El Congreso -por amplia mayoría- aprobó recientemente una nueva prórroga del estado constitucional de emergencia para la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, con lo cual dicha medida excepcional lleva aplicándose en forma ininterrumpida desde mayo de 2022, cuando el entonces Presidente Gabriel Boric se vio en la necesidad de reinstaurarla a raíz de los gravísimos hechos de violencia llevados a cabo por grupos indigenistas radicalizados. El ministro de Seguridad, al justificar la necesidad de una nueva prórroga ante los parlamentarios, señaló que entre enero y el 9 de agosto de este año las provincias bajo el estado de excepción registraron 166 eventos de violencia, mientras que en igual período de 2025 alcanzaron a 211.

No parece haber dudas de que el estado de excepción -en virtud de la cual ha sido posible desplegar personal de las Fuerzas Armadas en apoyo a la labor policial- constituye un factor que ha permitido no solo contener la violencia sino disminuirla en forma relevante. Un reciente estudio del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello -publicado por este medio- entrega conclusiones orientadoras en ese sentido. Los investigadores compararon los niveles de violencia registrados en las regiones de la Macrozona Sur durante dos períodos simétricos de 1.419 días, antes y después de la entrada en vigencia de la medida. Los primeros resultados indican que las denuncias totales por hechos delictivos cayeron un 42,6%, pasando de 4.840 a 2.779 casos, con reducciones significativas en Biobío (49,4%), Los Lagos (50,8%), Los Ríos (46,2%) y La Araucanía (38,9%).

En el estudio se hace presente que en el período bajo estado de excepción también entraron a regir una serie de leyes en materia de seguridad que permitieron reforzar el combate contra la violencia, en tanto que algunos de los líderes de organizaciones radicalizadas fueron detenidos y condenados -entre ellos Héctor Llaitul, cabecilla de la Coordinadora Arauco Malleco-, gracias al eficiente trabajo de la Fiscalía y las policías.

Por ahora no parece haber margen para retirar el estado de excepción, no solo porque para la población de estas localidades la presencia de las Fuerzas Armadas ha sido altamente valorada, sino porque aún continúan operando grupos altamente peligrosos, como lo muestra el estudio de la UNAB y los propios registros de la autoridad. Con todo, hay razones para mirar con cierto optimismo cómo ha ido disminuyendo sostenidamente la violencia en estas zonas, en lo cual desde luego ha jugado un rol el estado de excepción, pero también la persecución penal y por supuesto un notorio cambio cultural, donde ha dejado de romantizarse la violencia y sectores políticos que prestaron decidido apoyo a la causa indigenista hoy claramente están replegados.

En la medida que estos factores se mantengan y se constate que los delitos sigan a la baja, se abren las condiciones para comenzar a evaluar la pertinencia de que el estado de excepción puede finalmente ser retirado y la seguridad quede íntegramente en manos policiales, que es el objetivo al que cabe apuntar como señal de que se ha recuperado la normalidad.