La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, junto a la subsecretaria de la cartera, Marcia Raphael, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, anunciaron el ingreso a la Cámara de Diputados del proyecto de ley Cautelares Reforzadas.

La iniciativa busca mejorar la respuesta frente a casos de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres, incorporando nuevas herramientas para asegurar la continuidad, supervisión y cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales.

Desde el Ministerio precisaron que la iniciativa modifica normas de diversas leyes y del Código Procesal Penal.

En ese contexto, la ministra Marín destacó que “este proyecto de ley propone establecer mayores consecuencias para quienes incumplan las medidas cautelares o malutilicen y destruyan un dispositivo de monitoreo telemático. Además, amplía las facultades de seguridad municipal para colaborar en la fiscalización de estas resoluciones, porque necesitamos avanzar hacia una protección continua y efectiva para las mujeres víctimas de violencia”.

Por su parte, el ministro Fernando Rabat, explicó que “la iniciativa también se hace cargo de una realidad que lamentablemente está cada vez más presente, que es la agresión digital. Debemos ponerle coto, incorporando una nueva medida cautelar para proteger a aquellas mujeres que son víctimas de este tipo de agresiones, que tienen consecuencias psicológicas y que, en algunos casos, pueden derivar también en violencia física”.

Cinco Ejes del proyecto

La iniciativa considera cinco ejes para fortalecer las medidas cautelares de los imputados.

• Protección continua entre tribunales

Desde el Ministerio explicaron que el proyecto busca evitar vacíos en el resguardo cuando una causa pasa de un Tribunal de Familia a un Juzgado de Garantía por la existencia de antecedentes constitutivos de delito.

Según precisaron, en ese tránsito pueden surgir dudas sobre qué instancia debe mantener o supervisar las medidas cautelares, aun cuando la víctima continúa en una situación de riesgo.

En se contexto, la propuesta establece reglas para mantener la supervisión judicial mientras se resuelven los conflictos de competencia y mandata un protocolo de coordinación entre la justicia de familia y penal, con el fin de dar continuidad a la protección y claridad sobre las responsabilidades de cada instancia.

• Prohibición al hostigamiento digital como medida cautelar

En el proyecto se indica que una prohibición de acercamiento físico no siempre impide que una víctima permanezca expuesta a mensajes, amenazas o acoso mediante plataforma digitales.

En este sentido, se busca incorporar una medida cautelar que permita prohibir estas conductas contra la víctima, sus hijos o hijas a través de cualquier medio, incluidos los espacios digitales.

Además, establece que la judicatura deberá pronunciarse sobre medidas de resguardo para niños, niñas y adolescentes cuando corresponda.

• Más fiscalización y control en monitoreo de cautelares

El proyecto también incorpora herramientas para reforzar la fiscalización en terreno y el monitoreo telemático frente a eventuales incumplimientos.

Además, amplía las facultades de inspectores de seguridad municipal para colaborar en esta labor, elimina el requisito de formalización para acceder a este sistema y establece consecuencias cuando una persona arranca o inutiliza intencionalmente el dispositivo. También obliga a informar a Gendarmería sobre las resoluciones relacionadas con esta herramienta.

• Prisión preventiva al no cumplir cautelares

La propuesta aborda los casos en que una persona incumple una resolución destinada a proteger a la víctima, como una prohibición de acercamiento o contacto.

Por ello, incorpora una norma al Código Procesal Penal para que la judicatura deba ponderar la entidad y circunstancias de estos incumplimientos al evaluar la procedencia de la prisión preventiva. Esto considera un análisis de cada caso según sus propias particularidades.

• Juez preferente en casos de VIF

El proyecto propone que en los tribunales integrados por más de tres jueces se pueda designar a uno de ellos para conocer preferentemente las causas de violencia intrafamiliar. El objetivo es favorecer una tramitación más especializada y dar continuidad a su conocimiento.