Aunque no fue la única, la Universidad de Santiago de Chile (Usach) fue la primera universidad en recibir amenazas de masacre a fines de la semana pasada, lo que llevó a la institución a suspender casi inmediatamente sus actividades presenciales del viernes. Tras ella, otras tres instituciones -Diego Portales, Alberto Hurtado y Academia de Humanismo Cristiano- siguieron los mismos pasos y decidieron no realizar clases.

En el caso de la Usach, la amenaza llegó concretamente a las 00.14 horas del jueves.

Así se desprende de la querella interpuesta ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago recientemente por la casa de estudios, representada por Francisco Villanueva, el jefe del Departamento de Litigios de la universidad. ¿El destinatario? Alejandro Venegas Oses, chileno de 22 años y principal sospechoso de las amenazas que logró ser detenido la tarde del mismo viernes pasado por la Policía de Investigaciones (PDI) en Lo Espejo.

En la querella contra Venegas, la universidad lo acusa, al igual que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, del delito de amenazas. La misma acción es en contra de todos quienes resulten responsables como cómplices, encubridores o cualquier otra participación.

En la querella, la Usach detalla la cronología interna derivada a partir de la amenaza. “Con fecha 20 de agosto del presente año, a las 0.14 horas, ingresó a distintas casillas electrónicas institucionales de esta casa de estudios un correo electrónico enviado por un usuario identificado como “AMER 764”, utilizando la casilla electrónica amermelao39@gmail.com", se lee inicialmente.

El citado correo, prosigue la querella, “tenía como asunto “HARÉ UNA MASACRE”, indicando en el cuerpo que era miembro de una organización terrorista, y que ingresaría el día viernes 21 de agosto a las dependencias universitarias armado, con el fin de atentar contra la vida e integridad de todo aquel que estuviera en su interior".

Asimismo, tal como detalló La Tercera la semana pasada, en el escrito se detalla que como prueba de verosimilitud de su amenaza, el usuario acompañó una imagen de un arma blanca y un arma de fuego.

La universidad acompaña en la misma querella una copia impresa del mail recibido y posteriormente reseña que “ante lo explícito, grave y serio de la amenaza realizada por el imputado en contra de los miembros de la comunidad universitaria de esta casa de estudios, el mismo día 20 de agosto se realizó la denuncia correspondiente, y se adoptaron las medidas preventivas afines, tal como la suspensión de actividades presenciales el día viernes 21 de agosto”.

Respecto a los delitos, y como argumentación de la querella ingresada, la universidad pública apunta a que “el hechor, valiéndose totalmente del anonimato, por correo electrónico con un servidor que al menos las personas expertas dentro de la universidad en informática, no pudieron subsanar, amenazó de manera directa anunciando la ocurrencia de males futuros en un contexto político eleccionario importante dentro de la universidad, subsumibles en conductas tipificadas en el Código Penal”.

Según la casa de estudios, del correo se desprende “claramente el carácter serio, verosímil y grave de la amenaza de realizar una masacre en una fecha determinada, señalando además contar con el armamento necesario para perpetrar su acción”.

Un aviso por Instagram

Durante la formalización del pasado sábado, la fiscal (s) Natalia Véliz detalló antecedentes que hasta entonces eran desconocidos. Según dio cuenta la persecutora, el aviso de la presunta masacre por parte del joven de 22 años, no sólo se había dado a través de correo electrónico a las instituciones, sino que también por medio de sus propias redes sociales.

Lo anterior, dado que la Brigada del Cibercrimen de la PDI fue alertada por Meta, empresa propietaria de Instagram, de una publicación a través de una historia que había realizado el imputado. Aquello derivó en que la compañía avisara a la PDI de las amenazas contra posibles víctimas pertenecientes a esas comunidades universitarias.

Lo anterior derivó en que la policía civil y la Fiscalía activaran la indagatoria que permitió la detención el pasado viernes en Lo Espejo. Tras su detención, la PDI incautó el computador del imputado, donde se detectó un programa que permite conectarse mediante distintas direcciones IP o redes privadas virtuales (VPN), lo que deberá ser indagado por la Brigada del Cibercrimen para determinar si dicha herramienta fue utilizada para las amenazas con el fin de dificultar la ubicación.

Sobre la vinculación del sujeto con dichas amenazas, la persecutora (s) aseguró que “aparentemente de las cuentas de Instagram sí, pero del correo no”, destacando que se debe avanzar en la investigación para lograr dicha vinculación.

Respecto a la propiedad de armas, dado las imágenes que fueron adjuntadas en el correo, ninguno de dichos elementos fueron encontrados en la vivienda de Venegas. “Lo que se incauta desde el domicilio del imputado son su teléfono celular, un notebook, aparatos tecnológicos, pero no se encontraron esos elementos”, sostuvo Véliz.

Hasta ahora, Venegas no ha declarado ante el Ministerio Público. Sin embargo, su defensa, el abogado Miguel Narváez, afirmó que los hechos se debía a una supuesta “inmadurez” del joven.