En una nueva visita al Congreso Nacional, el ministro de Seguridad, Martín Arrau (republicano), logró dos avances legislativos en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

El proyecto que aumenta sanciones por ofensa y atentados a policías se aprobó en la Cámara y también dio un paso la iniciativa para modernizar la carrera de Carabineros en la Comisión de Seguridad del Senado.

Sin embargo, el “corazón” de esta agenda, la reforma constitucional que refuerza medidas de seguridad, aún sigue en un punto muerto. Esta propuesta presidencial contempla modificar la Carta Fundamental para establecer la seguridad pública como un deber del Estado; conformar un registro de organizaciones criminales y terroristas; restringir beneficios fiscales a condenados por esos delitos y crear un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública.

Desde que ingresó, el pasado 17 de agosto, esta reforma aún no se ha discutido en la Comisión Constitución, debido a que el gobierno resolvió congelar su discusión ante la falta de un acuerdo político con los parlamentarios, incluso de su propio sector.

Ante ese escenario, esta jornada, el ministro Arrau confirmó que está abierto a recoger una fórmula que planteó la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y su colega de bancada, Andrés Longton (RN), que dice relación con reforzar el Estado de Emergencia que actualmente rige en la Macrozona Sur, en vez de incorporar un quinto régimen de excepción constitucional, tal como propone la iniciativa gubernamental.

“Si el Estado de Emergencia se puede modificar y hacer algunos cambios que asimilen a lo que nosotros hemos propuesto en cuanto a alguna herramienta, un poco más policial, es una solución también viable y eso es lo que están conversando”, afirmó el ministro Arrau.

El secretario de Estado agregó que desde el gobierno están “buscando los espacios de acuerdo, que es lo que hacemos en este edificio (el Congreso)”.

“Vamos a mantener (como gobierno la propuesta de) un estado de excepción policial o de seguridad pública, pero por supuesto los parlamentarios tendrán que proponer y podremos llegar acuerdos y la idea es buscar una salida a esto”, complementó Arrau.

Y agregó: “No nos enamoramos de nuestra idea, no es la única solución, queremos resolver un problema y ya veremos cómo. Estamos trabajando en ello y por eso también esta urgencia un poco más baja nos permite precisamente llegar a acuerdos”.

Triunfos legislativos

En tanto, este martes, la Cámara de Diputados aprobó, en primer trámite constitucional, el proyecto que establece penas y sanciones para quienes ofendan a funcionarios de Carabineros.

Con 96 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones -respaldos que, además de las fuerzas de derecha, vinieron del comité del Partido Liberal, la DC y José Montalva (PPD)- la Cámara envió a segundo trámite la iniciativa de la bancada de RN y que fue recogida por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El Código Penal establece hoy que este tipo de atentados se castigarán con presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años). Además, define una multa de 11 a 15 UTM (entre $788.931 a $1.075.815). El proyecto suma consideraciones a la hora de aplicar dichas sanciones: contará para ello el que los delincuentes actúen en grupo o individualmente, pero amparado en éste. Junto a esto, establece que, si los hechos se verifican en contra de carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile, sólo se aplicará la pena privativa de libertad.

En paralelo -casi a la misma hora- la comisión de Seguridad del Senado avanzó en la votación del proyecto que busca modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a los futuros ingresos a Carabineros.

La votación que se dio en esta instancia legislativa fueron sobre seis indicaciones que presentó La Moneda a la iniciativa.

Fuera de algunas adecuaciones semánticas que fueron introducidas al proyecto, la comisión también aprobó una observación que plantea que a contar del 1 de enero de 2027 se establezca un incentivo “al desempeño policial solo y exclusivamente para el personal de planta de Carabineros de Chile. También tendrán derecho a dicho incentivo su personal contratado, siempre que se encuentren regidos por el decreto ley N° 2546″, que es el que establece la escala de sueldos bases y bonificaciones para el personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones