviembre de 2025 por investigadores de Harvard y UCLA, tras analizar más de 2.500 estudios, concluyó que la evidencia de ensayos clínicos no respalda el uso de marihuana para la mayoría de las condiciones para las que se promueve. Solo hay respaldo para epilepsia refractaria, ciertas náuseas por quimioterapia y estimulación de apetito. Para dolor crónico, ansiedad, insomnio o cáncer como tratamiento, los usos que más se comercializan, la evidencia es débil, insuficiente o contradictoria. Otra revisión de diciembre de 2025 en Annals of Internal Medicine confirmó que el alivio del dolor con THC es apenas modesto, y que el CBD solo casi no tiene efecto.

El resultado es una tormenta perfecta: una legislación que abre la puerta médica sin cerrarla con control, y una ciencia que todavía no confirma buena parte de lo que el mercado promete. Entre ambos vacíos, ni el paciente que busca alivio real ni el ciudadano que quiere reglas claras salen ganando. Chile no necesita más pánico ni más permisividad ciega: necesita trazabilidad, evidencia y una ley que distinga, con precisión quirúrgica, entre quien cultiva para tratarse y quien trafica disfrazado de terapeuta.

Por Jaime Mañalich, exministro, CLAPES UC.