El Juzgado de Garantía de Santiago decretó firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse al Departamento de Ciencias de la Computación (DCC) de la Universidad de Chile para un estudiante por amenaza de bomba que realizó a través de redes sociales.

La investigación se desarrolló con el Departamento de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) y en conjunto con la Fiscalía de San Fernando y Metropolitana Centro Norte.

Las diligencias permitieron establecer la identidad de la imputada y concretar su detención en flagrancia. Durante el procedimiento se incautaron diversos dispositivos electrónicos en su domicilio, entre ellos un notebook y un teléfono celular, que serán utilizados como medios de prueba.

Durante la jornada de este lunes, la mujer fue formalizada y el tribunal acogió los planteamientos de la Fiscalía respecto de la existencia del delito y la participación de la imputada. La estudiante no registra antecedentes penales ni causas anteriores en el sistema judicial.

El fiscal Javier Mayer, de la Fiscalía Centro Norte, explicó que la magistrada decretó como medidas cautelares “firma de carácter quincenal, el arraigo nacional y la que nos parece más relevante para dar la debida protección a la ofendida, que es la prohibición de acercamiento e ingresos al departamento afectado de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, que entiendo que además es donde, desafortunadamente para ella, estudiaba la imputada”.

El fiscal señaló que la investigación permitió establecer el vínculo entre la cuenta de Instagram utilizada para realizar las publicaciones y la identidad de la imputada. Según detalló, Meta Platforms reportó los contenidos a la unidad de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones apenas un minuto después de que fueran publicados.

“Cada vez que se realizan publicaciones (...) que puedan ser constitutivas de un delito, (...) la empresa dueña, Meta Inc., hace un reporte”, explicó el persecutor. En este caso, el reporte permitió identificar el nombre de la cuenta y, a partir de su asociación con un correo electrónico, establecer la identidad de la acusada.

El comisario Alán Constela, de la Brigada del Cibercrimen Metropolitana, detalló que “tras la detención de esta persona, oficiales lograron la incautación de evidencia digital, la que va a ser posteriormente analizada por nuestro laboratorio, con la finalidad de continuar la línea investigativa, referente a este hecho tan grave, que es una amenaza a un centro de educación superior”.

Por su parte, el fiscal también advirtió sobre la proliferación de amenazas realizadas mediante plataformas digitales y señaló que recientemente la Fiscalía Metropolitana Centro Norte investigó otro caso que involucró amenazas contra tres centros educacionales.

En ese contexto, sostuvo que las medidas cautelares solicitadas no solo buscan mantener a la imputada vinculada al proceso, sino también prevenir la reiteración de este tipo de conductas.

“Una de las solicitudes de las cautelares no solo tiene que ver con mantener a la imputada vinculada a los actos del procedimiento, sino que también tiene un sentido de evitar o reprimir estas conductas”, afirmó el fiscal.

El persecutor agregó que el objetivo es dejar establecido que este tipo de hechos serán investigados y perseguidos penalmente, de manera de contribuir a evitar su proliferación.