La Cámara de Diputados declaró admisible el proyecto de ley Sueldos Protegidos, que busca asegurar la inembargabilidad de fondos para los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

El proyecto de ley impulsado por parlamentarios del PC, PS, FA, PDG y DC busca modificar del Código del Trabajo para evitar los embargos de las cuentas bancarias ante deudas como el CAE.

La iniciativa plantea agregar un artículo único al Decreto Fuerza Ley N°1 que el Código del Trabajo, con un inciso final al artículo 57.

“La inembargabilidad de las remuneraciones definidas en el artículo 41 subsistirá íntegramente y conservará su naturaleza jurídica de tal para todos los efectos legales, sin que dichos fondos puedan ser considerados activos o saldos sujetos a compensación, aun cuando sean depositados o transferidos en la cuenta bancaria, vista o de ahorro que el trabajador informe a su empleador y a la institución depositaria para tales fines”, detalla el proyecto.

A lo que añade: “Esta protección será oponible a cualquier acreedor y se extenderá hasta el límite señalado en el inciso primero. Para efectos de esta protección, el origen remuneratorio de los fondos se acreditará mediante el respectivo comprobante de pago o la glosa de transferencia bancaria del empleador, cuya verificación recaerá en la institución depositaria”

La diputada republicana Paz Charpentier, en la Comisión de Educación, realizó una declaración de inconstitucionalidad del proyecto aludiendo al artículo 65 de la Constitución. Según la parlamentaria, la iniciativa aborda una materia exclusiva del Presidente de la República, al influir directamente en la administración financiera del Estado.

Esta petición fue aprobada en la mencionada comisión por ocho votos a favor y cinco en contra, por lo que restaba al pleno de la sala definir el futuro del proyecto.

Sin embargo, en un nuevo revés para el oficialismo tras el rechazo el martes a la extensión del plazo de detención de migrantes irregulares, este miércoles la Cámara aprobó la admisibilidad por 53 votos a favor y 51 en contra.

Con ello la propuesta de la oposición puede continuar con su discusión legislativa al interior de la Comisión de Educación.