El 2022 se rechazó una propuesta constitucional, pero lo que fracasó en esa oportunidad fue mucho más que un texto. Ese proceso tenía las condiciones para dotarnos de una Constitución adoptada en democracia con participación de todos los sectores de la sociedad, que recogiera acuerdos amplios en tres materias que han sido muy esquivas para generarlos.

Las tres cosas a las que me refiero son las siguientes: la primera era darles un estatus superior a los derechos sociales dentro del pacto constitucional, bajo el concepto del Estado social y democrático de derecho. La segunda era diseñar una arquitectura constitucional que distribuyera poder en ámbitos donde Chile tiene desequilibrios manifiestos, como es el ámbito de los pueblos indígenas y de la descentralización territorial. La tercera era dotarnos de un sistema político que destrabara y le diera eficacia al debate público y la toma de decisiones.

En la Convención Constitucional se pudieron haber despejado esas tres cuestiones con el acuerdo mayoritario de todos los sectores, de izquierda a derecha, de Las Condes a Ercilla. Había para ello una apertura y una disposición que nunca antes se había registrado y que difícilmente se volverá a producir. Si así no sucedió fue principalmente porque la conducción política de la Convención desvió el debate a otros temas y prefirió el exceso y la redundancia en lugar de la precisión y la contundencia.

No estoy entre los arrepentidos por haber votado Apruebo. Tomé una decisión consciente, sabiendo que las dos opciones tenían problemas. Ante ese cuadro estuve por la alternativa de aprobar la propuesta con el compromiso de una serie de reformas que la acercarían a fórmulas más equilibradas y consensuales. Evaluaba que el Rechazo iba a cerrar la puerta a la posibilidad de un acuerdo constitucional más inclusivo y equilibrado, y sigo pensándolo. El fracaso de ese proceso dilapidó una oportunidad única, pero además fortaleció como nunca las posturas contrarias a lo que se quería lograr. Las consecuencias están a la vista hasta el día de hoy.

Para los sectores progresistas fue una derrota autoinfligida que no tiene parangón en nuestra historia. No creo que todavía se hayan sacado las enseñanzas necesarias al respecto. El expresidente Boric dijo hace unos días que se arrepiente de no haber intervenido con más fuerza desde el gobierno para buscar un acuerdo. En el caso de los sectores del socialismo democrático, sus convencionales hicieron muchos esfuerzos por corregir el rumbo, lo que les valió funas y ataques, pero no bastó. Hoy pienso que debimos haber sido más firmes y condicionar nuestra participación en el gobierno a un cambio en la estrategia del Frente Amplio y el Partido Comunista en la Convención.

El tiempo de incertidumbre y cambios vertiginosos que estamos viviendo, donde las reglas son reemplazadas por las imposiciones de los poderosos, no nos permite darnos el lujo de seguir en una pelea constitucional. Debiéramos ser capaces de acordar, por lo menos, que la Constitución sólo se tocará en materias de amplio acuerdo. La reforma propuesta por el gobierno en seguridad hace lo contrario y ese motivo es razón suficiente para descartarla. Pero ojalá nos propusiéramos algo más. La oportunidad perdida en materia constitucional debiera servir de lección para intentar una carta de navegación común en otros campos, particularmente en la definición de un proyecto de desarrollo para el Chile de las próximas tres décadas, en línea con lo planteado por los alcaldes Vodanovic y Bellolio. Para que ello sea posible, es importante que los aprendizajes sean transversales. Desde la izquierda habemos muchos empujando que así sea en nuestro sector; ojalá pase lo mismo en el mundo de la derecha, desde donde se dilapidó un segundo proceso constitucional y, hasta ahora, las reflexiones críticas brillan por su ausencia.

Por Carolina Tohá, exministra del Interior.