Una de las apuestas laborales más ambiciosas de la administración del presidente José Antonio Kast es la transformación del sistema de indemnización laboral. El gobierno busca crear un nuevo sistema a todo evento que vaya reemplazando gradualmente al actual mecanismo, que se activa cuando la causa de desvinculación ocurre por necesidades de la empresa, desahucio del empleador o autodespido, y entrega un monto de un mes de remuneraciones por cada año trabajado, con un tope máximo de 11 años.

Esta iniciativa, que para concretarse requiere modificar el Código del Trabajo mediante un proyecto de ley, recoge una de las recomendaciones formuladas recientemente por la Mesa de Reactivación Laboral convocada por el Ministerio del Trabajo. El nuevo sistema contempla un aporte mensual del empleador a un fondo individual, cuyos recursos podrían ser utilizados por el trabajador al término de la relación laboral, incluso en caso de renuncia.

De esta forma, la propuesta busca que todos los trabajadores puedan acceder a una indemnización al término de la relación laboral. Para financiar este fondo, establece una cotización adicional de cargo del empleador, equivalente al 1,8%, que se sumaría al aporte que actualmente realiza al Seguro de Cesantía.

Desde el mundo sindical advierten que esta reforma podría convertir la indemnización en un ahorro individual considerablemente menor. José Manuel Díaz, presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT), asegura que la discusión no es técnica, sino que apunta a la defensa de un derecho conquistado.

La CUT rechaza que la ampliación de la cobertura se haga a costa de reducir el nivel de protección existente para quienes hoy tienen derecho a una indemnización. “Lo que no compartimos es que se reduzca el estándar actual”, plantea el presidente nacional.

Para los especialistas en Derecho del Trabajo, en tanto, el debate apunta a la naturaleza misma de la indemnización. Sascha’s Jury, doctora en Derecho y académica de la Universidad Andrés Bello, explica que este beneficio “no es un premio a la antigüedad: es la contrapartida del despido libre”.

Jury explica que Chile adoptó un modelo de estabilidad relativa en materia laboral para quienes tienen contrato indefinido: el empleador puede despedir, pero debe pagar una indemnización. En ese esquema, la indemnización es un costo en que la empresa incurre caso a caso. “Compensa la pérdida del empleo, desincentiva el despido arbitrario y sostiene al trabajador durante la transición”, afirma.

La propuesta del Presidente Kast, agrega la académica UNAB, haría que el trabajador acumule mensualmente recursos en una cuenta individual financiada por el empleador, en vez de que el derecho a la indemnización naciera al producirse el despido. De esta forma “es un cambio de naturaleza, no de monto... Se pasa de una lógica indemnizatoria a una previsional”, sostiene.

A juicio de Rodrigo Palomo, especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y académico de la Universidad de Talca, el debate debería, precisamente, centrarse en la función que se espera que cumpla la indemnización.

“La propuesta pretende resolver, aunque parcialmente, el problema de cobertura, pero lo hace transformando la naturaleza de la institución”, plantea el académico. Según su análisis, el sistema pasaría de ser “un instrumento de protección contra el despido a un mecanismo de ahorro forzoso, con costos en materia de derechos laborales que la propuesta tiende a invisibilizar”.

El especialista distingue dos problemas relacionados: la protección frente al despido y aquella que opera ante la pérdida del empleo. Mientras la primera busca hacer responsable al empleador del costo de la desvinculación, la segunda pretende garantizar que el trabajador cuente con recursos tras el término de la relación laboral.

La diferencia es relevante porque los recursos acumulados en una cuenta individual pueden acompañar al trabajador cuando cambia de empleo, pero este mecanismo –como advierte la CUT– reduce el costo que actualmente representa el despido para el empleador. “Son problemas distintos que requieren instrumentos distintos, y la reforma pretende resolverlos con uno solo”, analiza.

¿Cuánto cambia la indemnización?

Uno de los puntos más controvertidos está en el monto. La propuesta considera una cotización cercana al 1,8% de la remuneración, muy por debajo del porcentaje necesario para replicar el esquema actual. Según Sascha’s Jury, académica UNAB, para financiar aproximadamente un mes de sueldo por cada año trabajado se requiere del orden de un 8,33% mensual.

“Con un 1,8% no se reemplaza la indemnización actual, sino que se sustituye por algo bastante menor”, advierte.

José Manuel Díaz, presidente de la CUT, sostiene que bajo la fórmula planteada por el Ejecutivo el trabajador acumularía aproximadamente el equivalente a una semana de remuneración por cada año trabajado, frente al mes por año que contempla actualmente la indemnización.

“No compartimos la propuesta ni la cuota del gobierno”, responde el dirigente sindical. En caso de ser aprobada, el dirigente proyecta que sería “un deterioro directo para los trabajadores” y supone “la pérdida de un recurso que muchas familias ya tienen asumido como un fondo complementario, por ejemplo, para la vejez”.

En ese sentido, a la par del proyecto del Ejecutivo, parlamentarios de oposición presentaron en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados otra iniciativa diametralmente diferente, donde se busca eliminar el tope de 11 años para indemnizaciones por años de servicio pasando a un modelo de “año trabajado, año pagado”.

Por su parte, los defensores oficialistas de la reforma sostienen que la indemnización por años de servicio desincentiva la contratación, especialmente de trabajadores de mayor edad o con trayectorias laborales extensas.

Desde el punto de vista económico, Carmen Cifuentes, investigadora de Clapes UC, señala que la evidencia muestra con mayor claridad efectos sobre la dinámica del mercado laboral que sobre el nivel agregado de ocupación.

“Los costos de despido elevados tienden a reducir tanto las desvinculaciones como las nuevas contrataciones”, explica. Cifuentes añade que estas protegen a quienes ya tienen un empleo estable, pero pueden dificultar la entrada de jóvenes, desempleados y otros trabajadores que están fuera de ese grupo “protegido”.

El efecto neto sobre el empleo total es más incierto, indica la investigadora.

“La conclusión más robusta es que una protección excesivamente rígida reduce los flujos de trabajadores entre empresas y puede ralentizar la reasignación hacia actividades más productivas”, expone.

No obstante, hay matices. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores mayores, Carmen Cifuentes comenta que el problema se presenta principalmente en personas que ya tienen alta antigüedad en una empresa o que, después de perder el empleo, enfrentan mayores dificultades para ser contratados nuevamente.

“Una regulación adecuada debe equilibrar ambos riesgos: impedir la discriminación y los despidos arbitrarios, sin convertir la contratación indefinida en una decisión excesivamente riesgosa”, analiza.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden?

Por su parte, para las empresas el cambio tendría otro efecto. Carmen Cifuentes, de Clapes-UC, explica que el costo dejaría de ser contingente para transformarse en un pago mensual y cierto.

Para una Mipyme, plantea la investigadora, esto puede ser favorable, porque evita enfrentar de una sola vez una indemnización elevada durante una crisis o reestructuración y facilita la planificación financiera.

Sin embargo, advierte que “no significa necesariamente que todas las empresas pagarán menos”. Una compañía que actualmente despide poco por necesidades de la empresa podría pasar a cotizar todos los meses por todos sus trabajadores.

El resultado, agrega Cifuentes, dependerá también de si el nuevo aporte “se suma a las cotizaciones existentes o se financia mediante una redistribución”. Un incremento significativo del costo laboral mensual podría, en ese escenario, neutralizar parte del eventual impacto favorable en el empleo.

Otro punto en discusión es el cambio de tope de 11 a cinco años. Sascha’s Jury recuerda que el sistema vigente ya limita el reconocimiento de la antigüedad y advierte que una nueva disminución afectaría “justo al trabajador de trayectoria larga, mayor de 50 y con menor empleabilidad”.

Para la CUT, el problema no radica en ampliar la protección, sino en la fórmula escogida. “Si la intención real es dar cobertura a aquellos trabajadores que hoy son desvinculados por causales que no otorgan indemnización por años de servicio, el camino es abrir el Código del Trabajo”, plantea José Manuel Díaz.