En una nueva vocería desde La Moneda, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se refirió al traspié que sufrió la denominada “Operación Cancerbero” del gobierno.

Esto, posterior a que el Juzgado de Garantía determinara que el “Clan Chen”, que fue trasladado a la nueva cárcel La Laguna en Talca, retorne al penal de Alto Hospicio.

Al respecto, en primer lugar, el representante del Ejecutivo afirmó que el plan fue “exitoso”, ya que permitió poder “realizar el traslado de un grupo importante de condenados por crimen organizado a un sistema o una cárcel que está disponible para poder funcionar como una cárcel de alta seguridad”.

Dicho eso, sostuvo: “Quiero dejar muy claro a nombre del gobierno que Gendarmería de Chile va a ejercer todos los recursos disponibles para poder ajustar la decisión del reglamento carcelario a los propósitos del gobierno (...) )asegurar el reglamento carcelario”.

Con todo, agregó: “Además, en el contexto de esta decisión, es que insistimos en la necesidad de que la agenda de seguridad que está impulsando el ministro Martín Arrau, puedan considerar regímenes especiales para el crimen organizado”.

“Pedimos que se respeten las facultades del director de Gendarmería”

Previamente el ministro de Justicia, Fernando Rabat, había hecho un llamado a que se “respeten” las facultades de Gendarmería en los procesos de segmentación.

“Lo relevante es entender que es el director de Gendarmería quien dispone de las facultades legales y reglamentarias para segmentar y disponer qué imputado y qué condenado se va a encontrar en cada uno de los penales”, sostuvo en medio de una actividad sobre la Ley de Cautelares Reforzadas.

En ministro precisó que este ordenamiento obedece a “una cuestión de seguridad y enfrentamiento al crimen organizado y al terrorismo”.

“En La Laguna hoy hay reos de alta peligrosidad y, por lo tanto, lo que pedimos como gobierno es que se respeten las facultades del director de Gendarmería al momento de perfilar a los criminales y al momento de segmentar en cada centro penitenciario quien debe encontrarse ocupando aquel lugar”, sostuvo.

En tanto, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, planteó que las solicitudes de las defensas buscarían devolver a los reos a sus espacios “de confort”.

En ese sentido, defendió la agenda de seguridad que impulsa su cartera y aseguró que permitirá “que cuando haya personas condenadas por crimen organizado de terrorismo, ellos tengan un régimen penitenciario especial, donde el juez si decide que esa persona pertenecía a este tipo de organizaciones, no tenga incidencia en qué recinto cumple su condena ni de qué forma”.