Solo con la presencia en el hemiciclo del ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), y la subsecretaria Constanza Castillo (RN), la Cámara de Diputados votó este miércoles el proyecto que amplía la “aplicación del delito de interrupción u obstaculización de la libre circulación y del funcionamiento de los servicios de transporte”, más conocido como la “Ley Antibarricadas 2.0”.

Si bien esta iniciativa es parte de la Agenda contra el Crimen Organizado (ACOT), que quedó a cargo del ministro de Seguridad, Martín Arrau (republicano), su ausencia en la sala fue cuestionada por la oposición, más aún tras las declaraciones que realizó el mismo miércoles en la mañana en un conversatorio de Icare.

“Yo por mí, no iría al Congreso, porque creo que la gestión es tremendamente más importante, pero hay leyes que son obligatorias de sacarlas... Esta semana estuve el lunes en la tarde en el Congreso, ayer todo el día y hay mucho que hacer en gestión. Es una tensión constante, espero no tener que ir más de un día al Congreso”, dijo Arrau.

A pesar de la ausencia del titular de Seguridad, el gobierno logró que al menos se despachara el proyecto antibarricadas, que continuará su tramitación en el Senado.

El problema es que, a solo un día de que la Cámara rechazara una reforma constitucional para ampliar la detención de inmigrantes irregulares, la oposición le propinó un nuevo revés al Ejecutivo.

En una norma específica del proyecto antibarricadas, a partir de una indicación del diputado Raúl Leiva (PS), se eximió de sanción a quienes se manifiesten pacíficamente, lo que reduce drásticamente el alcance del texto gubernamental.

Norma actual y su modificación

Actualmente, el Código Penal, tras la aprobación de la llamada Ley Antibarricadas (Ley N° 21.208, de enero de 2020), ya sanciona determinadas formas de interrupción de la circulación en la vía pública que no estén autorizadas por la autoridad. La norma apunta especialmente a la interrupción completa de la circulación, mediante el uso de la violencia, la intimidación o la instalación de obstáculos o vehículos.

Sin embargo, el gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó, el 17 de agosto de 2026, un proyecto para ampliar la aplicación de este delito, incluyendo las interrupciones parciales.

El problema es que la indicación del diputado Leiva libera las manifestaciones pacíficas, haciendo, en la práctica, mucho más acotado el alcance de la propuesta presidencial.

“Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable si la persona se encuentra ejerciendo su legítimo derecho a reunión, huelga o manifestación pacífica”, dice la enmienda del legislador socialista, que fue aprobada con 72 votos a favor, 61 en contra y una abstención.

Compleja tramitación

A favor de la indicación de Leiva no solo se manifestaron diputados de izquierda y centroizquierda. También la aprobaron los del PDG, algunos parlamentarios oficialistas —el legislador de Evópoli Jorge Guzmán y la independiente Joanna Pérez— y representantes del Partido Nacional Libertario, que cuestionaban especialmente el impacto de la iniciativa en manifestaciones de camioneros, que suelen recurrir a bloqueos parciales de rutas.

De acuerdo con esa redacción, el proyecto castigaría solo las interrupciones parciales que sean de carácter violento, lo que, en la práctica, se parece mucho a lo que hoy ya se sanciona.

Tras la votación, el diputado Leiva afirmó que “esta es una de las principales derrotas que ha tenido el gobierno”.

“¿Qué es lo que logramos con nuestra indicación? Reivindicar el imperio de la ley y devolver la capacidad que tienen las minorías en democracia de poder manifestarse de manera pacífica sin obstaculizar totalmente el tránsito", complementó el diputado socialista.

La tramitación, particularmente en la Comisión de Seguridad, había sido compleja para el Ejecutivo, pues el despacho de la iniciativa en ese espacio legislativo quedó marcado por la jugada de los asesores del Ministerio de Seguridad para dejar sin piso al subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, quien había llegado a un acuerdo con algunos diputados para destrabar la iniciativa.

Ese acuerdo, que no fue respaldado por el equipo de Arrau, apuntaba precisamente a eximir a las manifestaciones pacíficas.

Segundo trámite

Con este paso, el proyecto de ley pasó a segundo trámite constitucional al Senado.

Ad portas de esa discusión, el ministro José García Ruminot (RN) señaló que “hay barricadas que consisten en que no se cierra completamente la calle, sino que la mitad de la calle, pero eso igualmente impide que pasen las ambulancias, los carros de bomberos, los particulares cuando van a su trabajo, cuando llevan los niños al colegio, cuando van a un consultorio”.

El titular de la Segpres dijo que “a nosotros nos parece que la norma debe estar mucho más completa, de tal manera que todo este tipo de acciones, que significa impedir que otros compatriotas, que otros ciudadanos puedan hacer valer sus derechos humanos, el derecho a movilizarse, el derecho a desplazarse, que eso se cumpla cabalmente”.

Consultado por si van a intentar modificar la norma en el Senado, aseguró que “lo vamos a revisar, porque nosotros no estamos en contra de la protesta pacífica, pero tampoco estamos de acuerdo en que eso permita, eventualmente, continuar con barricadas o continuar con situaciones que impidan el acceso a la libre circulación”.