La Ley de Presupuestos tiene una característica particular. Es el único proyecto respecto del cual sabemos, por mandato constitucional, que habrá una ley vigente antes del inicio del año siguiente. Y agrego, por las particulares reglas que rigen su tramitación, probablemente terminará siendo una ley bastante parecida al proyecto que ingrese el ejecutivo.

Sin embargo, pocos proyectos generan tanta expectación y tensión política durante su tramitación. Este año no será la excepción. Pero tendrá, además, un ingrediente adicional: será la primera Ley de Presupuestos formulada por el presidente José Antonio Kast.

Algunos estarán ansiosos por saber cuánto más Estado quiere el Presidente, pero creo que la pregunta relevante es otra: ¿Qué Estado quiere el Presidente Kast?

Porque el primer presupuesto será la primera expresión concreta de las prioridades de su gobierno. Y la forma más clara de conocerlas será observar dónde decide aumentar, dónde reducir y en qué áreas mantener los recursos públicos.

El presidente ha señalado áreas donde considera que el Estado cumple una función insustituible, comenzando por la seguridad ciudadana. En otras, en cambio, su visión supone un Estado menos protagónico y un mayor espacio para las personas, la sociedad civil y la iniciativa privada. Por ejemplo, difícilmente este será “el presupuesto del empleo”, ya que para el presidente Kast la creación de empleo corresponde principalmente al sector privado, no al Estado.

Pero una cosa es definir prioridades y otra, bastante más difícil, es financiarlas. El Ministro de Hacienda ha señalado que el gasto público podría crecer hasta 1,0% real en 2027, dejando algo de margen para asegurar el cumplimiento de la meta de déficit estructural de 1,8% del PIB. Sería, además, el incremento del gasto más bajo desde el retorno a la democracia, sin considerar años de crisis.

Ese guarismo, sin embargo, esconde una restricción importante. Cerca del 60% del gasto corresponde a obligaciones establecidas en leyes permanentes, como la PGU, las subvenciones escolares o la gratuidad universitaria, por nombrar algunas. Los aumentos de beneficiarios y la expansión de coberturas, sumados a los reajustes reales definidos, harían que estos gastos crecieran del orden de 2,0% real en 2027. Es decir, estos programas absorberían por sí solos más de todo el espacio adicional disponible. Para el 40% restante, el gasto debería caer, en promedio, un 0,5%.

Entonces, si el presidente Kast quiere que el gasto en seguridad, salud y otras prioridades que no son parte de esas obligaciones permanentes crezca por encima de esa cifra, los recursos necesariamente tendrán que provenir de una mayor eficiencia o de reducciones en otros ministerios y servicios.

Una forma concreta de avanzar hacia una mayor eficiencia sería implementar algunas de las recomendaciones de la “Comisión de Reformas Estructurales para el Gasto Público”, como revisar programas mal evaluados, exigir mayor eficiencia en salud, reducir el “fraude social” en el acceso a beneficios estatales y contener el crecimiento del empleo público y las remuneraciones.

Nada de esto será políticamente fácil. La oposición buscará atribuir cualquier ajuste a las rebajas tributarias del recientemente aprobado proyecto de reconstrucción nacional para reforzar su tesis de que el ajuste fiscal está financiando menores impuestos. Y los grupos afectados por las reasignaciones saldrán a explicar públicamente por qué sus programas son indispensables y no admiten recortes.

Todo eso es predecible y, en cierto modo, deseable. Un presupuesto que se ajuste a los ingresos que realmente existen y no a los que se quisiera tener, como ocurrió en años recientes, y que, a su vez, reasigne recursos desde áreas ineficientes o menos prioritarias necesariamente generará perdedores. Si nadie reclama, probablemente es porque no hubo reasignación, no hubo ajuste y, en definitiva, poco o nada cambió.

A fines de septiembre, cuando el gobierno ingrese su primer proyecto de Ley de Presupuestos al Congreso, podremos responder la pregunta de si el Estado que el presidente Kast prometió es el Estado que decidió financiar.