El Presidente Javier Milei estuvo en Chile el jueves. Se llevó una declaración explícita del gobierno chileno en apoyo a la reivindicación argentina sobre las Malvinas. Dejó una declaración de reafirmación de los tratados de 1881 y 1984 y la promesa verbal de derogar los decretos 457, del 2021, que habla de “coadministración” del Estrecho de Magallanes, y 256, del 2010, que exige autorización argentina para navegar hacia las Malvinas.

Nada malo su balance. Obtuvo algo valioso (según se revelaría horas más tarde) a cambio de prácticamente nada. O, mejor dicho, a cambio de una promesa que, a fuerza de repetirse muchas veces desde marzo pasado, empieza a parecer una broma.

En la noche del mismo día, la televisión argentina emitió un mensaje pregrabado de Milei con tres anuncios: 1) una nueva institucionalidad de defensa que implica la creación de un Consejo de Seguridad Nacional; 2) sanciones contra las empresas que participen en proyectos de prospección y explotación petrolera en el área de Malvinas, y 3) construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, junto a Ushuaia, es decir, sobre el canal Beagle, cuya mitad norte es de soberanía argentina. Las sanciones apuntan, en lo inmediato, a socios y proveedores del proyecto offshore Sea Lion, que están desarrollando la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

Como si se tratara de demostrar que las casualidades no existen, el mismo día el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, anunció la apertura de una ruta comercial entre Punta Arenas y las Malvinas, a cargo de una naviera chilena, Easter Island, que reduciría a la mitad el tiempo de viaje desde Montevideo, la ruta de abastecimiento que usa hoy el gobierno de las islas. Es ya visible que Argentina busca intensificar su política de asfixia de las Malvinas, por lo que el proyecto de Easter Island será un problema.

El oficialismo chileno se declaró contento por la declaración conjunta acerca del estrecho, a pesar de que una declaración es menos que un decreto. Y es verdad también que un decreto es menos que un tratado, pero ¿por qué sería necesario confirmar la vigencia de un tratado? ¿Por qué sería esa una gracia, un logro, un éxito?

Este gesto inútil se suma a la también poco útil promesa de derogar los decretos, aunque Argentina habla de sólo uno, el 457, del 2021, dictado por el entonces presidente Alberto Fernández (el “albertismo” local no dijo una palabra en su momento). En realidad, ese decreto es la Directiva de Política de Defensa Nacional, que la ley argentina le exige dictar a todo nuevo gobierno en su primer septiembre de gestión. La explicación estándar para la demora en derogar la parte en conflicto con Chile es que están a la espera de dictar una nueva DPDN completa. Milei ha demorado dos septiembres, está en el tercero y nadie sabe si antes de fin de mes habrá decreto que derogue al anterior.

¿Lo habrá, realmente?

Hace más de 44 años, el 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas argentinas lanzaron una operación militar sobre las islas Malvinas, que en pocas horas se extendió hasta las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, últimos territorios del Atlántico Sur antes de la Antártica. Contra los cálculos de la junta militar argentina, la primera ministra británica Margaret Thatcher despachó una fuerza naval de tareas y reocupó las islas en pocos días. La guerra culminó con la rendición del 14 de junio, 10 semanas después del inicio. En el pasado esto se llamaba una guerra relámpago.

Dos cosas se supieron después: 1) que EE.UU. había apoyado al Reino Unido, y 2) que Chile también le había prestado ayuda. Dos cosas que debieron estar en el cálculo de los militares antes de actuar, sobre todo teniendo en cuenta que había una cosa 3), que era la invasión del Estrecho de Magallanes y el canal Beagle -la guerra contra Chile- una vez que se consolidara la ocupación de las Malvinas. De ese error de cálculo nace el intenso sentimiento de humillación con que los argentinos echaron a patadas a la junta militar e iniciaron el período más largo de gobiernos civiles de su historia.

En Argentina prevalece hoy la visión de que se ha producido un cambio de contexto significativo desde que Donald Trump anunció que revisaría el apoyo que Estados Unidos ha prestado al Reino Unido en su defensa de las Malvinas. Trump ha usado esta amenaza como represalia contra la falta de apoyo de los británicos en su guerra de atrición contra Irán. Pero este puede ser otro error de cálculo, como el que el mismo Irán cometió con sus actividades en Medio Oriente antes y después de los atentados de Hamás en Israel. Milei puede creer, con cierta razón, que Trump le ha abierto una ventana de oportunidad, pero no debería creer que los lazos entre Washington y Londres son tan superfluos.

Tampoco Milei debe creer que la construcción de una base militar poderosa en Tierra del Fuego es inocua. Desde luego, altera en forma aguda el equilibrio estratégico de la región y tiene un alto impacto sobre el Paso Drake y el territorio antártico. Representa un golpe tan directo sobre la economía de Punta Arenas, que difícilmente podría evitar los negocios de la ciudad con las Malvinas. Y, lo que puede ser peor, militariza esa zona, hasta ahora ampliamente libre de armas.

Doble razón para que Chile exija la derogación de los decretos.

Y doble razón para que no se cumpla.