A casi 24 horas de la derrota del gobierno con el proyecto que proponía ampliar a un período de hasta 30 días el plazo para mantener detenida a una persona inmigrante sorprendida cruzando irregularmente la frontera, el Ejecutivo tomó la decisión de insistir con la iniciativa en el Senado.

Si bien el efecto inmediato con el rechazo de un proyecto es el archivo del mismo por el periodo de un año -impidiendo incluso la discusión de otras iniciativas con similares ideas matrices- la Constitución le permite al Ejecutivo insistir en la otra rama del Congreso con el respaldo de los 2/3 de los parlamentarios.

Esa alternativa fue la que tomó el gobierno con la iniciativa que ayer se rechazó en la Cámara.

La primera señal la entregó el propio Presidente José Antonio Kast. Ayer, desde Estados Unidos, el Mandatario aseguró: “Les pido que reflexionen por el bien de Chile y que se permita avanzar en este proyecto con una insistencia eventualmente en el Senado o con este proyecto de ley”.

Esta mañana, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, afirmó: “Nos queda una herramienta, que es reponer el proyecto, se requieren dos tercios, que es un quorum muy alto”.

En ese sentido, el ministro complementó en que “somos todos parte de un equipo (ministerios de Seguridad, Justicia y Segpres) y trabajaremos para hacer entender a un amplio sector que este es un proyecto tremendamente razonable, tremendamente útil y necesario para poner orden”.

Finalmente fue el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, quien junto con apuntar contra quienes votaron en contra, afirmó: “Vamos a insistir por el Senado con los dos tercios para que se pueda seguir tramitando esta iniciativa”.

La derrota por un voto

Por el pérdida de la votación en la sala de la Cámara, el principal Ministerio apuntado fue la Secretaría General de la Presidencia, encabezado por José García Ruminot (RN).

La Segpres tiene como tareas controlar ciertos elementos -como los permisos constitucionales de los parlamentarios, los pareos, ausencias y conteo de votos- para evitar “autogoles” y, así, sufrir derrotas en iniciativas clave.

Sin embargo, la votación de ayer -que la perdieron por un solo voto- se anota como el cuarto traspié de ese ministerio en los poco más de seis meses de gobierno.

En medio del debate en la sala, donde en la Segpres se mostraban confiados en tener los 89 votos para aprobar la reforma constitucional, se repitió el mismo episodio que en la tramitación de sala cuna.

Esta vez, fueron los permisos constitucionales de los diputados republicanos Felipe Ross y Stephan Schubert que no fueron cursados debidamente, lo que también derivó en recriminaciones cruzadas entre esa bancada y la Segpres.

Si bien la primera responsabilidad estuvo en el comité del Partido Republicano al no ingresarlo en tiempo y forma, la Segpres no alertó de este error que habría permitido bajar el quórum de aprobación.

Sin embargo, en la discusión del proyecto -que estuvo a cargo del ministro de Justicia, Fernando Rabat- se suscribió un acuerdo en la Comisión de Constitución con distintas fuerzas políticas, como las bancadas del Partido Socialista, PPD y el PDG.

Sin embargo, producto de una operación que activaron los diputados Raúl Leiva (PS), Jaime Araya (ind. -PPD) y Pamela Jiles (PDG) para dar vueltas algunos votos de sus respectivas bancadas, el acuerdo al que había llegado Rabat en la comisión se terminó desmoronando.

De hecho, según confidencian en el oficialismo, en la previa de la votación, el ministro transmitía que tenía más de 90 votos para aprobar la iniciativa.

La derrota de ayer, le quitó invicto legislativo que tenía Rabat, que incluso le valió elogios desde el Frente Amplio al Partido Socialista.

Los traspiés

El primer revés fue en mayo, cuando la Cámara de Diputados rechazó un proyecto de ley del expresidente de la corporación José Miguel Castro (RN) que buscaba elevar el quorum necesario para que la sala pueda revertir la inadmisibilidad que declara la mesa de esta rama del Congreso a un proyecto de ley que, a su criterio, es inconstitucional.

Debido a algunas ausencias de diputados oficialistas o aliados al gobierno, el ministro García sufrió su primera derrota en menos de dos meses de gestión a cargo de su cartera.

En los siguientes traspiés, si bien la Segpres también ha tenido responsabilidades, las ha compartido con otros ministerios sectoriales.

En uno de los últimos trámites de la megarreforma económica, cuando el Senado debía votar el informe de la comisión mixta, el gobierno tuvo que frenar la votación producto de que no tenía los 26 respaldos en sala en ese momento. La ausencia del senador Enrique Van Rysselberghe (UDI), que no fue advertida por la Segpres, tuvo que ser alertada por el biministro Claudio Alvarado (UDI).

Este fue, precisamente, uno de los principales dilemas del comité político en torno a la tramitación de la iniciativa. Por un lado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, estaba empecinado a despacharla en un plazo considerablemente acotado, bajo el argumento de que la aprobación de la iniciativa permitiría una reactivación económica y la generación de empleos.

Sin embargo, con el correr de las semanas, tuvo que ir cediendo en sus pretensiones.

En los retrocesos de Quiroz fueron claves los ministros García y Alvarado, quienes abogaban por tomarse más tiempo para la tramitación del proyecto, argumentando que ese timing les permitirían construir mayorías más amplias para la aprobación del megaproyecto.

El tercer revés vino en la votación en particular del proyecto de sala cuna.

La norma que estaba sometida a consideración en ese momento era la del financiamiento del proyecto, que terminó rechazándose producto de que, nuevamente y en la misma rama del Congreso, La Moneda no tenía los votos suficientes.

Esta vez, producto de la ausencia del senador Sebastián Keitel (ind. -Evópoli), quien había presentado un permiso constitucional.

Sin embargo, antes de que comenzaran las votaciones de los artículos con quorum, la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo (RN), hizo una consulta a la mesa de la Cámara Alta, donde se le comunicó que el documento no había llegado.

Ahí comenzó un proceso de revisión de cuentas institucionales, incluso de WhatsApp, pero el permiso no fue encontrado en los canales oficiales.

Solo una vez que se votó la norma sobre el financiamiento, se halló el correo perdido en una casilla, pero no tenía la formalidad requerida, por lo que se le pidió al equipo de Keitel que lo reingresara, a pesar de que ya era tarde para salvar la fórmula de financiamiento.

En esta iniciativa, cuya titularidad estaba en manos del ministro del Trabajo, Tomás Rau, el gobierno sufrió otro revés.

Esto, pues la senadora Yasna Provoste (DC) logró introducir una indicación -que a juicio del Ejecutivo es inconstitucional- que le concedía la titularidad del derecho de sala cuna a los menores de edad, en vez de sus padres trabajadores.

Fue en ese episodio, al hacer una reserva de constitucionalidad, cuando al ministro Rau se le escuchó la frase: “¡Qué desastre!“. Él mismo lo definió como un exabrupto desafortunado, ya que no se percató de que el micrófono estaba abierto.

Producto de este episodio, es que al ministro Rau se le achacó una falta de redes políticas para lograr aprobar una iniciativa que, si bien ha costado tres gobiernos distintos despachar, a la administración Kast se le puso cuesta arriba producto de este fracaso en el Senado.

En último término, estuvo la derrota de ayer en el proyecto de expulsiones administrativas.