El Estado Liberal de Derecho responde a una nueva concepción del ser humano: un individuo libre, racional e igual ante la ley; rompiendo con la vieja categoría de súbdito. El resguardo de la libertad e igualdad de los ciudadanos exigió una nuevo Estado, cuya soberanía radica en el pueblo, su poder se divide en instituciones que funcionan como contrapeso, que resguarda el imperio de la ley y se rige por una Constitución concebida como un freno contundente a las tentaciones del poder. Ante la reciente reforma constitucional, cabe preguntarse si aún habitamos en ese marco republicano o si estamos presenciando el despunte de una vocación declaradamente autoritaria e iliberal.

La reforma es un error de forma y fondo. En la forma, resulta una irresponsabilidad política reabrir la discusión constitucional después de dos procesos constitucionales fallidos. Constitucionalizar el debate sobre la seguridad no permite avanzar y abre una caja de Pandora que nos costó “sudor y lágrimas” cerrar. Los mismos que se opusieron al proceso constituyente, ahora que ostentan el poder consideran que este no es suficiente: ¡vaya novedad! En el fondo, la mayor parte de las medidas no requieren de una modificación a la Constitución, pues son materia legal. “Chile no carece de cláusulas sobre seguridad, sino de capacidad para hacerlas efectivas. […] Una estructura criminal no se debilita porque la seguridad adquiera mayor reconocimiento normativo, sino porque pierde el dinero que financia sus operaciones, el dominio sobre las cárceles y el territorio en que impone sus reglas”. Esta certera crítica no proviene de la izquierda, sino de la Fundación Jaime Guzmán. Elevar normas a rango constitucional no reduce el delito; solo desvirtúa la Constitución y distrae los esfuerzos de donde realmente importan.

Pero lo más grave no son las deficiencias técnicas, sino lo que la reforma deja al descubierto: unas ansias desmedidas de poder, mostrando la esencia autoritaria de quienes equívocamente se dicen “Republicanos”. ¡Todavía no puedo creer que propongan entregarle al Presidente la facultad de suspender y restringir nuestros derechos fundamentales, a saber, la libertad personal, de locomoción, de reunión y de asociación, junto con la libertad de interceptar comunicaciones y requisar bienes, por el módico plazo de 240 días! ¿En qué se diferencian estas atribuciones de los regímenes autocráticos que ellos mismos dicen condenar? Ni los proyectos más extremos se atrevieron a plasmar semejante discrecionalidad en el texto constitucional. La función de la Constitución es limitar el poder del Estado de manera que, si llega un demagogo, populista o autoritario, este no pueda afectar nuestros derechos fundamentales. Es evidente que la reforma no pasa la prueba, más aún en el contexto político actual de debilitamiento global de las democracias.

Como si esto fuera poco, proponen restringir derechos sociales fundamentales, como el derecho a la salud, educación y seguridad social, a los condenados por narcotráfico y terrorismo, incluso por 15 años después de cumplida la condena. ¿Cómo reinsertamos en la sociedad a estas personas si les negamos la principal herramienta: la educación? Esta restricción de los derechos fundamentales revela no solo una lógica de venganza, sino que, más grave aún, una comprensión premoderna del ser humano, donde los derechos son concebidos como beneficios y no como consecuencia de la dignidad humana.

Frente a este delirio, cabe preguntarse cómo se reordenarán las fuerzas de derecha, ¿van a primar los principios fundamentales de la democracia liberal o serán transados por cuotas de poder? Lo que aquí está en juego no es solo la república y la dignidad humano, sino también el destino de una derecha democrática de verdad.

Por Sylvia Eyzaguirre, Directora General de Humanidades, Universidad San Sebastián.