Este martes, la Sala del Senado despachó a ley el proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros infractores de la ley.

La iniciativa establece nuevas atribuciones para la PDI, cuyo personal podrá ingresar a inmuebles donde se encuentren extranjeros con órdenes de expulsión vigentes, previa autorización judicial.

Asimismo, con el fin de facilitar la ubicación de quienes deben ser notificados en procedimientos migratorios, la ley permite al Servicio Nacional de Migraciones requerir a personas naturales, empresas y funcionarios públicos datos como el nombre completo, domicilio y correo electrónico de extranjeros en situación irregular, entre otras medidas.

Tras su aprobación, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró que “hoy día va a ser más fácil expulsar” a los migrantes irregulares, ya que “se podrá ingresar a los domicilios con orden judicial; si hay indicios de delitos, se denunciará al MInisterio Público; se podrá notificar por correo electrónico la orden de expulsión”.

Agregó que “si hay simples delitos, cosas menores, también se podrán conmutar, para poder ser expulsadas esas personas”.

Y, al igual, desde el Congreso, los parlamentarios oficialistas destacaron la importancia de esta ley, la que contó con un marcado respaldo legislativo: en el Senado obtuvo 37 votos favorables, una abstención y ningún voto en contra.

Al respecto, el senador Miguel Becker (RN) destacó que “esto va a permitir que a todos los inmigrantes ilegales los podamos sacar del país con la mayor rapidez posible”.

Agregó que “no podemos darnos el lujo de permitir lo que está ocurriendo hoy día en Europa. Realmente es un desastre y eso es inmigración descontrolada. Personas que nadie sabe quiénes son y que han ingresado a distintos países”, para concluir señalando que “esperamos que esto signifique terminar con este problema que se está planteando a nivel mundial”.

Su correligionario, el senador Andrés Longton relevó que “la reforma aprobada hoy representa un gran avance, porque agiliza las expulsiones administrativas, facilita el ingreso a domicilios en los casos que establece la ley, acorta los plazos para impugnar las expulsiones y permite acelerar la salida de personas que enfrentan procesos judiciales por delitos menores”.

Al respecto, sostuvo que “si bien los ingresos por la frontera han disminuido en más de un 80%, todavía tenemos una gran cantidad de migrantes irregulares que no han podido ser expulsados, principalmente por las dificultades legales que existían”.

Asimismo, destacó que la ley aprobada esta jornada “debe ir acompañada de la colaboración de los tribunales de justicia”, al señalar que “cuando los recursos de amparo terminan frenando las expulsiones —más de 3.700 en los últimos años—, el trabajo del Congreso y del gobierno se vuelve insuficiente”.

Desde el Partido Republicano, el diputado Alejandro Riquelme valoró la aprobación de esta nueva herramienta legal para la “expulsión de extranjeros que vienen a Chile y terminan participando en hechos de violencia o cometiendo delitos”.

“Si se cumplen la causales legales, las expulsiones tienen que ejecutarse de manera rápida y efectiva”, añadió.

La diputada Macarena Santelices (ind.-UDI), en tanto, valoró que la nueva ley “entrega más herramientas para que esas órdenes realmente se puedan ejecutar. Eso es importante para recuperar el orden y darle tranquilidad a las familias”.

Y desde Evópoli, el diputado Tomás Kast indicó que el país “no puede mirar para el lado cuando un extranjero participa en hechos de violencia. Si la ley permite expulsarlo, esa decisión tiene que ejecutarse”.

Ante esto, destacó que “justamente, el nuevo marco de expulsiones busca terminar con órdenes que quedaban pendientes y darle al Estado herramientas para hacerlas efectivas”.

Por otra parte, el diputado Fabián Ossandón (PDG) indicó que la ley aprobada “va en la dirección correcta”, ya que permitirá perfeccionar las expulsiones de “quienes vienen a Chile a delinquir y destruir”.