Fue en 2022 cuando a la Fiscalía Nacional llegó un reporte de Fonasa y de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) en que se denunciaba la existencia de médicos que eran grandes emisores de licencias médicas.

El reporte generó una alerta inmediata ya que la sospecha, en un inicio, apuntaba a que detrás de esos médicos se escondía un fraude que podía remecer al sistema.

La investigación -apodada megafraude Fonasa- rápidamente se asignó a la Fiscalía Oriente que dirige la fiscal regional Lorena Parra. Ese fue el origen, hace ya cuatro años atrás, de una exitosa investigación que, en tiempo récord, logró desbaratar una organización criminal que provocó un fraude de más de $ 48 mil millones.

El caso, que esta semana llegó a su fin luego de un juicio oral de 11 meses, se cerró con un rotundo triunfo para el Ministerio Público. El tribunal dictó condenas para 17 personas, la mayoría colombianos y nueve de ellos, médicos: Samir Rivaldo a 21 años de presidio, Yesica Donado a 21 años de presidio, Lizney de La Hoz a 13 años de presidio, José Gnecco Cervantes a 13 años de presidio, Ana Toncel Peña a 16 años de presidio, Karen Mejía a 13 años de presidio, Obed Urrea a 16 años de presidio, Yainer Olivero Álvarez a 15 años de presidio y Jorge González Guerrero a 12 años de presidio.

También el tribunal condenó a captadores: Álvaro Gnecco a 13 años de presidio, Rodrigo Campos a 17 años de presidio y Nancy Verdejo y Javiera Verdejo a tres años y un día por fraude de subvenciones y 300 días por asociación ilícita.

Además de pagar con la privación de libertad, a algunos de ellos el tribunal los condenó a pagar un total de $ 26 mil millones.

La primera decisión de Parra

Lo primero que hizo la fiscal Parra fue tomar la decisión de asignarle el caso al fiscal Álvaro Pérez y la fiscal Constanza Encina del equipo de Alta Complejidad Oriente. Luego Parra tomó otra determinación clave: armar un equipo multidisciplinario que fuera capaz de procesar rápidamente las bases de datos de las más de 95 mil licencias emitidas.

Así fue como se constituyó un equipo que, a lo largo de estos años, estuvo integrado por al menos 10 profesionales. A Parra, Pérez y Encina se sumó el abogado asesor Lucas Vargas. A todos ellos se sumaron la abogada asistente Daniela Fregonara y la analista Graciela Osorio. También se añadió la participación de la gestora Javiera Bocaz, la analista Tatiana Alfaro, la abogada asistente Nicole Olcay y la gestora Alison Zúñiga.

Los fiscales Pérez y Encina generaron una pronta articulación con distintas instituciones vinculadas al mundo de las licencias médicas que, tras varias reuniones de coordinación, se fijaron los primeros filtros y criterios técnicos. Así pudieron comprender la complejidad del fenómeno y con esa información enfocó la investigación para armar un caso en que los delitos a investigar fueran de aquellos que se vinculan con el crimen organizado.

Sin embargo, en vez de tener delitos de sangre o narcotráfico, el asunto incluía una estructura criminal y grandes flujos de dineros para defraudar el sistema de las licencias médicas.

De esa forma el equipo de la Fiscalía Oriente pudo detectar que el caso no se trataba de médicos aislados, sino que estaban agrupados en tres grandes centros que eran una fachada: Dr. Mitite, Prevenir y los de Rodrigo Campos, el único chileno del grupo.

Con ese mapa se determinó que cada centro tenía una estructura y roles definidos: líderes que podían o no ser médicos que eran los dueños de los centros, facultativos que emitían estas licencias y secretarias que hacían las veces de captadoras. Incluso se usaban publicaciones en redes sociales con los precios de las licencias por cantidad de días.

El 8 de diciembre de 2022, en una jornada maratónica que duró de 16 horas, se dio el primer golpe a la organización criminal. Previamente había logrado la orden de detención de al menos 50 imputados, pero solo se logró capturar a 27. El resto estaba fuera de Chile o alcanzaron a escapar del país.

El equipo trabajó codo a codo, en un primer momento, con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI. Luego se sumó la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) y también el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la policía civil. Así se pudo procesar con éxito todo el flujo de dinero que se trazó luego del alzamiento bancario de más de 30 cuentas. Una trazabilidad que incluso llegó tras la pista del envío de más de US$ 600 mil en remesas al extranjero y más de $ 200 millones en empresas de envío de dinero fuera de Chile.

La acción de la Bridec fue fundamental ya que el equipo de la Fiscalía Oriente innovó con técnicas que no son comunes en la investigación de delitos económicos.

Tanto así, que se usaron agentes encubiertos que se hicieron pasar por pacientes para solicitar las licencias falsas. Los peritos de la Brilac aportaron con análisis cuantitativos para demostrar la anomalía en las grandes emisiones de los sospechosos. En esa labor también se sumó un perito de la Suseso y un perito contable de Lacrim para sistematizar el monto defraudado.

“Con la participación de todos ellos se logró determinar que la estructura y la investigación en su conjunto, con todos los médicos y centros involucrados, generó una defraudación que asciende a más de $ 48 mil millones”, explica el fiscal Pérez quien estuvo involucrado, junto con Fregonara, desde el inicio hasta el final en el caso.

La fiscal Parra, por su parte, destaca los tipos penales que se lograron acreditar. “Esto se pensó como crimen organizado. Aquí la Fiscalía pensó que estos médicos se organizaban a través de clínicas fachadas y por eso se pensó en una estructura como la de la asociación ilícita o la asociación delictiva. Junto con eso también logramos convencer al tribunal de que el delito de fraude de subvención no solo lo comete el paciente, sino que también lo comete el médico y ese es un acierto de esta investigación. Con eso logramos instaurar una nueva forma de ver estos hechos delictivos”, explica la líder de la Fiscalía Oriente.

Un equipo rápido y especializado

“Otro aspecto destacable es que aquí la Fiscalía actuó con rapidez. Este caso empezó en 2022. Estamos en 2026 y tenemos a 17 personas condenadas en juicio oral a los que tenemos que sumar todos los abreviados y las suspensiones condicionales. Todo eso en cuatro años”, afirma Parra.

Dentro de este grupo hay más de 90 compradores de licencias -clientes o falsos pacientes- los que tuvieron que reintegrar el perjuicio generado para evitar llegar a juicio.

El fiscal Pérez añade otro elemento. “Aquí se presentó acusación al año y medio de investigación. Si esto se atrasó no fue resorte de la Fiscalía, fue porque se dilató la audiencia de preparación de juicio oral, que se tuvo que repetir ocho veces, por todos los cambios de defensas que hubo. La Fiscalía cumplió con eficiencia y celeridad”, dice Pérez.

El éxito del equipo que ahora lidera el fiscal Pérez ha sido tan grande que ha recibido más encargos para aprovechar la especialidad que adquirieron en la investigación de fraudes con licencias médicas.

Por eso cayó en manos del mismo persecutor la investigación derivada de las circulares de Contraloría por mal uso de permisos médicos en funcionarios públicos.

El persecutor a la fecha tiene nueve médicos emisores en prisión preventiva y ha formalizado a más de 340 funcionarios públicos. A su vez, Pérez está pronto a partir el juicio contra Los Quilodrán, la asociación que montó una falsa red para defraudar al Fisco en más de $ 5.600 mil millones mediante licencias médicas falsas.

La especialización adquirida por el equipo de Pérez permitió que, recibidas las circulares de Contraloría, junto a los analistas y la PDI, en cuatro meses estuviera en condiciones de formalizar. Algo impensado para un equipo que tuviera que partir de cero para interiorizarse en el mundo de las licencias médicas.

El último elemento que valora Parra es que las condenas obtenidas serán un disuasivo para quienes quieran usar mal el sistema. En este punto resulta relevante la condena de cuatro años recibida por los falsos pacientes. “Es una señal fuerte, Ahora cuando un trabajador o funcionario público quiera presentar una licencia falsa, debería pensarlo dos veces”, remata Parra.