Aún cuando la ministra de CTCI, Ximena Lincolao luego se disculpó, consultada en un podcast por el impacto de la inteligencia artificial en las profesiones, hizo una proyección sobre el destino de quienes enseñan filosofía, historia o lenguaje: los profesores, dijo, “también tienen mucha oportunidad de convertirse en vendedores o servicio al cliente”.

Conviene no leer esa frase como un desliz. Es la conclusión coherente de un razonamiento que la ministra desarrolla con cuidado y que, en cierto sentido, es correcto. Los LLM, a diferencia del software anterior, dependen del dominio del lenguaje humano. Entonces, hace falta gente que lea, que entienda lo que lee y que escriba bien. Como alude la ministra, hace falta alguien que ayude a repensar procesos, porque una herramienta nueva montada sobre un procedimiento viejo no funciona. Y hace falta quien entrene a los que compran. Todo eso es cierto. El problema no está en ninguna de esas afirmaciones, sino en que ahí termina el elenco.

Porque lo que ocurre en ese razonamiento no es un desprecio hacia las humanidades. Es un elogio, y acá está precisamente la dificultad. El humanista aparece valorado, buscado, incluso necesario. Lo que no aparece nunca es la razón por la cual valdría la pena que existiera, aunque no hiciera falta. En este contexto, su capacidad de leer bien se convierte en una habilidad transferible; su formación, en un insumo para el ajuste fino de un modelo; su oficio, en la interfaz entre un producto y un cliente que aún no entiende lo que compró. Se le concede un lugar en la cadena de valor y, en el mismo acto, se le retira cualquier valor que no esté contenido exclusivamente en ella.

La operación nos parece familiar porque acaba de estar en el centro de la opinión pública. En el Anexo 4 de las bases del concurso Fondecyt de Postdoctorado 2027, que fija las diez áreas prioritarias del país, la educación aparece únicamente como educación técnico-profesional, reconversión laboral y microcredenciales. La palabra cultura aparece una sola vez en todo ese listado, y aparece precedida de la palabra narco. Ninguna de las diez áreas corresponde a las humanidades y, sobre esa lista, opera la regla que permite destinar hasta el setenta por ciento de las adjudicaciones a los proyectos que se enmarquen en ella. Educación como reconversión, cultura como asunto policial, filosofía como servicio al cliente: son tres versiones de un mismo canto cuya letra dice “esto vale solo si sirve para producir riqueza pecuniaria”.

Y aquí hay que aludir a un dato biográfico que complica el asunto más de lo que suele admitirse en este debate. Es tentador suponer que quien habla así no sabe de qué habla. No es el caso. Ximena Lincolao es licenciada en castellano y filosofía por la Universidad de La Serena y ejerció como profesora en Chile antes de emigrar a Estados Unidos y obtener un doctorado en educación. Ella misma ha contado que dejó el aula porque en nuestro país enseñar está mal pagado. Es decir: no estamos ante alguien que ignora lo que son las humanidades, sino ante alguien que las estudió, las enseñó y salió de ellas por la puerta que el propio país le dejó abierta, que era la puerta de salida.

Eso hace la conversación más difícil, aunque me parece más honesta. La ministra no está despreciando su formación. Está aplicando a los demás la lección que su biografía le enseñó: que la filosofía, para sostener económicamente a alguien, tiene que traducirse en algo que el mercado compre. Es una lección legítima como experiencia personal y comprensible como reacción frente a una precariedad real, que muchos colegas conocen bien. El problema empieza cuando esa experiencia personal se convierte en criterio de política pública, porque entonces deja de describir cómo fueron las cosas para una persona y pasa a decidir cómo van a ser para un país.

Y ahí está el error, el cual no es de sensibilidad sino de concepto. Una disciplina que solo puede justificarse por su utilidad ya concedió que la utilidad es el criterio, y en ese terreno siempre va a perder, porque siempre habrá algo más útil. Defender las humanidades mostrando que sirven para entrenar modelos de lenguaje es aceptar la premisa que, al final de cuentas, las condena. La pregunta por el sentido no es un servicio que se le presta a la producción. Es anterior a ella. Es la que decide si vale la pena producir, qué vale la pena producir y a costa de qué.

Insisto aquí en algo que planteé hace unos días y que me parece el fondo del asunto: detrás de este giro utilitarista ha operado una usurpación semántica. Un conjunto específico de disciplinas se apropió del término ciencia como si su método particular fuera el único legítimamente científico, y desde este paradigma las humanidades pasaron a necesitar ser incluidas, invitadas, justificadas. Pero las humanidades no necesitan ser incluidas en la ciencia: son ciencia por derecho propio, desde su origen y por su naturaleza epistemológica. La ciencia es una sola, una indagación sistemática, crítica y rigurosa de lo real, con independencia de su objeto, de sus métodos y de la riqueza monetaria que genere. Lo que se discute en estos días no es un problema presupuestario. Es un problema acerca de qué se considera ciencia, pero, lamentablemente, esa decisión se tomó antes de repartir un solo peso, y aparentemente sin ningún discernimiento interdisciplinario y participativo.

Si vamos a hablar el idioma de la productividad, entonces digámoslo en ese idioma, porque ahí también se sostiene mi argumento. La producción de sentido es una de las productividades indispensables de un país, y es la que ordena a todas las demás. La cohesión social, la confianza en las instituciones, la capacidad de deliberar sin destruirse, la razón por la cual a alguien le importa que a Chile le vaya bien: nada de eso lo produce el capital humano avanzado en litio, y sin nada de eso el litio tampoco llega lejos. El para qué es anterior al qué, pero ninguno de los dos subsiste sin el otro. Por eso, lo que corresponde reclamar no es un trato preferente, sino equilibrio.

Entonces el problema, en realidad, no es la ministra. Es su ideología. Esta dicta que el único valor que cuenta es el económico y que, por tanto, las personas y todo lo que las rodea valen solo cuando producen. Un profesor vale si entrena un modelo. Un libro vale si genera empleos. Lo demás no está prohibido: simplemente no hay dónde anotarlo. Y el sentido más hondo, ese del que dependen las cosas que hacen que la vida de un país y sus habitantes valga la pena, no tiene columna en la planilla del actual Ministerio de CTCI. Un país puede crecer así durante un buen rato. Lo que no puede es explicarse para qué estaba creciendo y, por tanto, termina sufriendo una muerte larga y privada de sentido.

Por Fernando Soler, académico Teología UC