La administración del Presidente argentino, Javier Milei, anunció este lunes la presentación de una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas a proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en una nueva medida destinada a reforzar el reclamo de soberanía de la nación trasandina sobre el archipiélago y los espacios marítimos circundantes.

Según informó la Oficina del Presidente de la República Argentina, la acción judicial será presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.

La denuncia estará dirigida contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

De acuerdo con el gobierno argentino, Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc. presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el Reino Unido para desarrollar actividades de exploración y/o explotación de hidrocarburos en la denominada Cuenca Malvinas Norte.

La declaración sostiene que esas autorizaciones vulneran las disposiciones de la Ley N° 26.659, normativa argentina que establece restricciones para actividades hidrocarburíferas en áreas consideradas sujetas a la disputa de soberanía.

La presentación también alcanza a Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., identificadas por el Ejecutivo argentino como accionistas vinculadas a las compañías involucradas.

Se informó además que la acción penal comprenderá a directores, gerentes, síndicos, miembros de consejos de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o personas autorizadas que hubieran intervenido en los hechos que Buenos Aires considera constitutivos de delito.

Presión sobre el proyecto Sea Lion

La ofensiva judicial se enmarca después de que Milei anunciara una batería de medidas diplomáticas, económicas y legales para responder al avance de proyectos petroleros en las Malvinas.

En una cadena nacional realizada el jueves, el mandatario afirmó que su gobierno había determinado que el proyecto Sea Lion, desarrollado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, contempla iniciar la explotación petrolera offshore “en algún momento de los próximos meses”.

Milei sostuvo que el eventual comienzo de la producción representaría, desde la perspectiva de su administración, un cambio en la disputa por los recursos naturales de la zona.

“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que se hacen bajo nuestro mar”, afirmó.

El proyecto Sea Lion está situado en la Cuenca Malvinas Norte y contempla una inversión estimada en US$ 1.800 millones, con una producción proyectada de alrededor de 55.000 barriles diarios una vez que entre en operación. De acuerdo con los antecedentes entregados, sus responsables mantienen como objetivo comenzar la producción en 2028.

Tras los anuncios del gobierno argentino, tres grandes compañías internacionales de servicios petroleros -SLB, Baker Hughes y Halliburton- comunicaron que no participan ni tienen previsto participar en proyectos de exploración o explotación de hidrocarburos en las Malvinas.

SLB señaló que su decisión se ajusta a las disposiciones del Decreto 868/26, mientras que Baker Hughes indicó que no participa ni contempla participar en procesos de licitación para prestar servicios a proyectos hidrocarburíferos en el archipiélago. Halliburton, en tanto, adelantó que respeta la soberanía argentina y aclaró que actualmente no forma parte del proyecto Sea Lion.

Las tres compañías mantienen operaciones relevantes en Argentina, particularmente en la formación de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

Endurecimiento de las sanciones

El gobierno de Milei también anunció la aplicación de nuevas restricciones contra empresas y personas que desarrollen actividades vinculadas a la extracción de petróleo y gas en las Malvinas sin autorización argentina.

Mandatario adelantó que las sanciones podrían afectar no solo a las compañías directamente involucradas, sino también a sus accionistas, directores y proveedores. Además, planteó la posibilidad de inhabilitar para operar en Argentina a firmas que participen, directa o indirectamente, en esas actividades.

El Ejecutivo argentino comenzó posteriormente procedimientos sancionatorios contra 45 empresas y personas, según los antecedentes difundidos tras el anuncio presidencial.

A ello se suma el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que Milei anunció que enviará al Congreso, con el objetivo de aumentar las sanciones y penas aplicables a compañías vinculadas con actividades no autorizadas en las islas y extender el régimen a otras operaciones relacionadas con recursos naturales.

La denuncia penal anunciada este lunes constituye una nueva vía dentro de ese paquete de medidas.