Mario Lara, Esteban Paiva y Pablo Cabezas son los tres protagonistas de la indagación que se llevó a cabo sobre el Departamento de Desarrollo Institucional (DDI) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) los últimos meses.

Durante varias semanas la ministra de la Corte Suprema María Cristina Gajardo, tal como informó este medio en diciembre del año pasado, instruyó una exhaustiva indagación administrativa que tenía a los tres profesionales bajo la lupa por presuntas faltas a la probidad.

Luego de recibir una denuncia anónima, el Consejo Superior de la CAPJ determinó que se trataba de hechos que, de ser ciertos, serían gravísimos, por lo que se le encargó a la ministra Gajardo proceder con un sumario que fue llevado con celeridad y rigurosidad.

En ese momento, la sospecha era que existirían algunos funcionarios de la CAPJ que ocuparon su posición para asumir negocios paralelos aprovechando el conocimiento adquirido en el ente que administra el Poder Judicial. Todo, particularmente, en el Departamento de Desarrollo Institucional (DDI), donde Lara era el jefe; Paiva, el subjefe, y Cabezas, un funcionario.

De acuerdo con las pesquisas, Lara, dentro de sus proyectos en el DDI, tenía a su cargo la implementación de la inteligencia artificial en el Poder Judicial, pero el problema fue que asumió funciones similares con el Poder Judicial de República Dominicana y otros países.

Los indicios apuntaban a que Lara y los otros funcionarios, con financiamiento de la CAPJ, desarrollaban aplicaciones vinculadas a la inteligencia artificial y el uso que se le puede dar en la judicatura chilena. Este mismo conocimiento luego era ofrecido como un servicio a otros países.

Eso fue parte de lo que logró acreditar la ministra Gajardo, por lo que no titubeó en formular cargos en contra de los tres implicados, lo que derivó en que el Consejo Superior de la CAPJ decidiera avanzar en duras sanciones en contra de los indagados.

La entidad dispuso la destitución de Lara, mientras que para los otros dos implicados se determinó que fueran suspendidos de sus funciones por dos meses y que se les abriera cuaderno de remoción.

Ante ello, los implicados apelaron por intermedio del abogado Alexander Linford, pues como publicó Radio Bio-Bio, consideraron que se trataba de sanciones injustas.

“Se nos ha propuesto la remoción injustamente, sin que hayamos transgredido norma alguna que prohíba el uso de nuestras capacidades intelectuales en un espacio académico extranjero, sin emplear recurso institucional alguno”, transmitieron. A eso agregaron lo siguiente: “El proceso se desarrolló vulnerando la normativa interna del Poder Judicial y las normas constitucionales del debido proceso administrativo, vicios que serán debidamente acreditados ante el órgano resolutor de segunda instancia”.

Pese a ello, durante la jornada del lunes 31 de agosto, el pleno de la Corte Suprema estimó que las sanciones debían ser aún más severas. Conforme con la determinación, se dictó la destitución inmediata de los tres trabajadores por pérdida de confianza. Hasta ahora, eso sí, los funcionarios no han sido notificados formalmente.

En paralelo, cabe hacer presente, que la ministra Gajardo hace semanas que derivó los antecedentes a través de una denuncia al Ministerio Público, estimando que tras las faltas identificadas también podría haber hechos que revestirían características de delitos.

Pese a que la ministra Chevesich preside el consejo de la CAPJ, fuentes judiciales comentan que debido a su cercanía con Lara, la magistrada se mantuvo al margen de este tema y se inhabilitó de todas las instancias.